- Veracruz a la cabeza de las movilizaciones por aborto
- La demanda desde 2017, hoy en revisión en la SCJN
- Cinco entidades del país estudian iniciativas pro aborto
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de septiembre, 2020.- En Veracruz desde hace tres años se inició la demanda para reformar el Código Penal en materia de aborto, como resultado de la admisión de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado, considerando que la prohibición del aborto lesiona los derechos humanos de las mujeres.
A partir de entonces y luego de intensas movilizaciones llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta agosto de 2020 consideró viable la demanda, pero se detuvo porque el resolutivo lesionaba derechos humanos fundamentales, por lo que sigue en revisión, según explicó entonces la abogada Andrea Medina. Las movilizaciones de este día y los pronunciamientos urgen a los integrantes de esa corte la revisión inmediata y la resolución del caso.
Para apuntalar el aborto legal en todo el país, hay propuestas y demandas para que el gobierno cumpla con la Norma Oficial Mexicana 046; los congresos resuelvan las iniciativas y se pare la muerte materna por aborto, considerada la cuarta causa de los decesos, después que por razón de COVID19, ésta se convirtió en la primera.
El amparo en revisión
La resolución en litigio es resultado de un segundo amparo el 44/2020, la Corte atrajo la solicitud de revisión en noviembre pasado del 2019.
Este es el segundo amparo que llega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el Congreso del Estado no modificó las causales de aborto legal en la entidad veracruzana.
El primero fue presentado ante la Primera Sala quienes debido a que consideraron que no existió una comisión legislativa. Entre los argumentos que presentaron en el amparo que se encuentra en revisión (el segundo) es que, aunque el Congreso del Estado votó no modificó las causales de aborto y existen algunas primordiales para respetar los derechos de las mujeres que no se contemplan
El 21 de junio de 2019 las organizaciones Colectivo Akelarre A.C.; Fundación mexicana para la planeación familiar, A.C. (MEXFAM); Colectivo Feminista Xalapeño, A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C, consideraron plausible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera atraer el amparo en revisión, relacionado con la posible omisión legislativa del Congreso del Estado de Veracruz al no haber modificado diversos artículos del Código Penal de esa entidad federativa, los cuales contemplan el delito de aborto y como resultado de la segunda Declaratoria de AVGM en su modalidad de Agravio Comparado.
Un año después el 29 de julio de 2020 la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación desechó el proyecto de amparo en revisión sobre la omisión de la Cámara.
Con el respaldo de más de mil 850 mujeres se presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mejorar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, sobre el derecho al aborto en Veracruz, se trata de mejorarlo porque podría tener errores graves que ya no sería vinculante en Derechos Humanos y de la Alerta de Violencia contra las Mujeres AVCM.
Andrea Medina, encargada del Amicus Curiare, que se entregó a la Corte 48 horas antes de la votación, con observaciones para que ésta discuta y decida sobre el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, señaló que se trata de un avance sustantivo para garantizar para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
No obstante, la abogada, consultora internacional y autora de varias iniciativas, entre otras la de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, señaló que existe una pequeña diferencia entre la opinión del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la que ahora promoverá la Red Nosotras Tenemos otros Datos.
El Observatorio acepta íntegramente el proyecto del Ministro, en tanto que la Red, señaló que tal y como se encuentra este proyecto, de aprobarse se violentaría el principio de interdependencia ya que se perderían unos derechos por otros.
Existe una tercera salida, la más peligrosa, que es la que viene de la ultraderecha, que no sólo se opone al proyecto, sino que se moviliza en su contra y manipula el contenido Constitucional de los Derechos Humanos y anuncia movilizaciones desde mañana.
Esto no se ha superado. Aún con el avance de la resolución detenida y su revisión, es importante que se aclare, que no hay excepción ni en territorio ni por poder del Estado, para cumplir con los derechos humanos.
La revisión pendiente debe resolver aspectos que el Congreso de Veracruz controvierte, como son: qué normatividad obliga al Congreso de Veracruz, y si toda la normatividad y mecanismos citados en el Amparo que se recurre tienen fuerza vinculante, el Proyecto de la Primera Sala crea una fisura grave y profunda en el bloque de constitucionalidad.
Mientras las diputadas se mantienen en una postura muy clara para apoyar el proyecto, incluso se estarían buscando reuniones con las y los ministros de la Corte, gestionadas tanto por congresistas del partido mayoritario, Morena, como del ultraderechista Partido Encuentro Social, puesto que si se aprueba señalando que las alertas no son vinculantes va a ser un gravísimo retroceso, y si aprueban que las recomendaciones generales de Derechos Humanos no son vinculantes, se afecta a todos los DDHH, por ello, insiste la abogada, coautora de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencias necesario mejorar el proyecto, lo cual tendría que admitir el ministro ponente.
Otra opción es que se baje de la discusión el proyecto, pero ello implicaría que se pase a la responsabilidad de otra u otro ministro. Lo cual significaría un futuro incierto. La revisión ganada y pendiente.
