Congreso

Por dudas, desconocimiento y prejuicios la reforma integral en salud sexual y reproductiva va a Parlamento Abierto

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  • La reforma integral en salud sexual y reproductiva no legaliza el aborto: Patricia Mercado Castro
  • Busca disminuir embarazo en adolescentes, evitar la esterilización forzosa e incluir la violencia obstétrica, prevenir la muerte materna y reconocer los derechos de las mexicanas

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 6 de octubre de 2020- La próxima semana en parlamento abierto se pondrá a discusión el dictamen sobre  una reforma integral en materia de salud sexual y reproductiva, que armoniza políticas y acciones ya aprobadas en ordenamientos dispersos en favor de la salud de las mujeres y que reconoce graves problemas de salud pública que afectan a mujeres, niñas y adolescentes como el embarazo temprano, la muerte por abortos mal atendidos, la muerte materna, la esterilización forzada  y los derechos a conocer sobre sexualidad y reproducción desde la infancia, definiéndolas como acciones prioritarias.

Se trata de una reforma integral para garantizar la atención, la educación y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva que se ha querido interpretar como despenalización del aborto. El dictamen es claro, “solamente armoniza y concreta en 5 leyes, garantías para las mujeres y su acceso a servicios de salud humanos y sin prejuicios, educación sexual científica para niñas y adolescentes, garantizar servicios seguros para el aborto, según los marcos legales hasta hoy establecidos”, explicó a detalle la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano y dijo que el tema de la despenalización está en otro campo. Nada parecido a esta reforma.

El dictamen, del que SemMéxico tiene una copia, incorpora a las leyes un lenguaje no sexista, define  los derechos sexuales y reproductivos ahora dispersos, eleva a ley la norma 046,  mejora los servicios de orientación y salud sexual para niñas y adolescentes, obliga a capacitar el personal de salud para dar atención humana al aborto seguro, incorpora  la violencia obstétrica, prohíbe la esterilización forzada,  reconoce el grave problema de la violencia sexual que produce embarazo en adolescentes –más de 8 mil en 2019-  e incentiva la producción y distribución de anticonceptivos.

Dice el dictamen que la orientación para el entendimiento de los derechos sexuales y reproductivos, servirá como medidas de prevención para la repetición de embarazos no deseados y mejorar los servicios de salud, con frecuencia negados, por no entender el fondo del problema.

Se trata de una reforma integral de cuestiones pendientes. Por ejemplo desde la época del gobierno de Vicente Fox se decretó, pero no es ley, la entrega de anticonceptivos de emergencia, que ahora podrían ser ley; o realizar un aborto a niñas menores de 15 que podrían atenderse, sin la intervención de padres y tutores a niñas violentadas, como ya lo establece la Norma 046, pero que es negada por desconocimiento, omisión o prejuicios.

Algunos temas, mal entendidos, frenaron el dictamen listo para discutir en la asamblea, porque no se entiende la reforma, señaló  la senadora Patricia Mercado Castro, quien conoce a fondo el tema por su paso por el Grupo de Información en Reproducción Elegida  y explicó que solamente armoniza acciones y políticas, ahora en decretos y acciones dispersas, resultado de demandas específicas de las mujeres y acuerdos y compromisos internacionales del Estado Mexicano en la materia, además de atender las observaciones que hizo el comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Según boletín oficial, un ejemplo de ello es lo que piensa la senadora morenista María Soledad Luévano Cantú, quien dijo en la discusión en que se determinó enviar a parlamento abierto la definición última del dictamen, creyendo que se despenaliza el aborto que “no hay condiciones de analizar este tema tan complejo, la política es de tiempos, responsabilidad y prudencia”.

La Iniciativa y el Dictamen

La iniciativa busca mejorar la atención a mujeres embarazadas para disminuir la muerte materna que en México que todavía es un problema de salud pública, como lo son otras graves situaciones.

