* Baja por contagio de hijos e hijas ¿y si vuelven a cerrar las escuelas?
* La tendencia, hasta ahora, es que los cuidados recaigan sobre las mujeres
Gloria López
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 3 septiembre, 2020.- La vuelta al cole está suscitando numerosas polémicas y poniendo sobre la palestra desigualdades y carencias estructurales, no solo en el campo educativo, también en el económico y social. Son muchas las incertidumbres y varias las opciones que madres y padres están valorando: ¿contarán los colegios con medios adecuados?, ¿qué derechos y qué obligaciones tienen estudiantes, profesorado y familias?, ¿qué pasará si mi hijo o mi hija se contagian del coronavirus?, ¿y si vuelven a cerrar las escuelas?
La ministra Yolanda Díaz recordó, el pasado jueves, la existencia del plan Me cuida, por el que se puede solicitar la adaptación del horario y reducción de jornada (y de sueldo) en circunstancias relacionadas con el covid-19, el carácter preferente del teletrabajo y la incapacidad temporal en caso de cuarentena. En principio estas medidas seguirán en vigor.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba el martes en una entrevista en la Cadena Ser que actualmente «existe ya una baja por incapacidad reglada por la Seguridad Social y, por tanto, aquellos padres y madres que tengan esta eventualidad se pueden acoger a ello».
Lo cierto es que ni es tan fácil según sectores laborales y situaciones familiares el acceso a estos derechos que recogen las normativas, ni son suficientes en muchos casos.
Además, en algunas comunidades se está comunicando que las clases serán semipresenciales y a nadie se le escapa que, si los contagios cunden en las aulas, todo apunta a que de nuevo serán las familias quienes tengan que atender y acompañar en las tareas escolares a los y las menores con el cierre total o parcial de los centros educativos.
La tendencia, hasta ahora, ha sido que los cuidados recaigan sobre las mujeres, a costa de poner en riesgo sus empleos o teniendo que recurrir a excedencias y reducciones de jornada, que van asociadas a una disminución de ingresos.
Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, denuncia que muchas madres trabajadoras han estirado sus excedencias hasta septiembre esperando una solución que lamentablemente no ha llegado y esto puede suponer una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.
“Se supone que vuelvo a trabajar el 14 de septiembre, después de seis meses de reducción total para cuidar de mis hijos, seis meses sin cobrar. No me puedo permitir el no volver. Al final terminaré perdiendo el trabajo”. Es uno de los miles de testimonios que llegan a diario al Club de Malasmadres y que evidencian el estrés que están sufriendo miles de familias en España.
“Hay muchas familias que no se pueden permitir el no volver, la semipresencialidad o la enseñanza online, que ya sabemos que ha sido desastrosa”, denuncia Laura Baena. El colectivo pide al Gobierno un plan de medidas de conciliación, además de una vuelta al cole segura, y que se tengan en cuenta protocolos para niños y niñas que son grupo de riesgo y no pueden asistir al colegio con todas las garantías.
Por su parte, la Asociación Petra Maternidades Feministas ha pedido al Gobierno un permiso retribuido para atender a los y las menores por el cierre total o parcial de las aulas, que se puede apoyar en este enlace. La asociación reclama que “se legisle de manera inmediata un permiso universal y remunerado por el Estado para que la madre o el padre que trabajen de forma asalariada, autónoma, empleadas de hogar, etc. puedan hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos que estén en cuarentena, o bien tengan que acogerse al régimen semipresencial de enseñanza, o cualquier otra incidencia que pudiera contemplarse en la escolarización como consecuencia de Covid-19, dejando a los y las menores sin poder asistir presencialmente al colegio”.
“Durante el confinamiento hemos sido las madres las que hemos asumido la mayor parte de los cuidados, las más castigadas por la precariedad laboral y no queremos que vuelva a recaer sobre nuestras espaldas la ausencia de medidas de las administraciones”, argumentan. “Tampoco queremos que recaiga sobre las personas que están en situación de riesgo (abuelas y abuelos), ni sobre otras mujeres en situación laboral más precaria (cuidadoras externas, empleadas de hogar, etc.) poniendo en riesgo su salud”.
SEM-AmecoPress/gl
