Internacional

Instan a garantizar la disponibilidad, el equipamiento y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia

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  • En la región se anotan 500 muertes maternas asociadas al COVID-19
  • 12 millones de mujeres dejaron de usar anticonceptivos y podrían llegar a 20 millones por servicios interrumpidos
  • Hasta 40 por ciento de reducción para atención prenatal

Redacción 

SemMéxico. Chile. 20 de octubre de 2020.- Garantizar la disponibilidad, el equipamiento y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para los grupos de población más vulnerables en América Latina y el Caribe, y construir una sociedad más justa e igualitaria donde nadie se quede atrás, son parte de los grandes desafíos que enfrentan los países de la región para enfrentar la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Esta fue una de las principales conclusiones del Diálogo Virtual: desafíos para la salud sexual y reproductiva en el contexto del logro del desarrollo sostenible desarrollado hoy como parte de una serie de conversatorios realizados en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

 El encuentro estuvo encabezado por Ana Rosa Velásquez Palomino, Directora General de Población, Desarrollo y Voluntariado de Perú; Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; y Harold Robinson, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA para América Latina y el Caribe.

Los reportes de los sistemas de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna, a la fecha dan cuenta de alrededor de 500 muertes maternas asociadas a la COVID-19.

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha estimado una reducción del 40 por ciento en la atención prenatal con base a datos de 10 países de la región. Asimismo, algunos países han reportado una interrupción entre 40 por ciento y 86 por ciento de los servicios de planificación familiar en la atención primaria.

De acuerdo con el estudio que realizó la Oficina Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, debido a la COVID-19, más de 12 millones de mujeres descontinuaron el uso de anticonceptivos modernos. El número puede elevarse a 20 millones si la pandemia y el confinamiento se extienden hasta marzo de 2021. Dos tercios de esas mujeres registran dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud y un tercio no podrá continuar pagando su precio en las farmacias privadas.

Tomadores de decisiones, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil intercambiaron así reflexiones y experiencias sobre las dificultades y desafíos que la región tiene para afrontar la crisis generada por la COVID-19.

Además, hicieron un llamado y recalcaron la necesidad de reforzar el trabajo para asegurar la disponibilidad, el equipamiento y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El debilitamiento de esta estructura básica impacta la provisión y utilización de los servicios, lo que conlleva a una reducción con un incremento en las muertes maternas y embarazos no intencionales.

En su intervención, Ana Rosa Velásquez Palomino, Representante de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado de Perú indicó que “la pandemia ha afectado de manera importante los servicios de salud y la economía de nuestro país. Sin embargo, estamos trabajando para garantizar la atención no solo a los pacientes afectados por COVID-19, sino que, también implementando otras acciones para salvaguardar, entre otras cosas, el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva de los ciudadanos”.

Por su parte, el Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, Harold Robinson, explicó que la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva ha sido afectada de manera desproporcionada desde el inicio de la pandemia, impactando negativamente la atención y, en consecuencia, aumentando las muertes maternas y los embarazos no intencionales.

“Se ha estimado a nivel mundial que una reducción de un 5% en la cobertura de intervenciones esenciales en salud sexual y reproductiva en el contexto de la COVID-19, resultaría en un incremento de un 8,6% de las muertes maternas, mientras que una reducción de un 25%, llevaría a un incremento de la mortalidad materna de un 38,6%”, aseguró Harold Robinson.

Durante la reunión también se puso en común la necesidad de asumir un esfuerzo conjunto para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, y priorizar un listado de insumos clave como medicamentos con los que se puedan salvar vidas durante el embarazo y el parto, así como el acceso a anticonceptivos modernos efectivos y a bajo costo.

“No obstante la situación de crisis, hay una oportunidad para promover innovaciones en modelos de gestión y atención, como la telemedicina. Es nuestra tarea aprovechar el uso avanzado de la tecnología para mejorar la atención y las intervenciones en salud sexual y reproductiva que desde UNFPA consideramos no diferible durante la pandemia”, explicó el Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe.

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, instó a los participantes a continuar fortaleciendo estos espacios de reflexión y discernir soluciones sobre el manejo de la crisis especialmente en la población afectada por la pobreza.

“La región continúa teniendo una cantidad de contagios enorme. Lo que nos preocupa, además, es definir algunas variables como la pobreza que agudizan la crisis en la salud sexual y reproductiva. Este espacio nos debe aclarar cómo elaborar políticas, pensar cómo garantizar un derecho reproductivo básico y velar por el principio de la igualdad social y de género”, explicó.

Este cuarto diálogo virtual sobre población y desarrollo pertenece a una serie de diálogos que se realizan con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos –en el corto, mediano y largo plazo– en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El diálogo culminó con un compromiso y llamado para que los países de la región sigan trabajando integralmente en la construcción y promoción de sociedades inclusivas sin discriminación alguna, y en donde se provea de protección social universal, incluyendo el acceso a sistemas y servicios de salud y educación

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