Al interior de las comisiones unidas surgieron muchas dudas. Por ello, con el aval del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se abrirá a parlamento abierto la próxima semana, de modo que todo mundo opine, reflexione y se resuelvan las dudas.

La senadora Patricia Mercado, señaló, que esta será una forma para entender el fondo de lo que se propone resolver a través de las reformas y modificaciones a 5 leyes, que simplemente se armonizan.  Alertó que esta discusión es muy seria, hay mil embarazos diarios de adolescentes menores de 18 años, hay dos partos cada 24 horas de niñas de 10 y 12 años. No es que cambie el sentido del aborto, la discusión es que los servicios de salud puedan ofrecer abortos seguros, explicó.

El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Salud; y de Estudios Legislativos responde la Iniciativa con proyecto de decreto reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Población y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El 24 de marzo de 2020, presentaron la iniciativa tres senadoras de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, Minerva Citlalli Hernández Mora y Jesusa Rodríguez Ramírez. Se le sumó una iniciativa de la priista Verónica Martínez García.

Los aspectos sobresalientes de la reforma parten del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos: Se propone incluir en la Ley General de Salud,  la atención de la salud materna, neonatal e infantil; la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de aborto seguro; la anticoncepción y planificación familiar, y la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con una visión de derechos humanos, modifica el lenguaje sexista y se adiciona en el artículo 27 de la Ley General servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social.

El Capítulo V “Atención materno-infantil” tiene un cambio sustantivo, al nombrarse “Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil”, además del nombre del capítulo, se establece el carácter prioritario de la salud sexual y reproductiva, y señala la obligación de la Secretaría de Salud el deber de promover todos los aspectos relacionados con la vida sexual y reproductiva de todas las personas, sin riesgos y libre de toda forma de discriminación. Agrega que esos servicios deberán ser otorgados conforme el principio de autonomía progresiva y el principio del interés superior de protección de derechos.

Se establece como parte de la atención a la salud materna el acceso a servicios de aborto seguro y a la interrupción del embarazo en los casos previstos por la Ley vigente; la prevención, detección y atención del VIH; la atención oportuna, universal y de calidad de las emergencias obstétricas; la incorporación como parte de la atención a la persona recién nacida la aplicación de la prueba del tamiz metabólico ampliado y tamiz auditivo (durante el embarazo). Con el deber de las autoridades sanitarias de establecer acciones para la prevención y control de cáncer del aparato reproductivo y de mama.

Anticoncepción: El Capítulo VI de la Ley General de Salud, nombrado actualmente como “Servicios de Planificación Familiar”, se modifica para incluir los servicios de anticoncepción. Las modificaciones propuestas señalan que estos servicios serán considerados de carácter prioritario, a fin de contribuir a la prevención de embarazos no intencionales y no deseados, evitar la transmisión sexual y vertical de enfermedades, así como para brindar asistencia a las personas para el ejercicio y disfrute de su salud sexual y reproductiva.

Se obliga, en este contexto que los servicios de aborto y de atención posterior al aborto, se ofrezcan a todas las mujeres con información, asesoramiento y servicios completos sobre anticonceptivos, a fin de ayudar a incrementar el uso efectivo de métodos anticonceptivos y reducir la tasa de repetición de abortos. Los servicios de anticoncepción también deberán ser prioritarios.

La reforma integral destaca la importancia de la educación sexual integral y reproductiva, como una medida efectiva para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de la población de jóvenes, ahí hace cambios a la Ley General de Educación. Estos jóvenes deberán acceder a programas de educación sexual integral con información científicamente correcta, así como información sobre cómo adquirir y utilizar los anticonceptivos. Es importante que los adolescentes deberían poder solicitar ayuda a los servicios de anticoncepción sin necesidad de obtener permiso de sus madres, padres o tutores.