Discusión social
Mientras en Veracruz se dio la mayor movilización. En septiembre del año pasado apareció en todo el país la demanda del aborto, en una jornada impulsada por la llamada Marea Verde, que no ha cesado.
Desde entonces ha habido mejoras en salud pública. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, en la inauguración del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género, destacó que gracias a La Marea Verde, tras la modificación al código penal de la capital del país se han realizado 210 mil procedimientos sin un solo deceso. Además, afirmó que desde el 2014 esta práctica ha disminuido 16 por ciento.
El 8 de marzo de 2019 se pudo ver en una manifestante que las mujeres sostienen en lo alto un cartel de apoyo a la despenalización del aborto. Una fotografía que le dio la vuelta al país con la joven con el gran cartel.
Avance lento
Hasta ahora son pocos los estados que han intentado sumarse a los cambios. En Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala existen análisis en los congresos locales para permitir que las mujeres puedan abortar de forma voluntaria y legal hasta las 12 semanas de gestación. Ninguno ha resuelto.
En el caso de Quintana Roo entraron al Congreso tres iniciativas de ley para despenalizar el aborto, pero se mantienen congeladas. En esa entidad sólo se puede realizar la interrupción del embarazo si la vida de la madre está en riesgo, el producto presenta problemas congénitos o si es accidental.
En Coahuila la propuesta de reforma se realizó en octubre del 2018 por la diputada de Partido Revolución Democrática (PRD) Claudia Isela Ramírez Pineda. Cuando el documento se presentó, fue turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Para su dictamen, pero no ha sido abordado.
Mientras que en Guanajuato, en octubre del 2018, el diputado Isodro Basaldúa Lugo del PRD, presentó su iniciativa al respecto. Pero desde entones el tema no se ha discutido, a pesar de que colectivos en defensa de los derechos de las mujeres se han manifestado en León, capital de la entidad, para que la reforma continúe. La situación es igual en el resto de entidades en donde las modificaciones están en pausa.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el año pasado realizó observaciones al Estado mexicano para que atienda retos como la interrupción segura del embarazo, la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes. El grupo parlamentario Morena anunció que en septiembre de 2019 presentaría una iniciativa a la reforma del Código Penal Federal para que esto fuera posible. Hoy se ha verificado que ya se discutió en comisiones, pero todavía no llega a la asamblea.
Argumentos para el cumplimiento de la NOM 046
La consejera de Inmujeres, Mónica Jasís, informó este domingo que en Baja California Sur hay un grupo de acción para resolver el embarazo en adolescentes. Derivado de la estrategia nacional y se llama Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Dijo que como representante de una Organización no Gubernamental de salud reproductiva “jamás hemos recibido invitación.”
Ese GEPEA dijo, no se reúne desde hace más de año y medio porque no se han hecho acciones para prevenir el embarazo adolescente y erradicar el Infantil. Aseguró que hubo casos de embarazos infantiles de menores de 14 años a quienes los directivos del Hospital General de Cabo San Lucas les negaron el aborto legal, bajo el argumento de la objeción de conciencia institucional y ello viola la NOM 046.
Eso fue el año pasado antes del confinamiento sanitario debido a la pandemia del Covid 19. Dijo saber por lo menos de otros dos casos, pero, señala “fueron más”. Además, no se sancionó a la directora del Hospital General de San Lucas que no permitió las interrupciones en el hospital.
Es un clamor que la Secretaría de Salud debe cumplir con lo establecido en la Norma 046 en todo el país, al ser la institución responsable de la integración y difusión de la información que apoye el diagnóstico, el diseño de políticas y la toma de decisiones en materia de violencia familiar y sexual.
En días recientes, se ha generado gran controversia en la Cámara de Diputados respecto a la discusión de una iniciativa relativa a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, mejor conocida como NOM-046, la cual tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.
Al respecto la Senadora ciudadana Martha Tagle Martínez precisó que dicha iniciativa pretende robustecer la aplicación de dicha norma al incluirla en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “a raíz de la postergación para discutir el mencionado dictamen, se ha generado mucha confusión respecto a la vigencia de la norma, cuya aplicación y observancia es en todo el país y debe ser seguida integralmente para todas las mujeres que se encuentren en situaciones que ameriten su aplicación”.
La legisladora comentó “formalmente la norma está reconocida en diversas leyes como la Ley de Salud y obliga a los prestadores de servicios de salud a brindar atención médica a quienes sufran de violencia familiar o sexual, por tal motivo se debe tener muy claro que, en caso de haber un embarazo derivado de una violación, las mujeres de todo el país tienen el derecho de exigir su interrupción, toda vez que en todos los códigos penales la violación es reconocida como una causal que le excluye como tipo penal, por lo que las mujeres pueden hacerlo legalmente”.
Consideró que el no cumplimento es porque hay fuertes presiones de fuerzas conservadoras que buscan eliminar el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo bajo cualquier circunstancia, hecho que representa un grave retroceso y contraviene diversas leyes y tratados internacionales que México ha signado en la materia.
SEM/sl/sj
