Claudia AlmaguerCOLUMNAS

Las mujeres y el acceso a la justicia

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Claudia Almaguer

SemMéxico, 14 de septiembre, 2020.- El acceso a la justicia es un derecho humano. De este modo se ha establecido desde los instrumentos internacionales cuyos principios son parte del cuerpo legal del Estado Mexicano a partir de la reforma constitucional de junio de 2011.  

Principalmente para el caso de las mujeres la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer le define como la capacidad de buscar y obtener un recurso a través de instituciones judiciales formales o informales de conformidad con las normas de derechos humanos, señalando a su vez sus componentes: justicia, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, responsabilidad y provisión de recursos. Es decir, es eficaz en tanto se construya como una política prioritaria para el Estado entendida como aquella, considerada esencial sobre la que se planea, se gestiona, se invierte y se mide.

Las pautas para conseguirlo se han elaborado desde hace algunos años por entidades como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas que al abordar las necesidades de justicia de las mujeres refieren que estas abarcan temas como: “la familia, el matrimonio, la propiedad, la herencia y las disputas por tierras hasta el debido proceso, los asuntos de inmigración y asilo, el acoso sexual, el tráfico de personas y la explotación laboral, e incluso la denegación del derecho al trabajo autónomo”.

Aunado a ello están los obstáculos para accionar este recurso que consisten en el desconocimiento de la ley, la tardanza de los procesos, el temor a sufrir represalias al buscar ayuda y la falta de recursos económicos para contar con una asesoría jurídica competente, esto inclusive en países que ya cuentan con una legislación encaminada a proteger a las mujeres de las prácticas que atentan contra su integridad y sus derechos humanos como lo es la violencia.

Aterricémoslo en México que conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario o familiar y que la relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja, por consiguiente, el principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio.

Sin embargo, la gran mayoría de estas mujeres no buscó la intervención de la autoridad, principalmente porque consideraron la agresión como algo sin importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza, porque no sabían cómo y dónde denunciar, por sus hijos, para evitar que se enterara la familia, porque no sabían que existen leyes que sancionan la violencia y porque no confían en las instituciones. 

Este último punto es muy importante dado que hasta ahora las instituciones creadas para atender y sancionar la violencia permanecen a nivel de política simbólica, es decir que se crean en respuesta a una exigencia concreta de acceso a la justicia, pero no son una prioridad para el Estado a pesar de que como fenómeno criminal las agresiones contra las mujeres que son constitutivas de delito apenas este año suman 55,889 víctimas.

De hecho, en el escenario de lo que debería ser, la ONU ha establecido que debe haber servicios de calidad adecuados y sensibles que trabajen de manera coordinada a fin de proveer seguridad a la víctima y sanción para los agresores, integrados a su vez por:

Un albergue para mujeres por cada 10, 000 habitantes que facilite alojamiento seguro de emergencia.

Un centro de crisis para violaciones por cada 200,000 mujeres.

Un centro de promoción y asesoramiento de mujeres por cada 50,000 mujeres que ofrezca intervenciones en situaciones de crisis.

En ninguna parte del territorio mexicano salen las cuentas, menos aun considerando que en esos espacios de acceso tendrían que estar laborando personas que no solo cuenten con una profesión, sino que estén especializadas para trabajar con víctimas de violencia proveyendo un servicio público de alta calidad y con perspectiva de género.

Desafortunadamente los gobiernos no se convencen de que el acceso a la justicia es un derecho humano, ni de que la violencia a la que son sometidas las mujeres diariamente en el país es lo suficientemente grave como para ponerlas de prioridad, aun cuando las asesinen de manera brutal y diariamente. Así, la mayoría de los “líderes” dudan sino es que engañan con presuntos intentos de una política de género hecha a modo, lo suficientemente pomposa para quedar más o menos bien, pero incapaz de sostenerse en el tiempo cumpliendo con su obligación en condiciones dignas, es decir, atendiendo víctimas los 365 días del año y con los recursos suficientes para ir resolviendo asuntos y dando respuesta.

Pero dice también la ONU que la denegación de justicia puede ser tanto causa, como consecuencia de la violencia y el conflicto, la pobreza arraigada, la desigualdad y la exclusión.

Tiene sentido y somos el ejemplo justo ahora con las madres y mujeres familiares de víctimas de violencia y feminicidio que por estos días tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México luego de haber esperado durante meses a ser atendidas por el presidente, de ser minimizadas por la Secretaría de Gobernación, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y finalmente victimizadas en  instituciones que en teoría fueron creadas ex profeso para proteger sus derechos humanos y que gozan de supuesta autonomía.  

Y es que al cabo de décadas de aparentar que se hace algo cuando no es así todavía las han ido a golpear y a detener como sucedió con el desalojo de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec por parte de la Fiscalía del Estado de México la entidad con más violencia feminicida del país.

Puestos a prueba están justo ahora otros estados dado que los movimientos de mujeres han comenzado a ocupar las Comisiones en Chiapas, Puebla y Veracruz en respuesta a la represión policiaca de estos meses y a la falta de acceso a la justicia. Y no sólo hablo de los gobiernos sino de la sociedad que está más pronta a exigir de las víctimas unas ciertas formas para defender sus derechos sin hacer demasiado ruido que en ponerse en sus zapatos. No se piensa bien, no hay empatía y hemos pasado de la capacidad de medir un primer o segundo grado de victimización, a que la regla general sea la indiferencia y el insulto para con el asesinato y las agresiones que han sufrido las hijas, hermanas y madres de las protestantes, para las que no hay justicia sino impunidad.

Nadie que trabaje en el tema de la violencia puede ponerse de pie hoy a decir: no entiendo por qué protestan si todo está de maravilla. Máxime tomando en cuenta que nos hemos acostumbrado a la auto explotación de nuestros propios recursos y aun así con buena voluntad la respuesta apenas alcanza a dos o tres víctimas, pero es insuficiente para las verdaderas dimensiones del problema. ¿No comparte usted el coraje de que nunca haya de nada? ¿De que no sea esto importante? ¿De seguir siendo el tema de las “viejas” y que nos sigan matando a las mujeres? Porque nosotras sí… estamos hasta la madre.

A más ver.

Twitter: @Almagzur

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