Según las normas sobre derechos humanos, esa educación abarca la conciencia de uno mismo, el conocimiento del propio cuerpo (incluidos los aspectos anatómicos, fisiológicos y emocionales) y la salud y el bienestar sexuales (con información sobre los cambios que se producen en el cuerpo y los procesos de maduración.

Prevención del embarazo precoz

Se establece como algo urgente la reducción de los embarazos no deseados, con facilitación de información, educación en sexualidad y salud, el desarrollo de habilidades para la vida, la prestación de servicios de orientación y anticoncepción y la creación de entornos favorables.

Se incorpora la Ley General de Salud lo establecido en la NOM-047-SSA2-2015 para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, que, entre otras, cosas establece que las y los adolescentes pueden solicitar servicios de salud sexual y reproductiva sin la necesidad del acompañamiento de un tutor y que se debe respetar la confidencialidad de niñas y adolescentes; y en la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en relación con el derecho a la autodeterminación reproductiva de niñas y adolescentes.

Garantizar el acceso al aborto seguro

La Organización Mundial de la Salud define el aborto peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez.

El Estado mexicano, tiene la obligación de ofrecer a las mujeres y adolescentes atención para un aborto sin riesgos. La aplicación de medidas para prevenir el aborto inseguro y ofrecer atención posterior al aborto forma parte de las obligaciones fundamentales que tiene el Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Prohibición de la esterilización de niñas y adolescentes con discapacidad

La prohibición de la esterilización forzada se desprende del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual define la esterilización forzada como una forma de violencia sexual de gravedad, el concepto referido y sus consecuencias es considerada también por la ONU en diversas declaraciones y resoluciones.

México fue examinado y urgido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas a realizar dos acciones, derivado del conjunto de violaciones a los derechos humanos que ha padecido este sector poblacional: 1) iniciar procesos de investigación administrativa y penal a autoridades e instituciones involucradas en la ejecución de esterilizaciones forzadas al sector poblacional multicitado; y 2) garantizar el acceso a la justicia, así como reparar los daños a las víctimas. En atención al cumplimiento de estas recomendaciones, se incorpora la prohibición expresa de este tipo de prácticas.

Reconocimiento de la violencia obstétrica

La reforma incluye la atención obstétrica adecuada, para evitar la violencia ya que algunos integrantes del personal de salud pueden incurrir en prácticas y omisiones que tienen por resultado el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, incluidos el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información y libre consentimiento, a una vida libre de violencia, a la integridad, vida, y salud, en relación con la protección de la salud reproductiva. Se incluye el término violencia obstétrica para hacer visibles e identificar las causas que reproducen la violencia contra las mujeres. Se agrega la definición de violencia obstétrica a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

También incluye la reforma el reconocimiento a la Enfermería y Partería profesional y vela por el cumplimiento de los derechos de niñas y niños, obliga al sistema educativo nacional a incorporar en sus programas la educación sexual y reproductiva, desde el nivel básico.

Parlamento Abierto

En reunión, según información oficial las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, acordaron analizar y enriquecer en Parlamento Abierto el dictamen sobre la reforma integral en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.

A pesar de contar con el dictamen, que ya fue consultado con organizaciones de la sociedad civil se decidió posponer su análisis. La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, informó ello se debió a dudas de asesoras y asesores de las tres comisiones unidas, así como nuevas y observaciones.

En parlamento abierto se podrán analizar esas dudas, además de contar con especialistas y académicas, y mujeres, para concretar el dictamen.

Por parte del PRI, las senadoras Sylvana Beltrones Sánchez y Nuvia Mayorga puntualizaron que el Parlamento Abierto dará mayor certeza al dictamen porque se deben puntualizar e incluir temas que no están contemplados en el proyecto y ser respetuosos del análisis y opiniones de todos los sectores involucrados.

Los contenidos de la reforma integral son parte de la política exterior del Estado mexicano el respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que ahora se incorporan. Esos compromisos fueron adquiridos por el estado mexicano a lo largo de 25 años.

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