Congreso

Evitar una nueva década perdida para el bienestar: urge una ley de Ingreso Vital de Emergencia

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  • Más pobreza, menos empleo y disminución a cuidados públicos: Patricia Mercado Castro
  • Durante la Glosa del Segundo Informe del Ejecutivo, la senadora pidió construir un acuerdo político

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 16 de septiembre de 2020.- Durante el análisis de la glosa del segundo informe respecto a la política social, la senadora Patricia Mercado Castro sostuvo que pese a que una de las prioridades del gobierno actual es elevar el nivel de vida de la población, particularmente, de la más desprotegida y vulnerable, los datos demuestran que las metas están lejos de cumplirse.

“Hoy tenemos una situación de emergencia donde hay una clara pérdida de ingresos y trabajo y no se informa de un programa específico para enfrentarla. Si queremos evitar una caída aún mayor en el consumo; si queremos evitar un deterioro irreversible en los niveles de vida de la población; si queremos evitar una nueva década perdida para el bienestar, debemos echar a andar el Ingreso Vital de Emergencia”, sostuvo.

Existe un programa titulado “Para el bienestar de las personas en emergencia social o natural”, que según el Informe del Ejecutivo, atendió apenas a 211,798 personas, el 99 por ciento con apoyos en especie. 

La senadora señaló que ese programa pudo y puede, todavía, ser la base para desplegar un Ingreso Vital de Emergencia que evite caer en una catástrofe social.

“Quiero pedir explícitamente que el grupo de trabajo que hemos integrado aquí configure una propuesta, que sea viable para un gran acuerdo político en este senado de la República”, expresó.

Empleo

La legisladora señaló que la crisis económica ha afectado negativamente la vida de millones de mexicanos y mexicanas, puesto que de 12 millones, que según el INEGI en abril dejaron de formar parte de Población Económicamente Activa (PEA), sólo 7.2 millones regresaron en julio. Además, la mayoría regresó a empleos con salarios precarios, con deudas, menores ingresos y sin prestaciones básicas.

Asimismo, indicó que 150 mil pequeños comercios han quebrado, sus empleados han quedado en el desamparo o se han lanzado a la informalidad. ”Frente a esta realidad, no vemos en el informe medidas de emergencia o extraordinarias para detener esta caída libre donde, según CONEVAL, las consecuencias serán el aumento de la pobreza y la extrema pobreza”, señaló.

Agregó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, casi la mitad de los programas prioritarios no tienen claro el problema que plantean resolver; 8 de 17 no han alcanzado ni siquiera la mitad de la población objetivo que se fijaron o bien no presentan información sobre el grado de cobertura alcanzado.

 En cuanto a la política social, el informe se presenta en un formato tradicional. Acumula cifras, enlista acciones. “Quisiéramos compartir el optimismo del Ejecutivo, pero la desigualdad se está profundizando. Ustedes, nosotras, senadoras y senadores, conocemos muy bien el territorio, imaginemos el riesgo inminente de que 16 millones de personas caigan en la pobreza o en la extrema pobreza”, puntualizó.

Política para el cuidado

En su participación, la senadora refirió que según datos del Instituto Belisario Domínguez, los recursos asignados a servicios de cuidado públicos para población abierta y derechohabiente disminuyeron 17 por ciento de 2018 a 2019, y 11 por ciento de 2019 a 2020.

 El Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras que cubría a más de 300 mil beneficiarias, hoy con el nuevo programa de transferencias apenas llega a 115 mil niñas y niños.

Detalló que el programa de fomento a la economía social apenas se menciona, por lo cual podría ser una excelente estrategia como proponen economistas feministas para desarrollar una robusta economía del cuidado, que genere empleos, ingresos, seguridad social y garantice el derecho de las personas vulnerables a ser cuidadas.

Medio ambiente

La senadora Patricia Mercado Castro celebró la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos; sin embargo, indicó que la amenaza del cambio climático y la inversión pública no puede separarse de los derechos, de la sostenibilidad y de la justicia social. 

“El territorio es mucho más que un sitio de aprovechamiento; es, sobre todo, el espacio de convivencia de estas comunidades, por lo que se vuelve de vital importancia escuchar y consultar a todas las expresiones de quienes se organizan en defensa de la tierra y del territorio”, dijo.

Programas sociales

Respecto a los programas Jóvenes construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, la legisladora señaló que son dos programas que pese a generar empleo y capacidades laborales para quienes tienen menos oportunidades no tienen una buena evaluación de CONEVAL respecto a sus objetivos, metas y resultados.

“La lógica de la política social es corregir una situación de injusticia o desigualdad. Se detecta la desventaja, por ejemplo, que enfrentan mujeres, estudiantes, personas jóvenes, indígenas, adultas mayores, y surgen programas para corregir esa desigualdad”, explicó.

Por último, la legisladora señaló que el proyecto de presupuesto para el 2021 ilustra la gravedad de la crisis. “Proponemos no hablar de ganadores y perdedores, pues hasta ahora las pérdidas no distinguen niveles. El gran acuerdo planetario de “No dejar a nadie atrás” nos obliga a incluir todas las oportunidades y posibilidades de desarrollo, con todas y todos sus actores, los que más tienen y los que no, y así diseñar con orden, transparencia y rendición de cuentas las puertas de salida de la pobreza, la carencia y desigualdad en el acceso a los derechos”, dijo.

“Para hacer una transformación histórica, obras son amores, y no buenas razones. Acompañemos con instituciones sólidas y recursos suficientes esa aspiración de igualdad en la que coincidimos al llevar los derechos sociales y económicos a la Constitución. Hagámoslo cada día, en cada acto, sin desacreditar a quienes reclaman. Hagámoslo reconociendo nuestra representación diversa y plural”, finalizó.

Urge Ley del Ingreso Mínimo Vital

En mayo pasado la legisladora de Movimiento Ciudadano propuso la Ley de Ingreso Mínimo Vital, pretende hacer frente a situaciones especiales de emergencia. 

A través de ella, se concederían tres mil 600 pesos como mínimo, a las personas que perdieron su empleo o vieron disminuidos sus ingresos de manera considerable, por un periodo de tres a cinco meses.

Esos recursos no representan más del uno por ciento del Producto Interno Bruto y menos del cuatro por ciento del presupuesto.

En México, hay una gran cantidad de personas en el autoempleo y más de la mitad de quienes trabajan por un ingreso, lo hacen desde la informalidad, los cuales, no tienen ningún derecho laboral.

El ingreso es un derecho que están perdiendo las personas que fueron despedidas, se quedaron sin empleo o las descansaron. No nos podemos quedar en casa si no tenemos los recursos para poder tener una vida cotidiana más o menos saludable, puntualizó.

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