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En un comunicado conjunto exigen diputadas se repongan los recursos recortados este año

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Diputadas condenan eliminación presupuestal a víctimas en un país de más de 27 mil víctimas en 2019

De aprobarse la disminución de recursos se completará una “cadena de acciones trágicas”

Elda Montiel 

SemMéxico, CDMX, 12 de noviembre 2020.- Las diputadas de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas María del Pilar Ortega Martínez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Lorena Villavicencio Ayala y Mariana Rodríguez Mier y Terán exigieron que los recursos asignados para la atención a víctimas tanto en el Poder Judicial de la Federación como en la Fiscalía General de la República no se disminuyan y en cambio se mantengan sus montos en términos reales.

Consideraron que eliminar recursos para las víctimas es revictimizar y más en un país donde se ha incrementado en forma sustancial el número de víctimas, ya que, de acuerdo a las cifras oficiales del Registro Nacional de Víctimas, en el 2018 reportaron 15 mil 525 víctimas mientras que, en el año de 2019, se registraron poco más de 27 mil.

Como legisladoras cuya labor es impulsar reformas legislativas e institucionales para garantizar y fortalecer el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas, sumando esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil demandaron en un pronunciamiento que no se aplique el Decreto de Austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril.

Señalaron que dicho decreto es para todas las instancias, dependencias y organismos del Gobierno Federal cuya misión sea la de proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos entre las cuales se encuentran: la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, entre otras.

También exigen que los recursos asignados previamente a fondos federales cuyo objeto sea la restitución de derechos -como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral- y cuya entrega se realice en adelante mediante transferencias directas, cuenten con reglas de operación y tengan mecanismos indispensables para dar certidumbre al ejercicio del gasto y a la reparación integral del daño.

Que se implementen programas de capacitación para el personal de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Marina Armada de México, para el tratamiento especializado de atención a las víctimas.

Exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la aplicación total de los

Recursos asignados en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos

humanos.

Exigimos que todos los programas de atención a víctimas sean diseñados con

perspectiva de género y de infancia.

Recordaron que las víctimas del delito tienen derechos reconocidos expresamente en la Constitución, entre los cuales destacan el acceso a asesoría jurídica, a la reparación del daño, a recibir atención médica de urgencia y coadyuvar con el ministerio público en el marco de la investigación.

Así como paulatinamente se fueron destinando mayores capacidades y recursos, sobre todo con la promulgación en 2013 de la Ley General de Víctimas, la cual establece los procedimientos para la protección y atención de los derechos de las víctimas del delito, así como de violaciones de derechos humanos, y con la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Expresaron su preocupación por la “cadena de acciones trágicas” con las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno federal y por la Cámara de Diputados en contra de las víctimas, ya que con el Decreto de Austeridad se determinó un recorte presupuestal de 75 por ciento al CEAV, con lo que prácticamente la inutilizaron.

La Secretaria de Hacienda ignoró que la CEAV tiene entre sus atribuciones proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

Además con la eliminación de 109 fideicomisos, incluyendo el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), se dejó en el desamparo a cerca de 30 mil víctimas del delito y de la violencia.

Les resulta indignante que el Proyecto de PEF 2021 presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea absolutamente omiso en asignar recursos para subsanar las asignaciones presupuestales en la materia que se han perdido a lo largo del 2020. El proyecto se podría acordar hoy.

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