La militarización de los puertos mercantes viola los Derechos Humanos

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  • Advierte la senadora Patricia Mercado Castro que se viola la Constitución
  • El Senado aprobó el control militar de los puertos mercantes

Libertad López

SemMéxico. Cd. de México. 28 de octubre 2020.- La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado se opuso a la militarización de los puertos, por lo que ello significa y advirtiendo que se viola la Constitución y viola los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas, despreciando al servicio público civil.

Y aunque no lo mencionó, por ejemplo, la Marina Mercante se desarrolló al margen del control militar, ha formado de miles de personas, para sus funciones básicas: el comercio internacional, que ahora estará controlado por la marina militar.

Hay que recordar que este mes hubo protestas y manifestaciones en el Senado, por este pretendido cambio, porque además desaparece un fideicomiso que creó escuelas de marina mercante, civil y de carácter comercial efectivo en todo el país. Ese fideicomiso dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más del 40 por ciento del personal es femenino.

Este medio día el Senado logró la aprobación, con 61 votos en favor, 31 en contra y 2 abstenciones, en lo general y en lo particular, para que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos. Un hecho que se suma a la militarización del país.

Hoy en México, se ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas una enorme cantidad de actividades, y hoy, la mayoría del partido gobernante entrega los puertos mercantes y se niega la presencia civil, que es la indicada.

Habló en tribuna durante el debate sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos. Senado de la República.

Dijo contundente que no encontrarán ninguna democracia consolidada en el mundo en que la Armada sea, en tiempos de paz, quien administre los puertos y todas las actividades marítimas. Hoy, el Senado de la República no escuchó al Parlamento Abierto y no ha tomado en cuenta a la ciudadanía.

Criticó que ahora se habla de transformar muchas cosas, necesaria, pero es inconveniente a donde hemos llegado no es a un país que nos dé, nos ofrezca, calidad de vida a todos quienes vivimos en nuestro México.

Fue cuando recordó la historia de México para recordar que los acuerdos fundantes del Estado mexicano, acuerdos de convivencia que hemos construido en la historia de nuestro país y uno de ellos, es precisamente, es que “nuestras Fuerzas Armadas no son las que tienen que ponerse al frente en actividades en tiempos de paz”

Afirmó que otra gran definición, también desoída, es que la República Federal, representativa, laica y democrática, está vigente.

Lo que se está proponiendo no es sólo un cambio de adscripción, mucho menos es una reforma administrativa. La Secretaría de Marina podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos, también tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante, control de las telecomunicaciones, inspección del cumplimiento de tratados internacionales y otras normas, lo que implica aplicar las sanciones.

De nuevo hay se falta el artículo 129 Constitucional – el que define cuáles son las responsabilidades de las fuerzas armada- y señalo que la interpretación de este artículo, que establece que en tiempos de paz el ejército no intervendrá en actividades de carácter civil, y que sólo lo podrá hacerlo cuando sea en apoyo o auxilio a las autoridades civiles, sin tener el mando o el control de esas actividades.

Las autoridades navales militares, con respeto y reconocimiento, no deben ejercer funciones para las que no están preparadas, reguladas y limitadas. Sin duda, la institución se puede ver muy afectada en los casos en que se violen los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas.

Luego recuperó la aportación que en parlamento abierto en la Cámara de Diputados ofreció la catedrática Bárbara Stepien quien afirmó que aunque la Organización Marítima Internacional (OMI), si bien, no obliga a que la administración marítima de los países sea civil, sí son de carácter eminentemente civil los procedimientos que regulan sus convenios

Y ella misma argumentó que los 10 países más grandes con registro de banderas, es decir, los que tienen una mayor presencia en el sector marítimo comercial, todas sus administraciones marítimas pertenecen al sector civil y donde no existe ningún tipo de involucramiento militar.

Pidió reflexionar en  lo que significa no solo esta reforma, sino varias decisiones en que se han entregado actividades del servicio público a las Fuerzas Armadas y dijo “si nos preocupa la corrupción, hagamos las evaluaciones, las auditorías y las investigaciones para evitar y sancionar los actos indebidos;  existen instrumentos y estándares adecuados para hacerlo y entonces planteemos las reformas pertinentes, las decisiones legislativas no pueden partir sólo de la confianza en el cuerpo militar o sólo del desprecio por el servicio público civil, todo o nada, debemos tomar decisiones equilibradas con evidencia de los aciertos y los errores.

El argumento del dictamen, que aprobó previamente la Cámara de Diputados tiene como principal objetivo dotar a la Secretaría de Marina de las facultades necesarias para ejercer una responsabilidad que ya tiene hoy día por ley, que es actuar como Autoridad Marítima Nacional.

Y lo que busca es fortalecer a la Marina que cuenta con la capacidad, la disciplina, la experiencia para garantizar a la nación el ejercicio cabal de esta autoridad.

Señala que el dictamen no atenta contra el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Sino que la reforma legal contemplada en el dictamen tiene como objeto la migración de ciertas atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, en su carácter de dependencia del Ejecutivo federal.

La Armada de México es una institución militar de carácter permanente, que cuenta con su propia ley orgánica y su misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior, y además contribuir a la seguridad interior del país.

Y  justifica r que el artículo 129 es inaplicable, debido a que la limitante se refiere a autoridades militares, no así a las Secretarías de Estado, las cuales tienen una naturaleza civil y no militar, dentro de las que se encuentra desde luego, la Secretaría de Marina. Y establece que la Secretaría de Marina se rige por la normatividad civil aplicable. Por lo que se trata de una trasferencia de atribuciones administrativas entre dos dependencias del Ejecutivo Federal, con la correspondiente aplicación de la legislación administrativa en la materia. Sobre ello la senadora Mercado Castro dice que no es así.

Abunda en la justificación señalando que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, elaborada por el INEGI, la Marina, es la institución que más confianza genera entre los mexicanos. No es una cuestión de confianza, dice Mercado Castro.

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