Congreso

Durante la pandemia las trabajadoras las más golpeadas por recortes presupuestales

223 Vistas

La población femenina en el trabajo recibe hasta 30 por ciento menos remuneración por trabajo igual

Se reforman 14 leyes, se obliga a la reparación del daño por segregación en las retribuciones

Sara Lovera

SemMéxico, CDMX, 19 de noviembre 2020.- Para hacer realidad la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la  no a la discriminación laboral  anoche se aprobó un dictamen  en el Senado de la República, con reformas a 14 leyes  federales y generales  que obliga  a los  gobiernos federal y de los estados, y a la iniciativa privada  a realizar acciones de igualdad en materia de salarios y prestaciones; a transparentar cómo se asignan las remuneraciones en la administración pública federal y a considerar todos los criterios que aún mantienen una catálogo de desigualdades y violencia de género  en el trabajo de las mujeres.

Las reformas buscan –dice el dictamen- contribuir a eliminar la discriminación salarial de las mujeres en su entorno laboral, no sólo sancionando las conductas que privilegien por razón de género a un trabajador sobre otro, sino obligando al patrón a reparar el daño ocasionado y estableciendo un mecanismo de monitoreo y vigilancia de prácticas salariales y normas del trabajo que permita la discriminación.

El dictamen aprobado por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; para la igualdad de Género y Estudios Legislativos se fundó en 11 iniciativas presentadas por más de 50 senadores y senadoras, modifica 11 leyes federales y tres leyes generales, entre otras las de trabajo, ISSSTE, hacienda, cámaras empresariales, transparencia, presupuesto, de la administración pública y la de acceso de las mujeres a una vida sin violencia.

Estas reformas que  aprobará el pleno del Senado en breve, fuerza a   garantizar que a trabajo igual corresponda salario igual, que los salarios se fijen con base en factores objetivos,: las calificaciones, esto es, conocimientos profesionales, destreza y aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos, mental y físico; las responsabilidades, vinculadas a los objetivos del patrón, con independencia del nivel jerárquico del empleo y del número de personas a cargo; y, las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, del entorno físico y el clima psicológico en que se realiza el trabajo.

La reforma abona a la preocupación central de este gobierno, sustentó la senadora Patricia Mercado Casto, como lo es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.

Para ello, advirtió, se requiere, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá sólo con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados donde las mujeres significan el 47 por ciento de la fuerza laboral.

 Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, -trabajo desempeñado casi totalmente por mujeres- y este sector tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza y carece de prestaciones laborales.

La diferencia salarial entre un sexo y otro –llamada brecha de género- en remuneraciones llega hasta el 34 por ciento, a pesar de la carga cotidiana de las mujeres con dobles y triples jornadas de trabajo. 

 Las cifras en México resultan alarmantes, ya que según un estudio realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) establece que “La brecha salarial de género persiste: con posiciones ocupacionales y escolaridad similares, porque los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2 por ciento mayor al de las mujeres

La reforma es transversal y permitirá reconocer todos los trabajos de las mujeres, obliga a explicar cómo se asignan los salarios por sexo, su posición y empoderamiento laboral, tomando en cuenta que ellas representan no sólo la mitad de la población, sino que significan una aportación hasta de 30 por ciento al mantenimiento de los hogares mexicanos.

COVID19

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, autora de una de las iniciativas, feminista  y ex candidata a la presidencia de la República, fundamentó que las mujeres con trabajo remunerado en el sector público aportan una proporción importante del ingreso de sus hogares o, en ocasiones, el total. 

Pero en el contexto de la contingencia por el COVID-19, las trabajadoras han sido particularmente afectadas debido a los recortes de los programas de apoyo que el gobierno federal implementó. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras —que reemplazó al programa de Estancias Infantiles— gastó 601 millones 434 mil pesos entre enero y junio de 2020, lo que representa una disminución de 49.2 por ciento real frente al mismo periodo de 2019, a pesar de que son un grupo de alta vulnerabilidad.

De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos a la Población no afiliada a la Seguridad Social ha ejercido 36 mil 920 millones de pesos durante enero-junio de 2020, lo que ha implicado una reducción de 12.2 por ciento en términos reales frente al ejercido en igual lapso de 2019. Este programa fue el que reemplazó al Seguro Popular a través de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Asimismo, en el Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras ha gastado 601 millones 434 mil pesos durante enero-junio de 2020, lo que implicó una reducción de 49.2 por ciento real frente a igual lapso de 2019. Este programa reemplazó al programa de Estancias Infantiles que ofrecía guarderías gratuitas a las mujeres que laboraban en la informalidad.

En los hogares compartidos, esto puede significar un retroceso en los pequeños avances hacia la corresponsabilidad, y obligar a que muchas mujeres recurran a emplearse en la informalidad, es decir, sin derechos laborales ni seguridad social, o permanecer en el desempleo y aumentar de esta forma su dependencia con respecto a otros integrantes de sus familias.

La fuerza laboral de las mujeres en el sector público, además, puede generar una regresión en cuanto a la estabilidad y las prestaciones que brindan las condiciones de empleo. Esto ya es motivo de preocupación global, ante las reacciones de diversos gobiernos a los problemas financieros derivados de la situación.

Un botón de muestra

¿Cuál ha sido la tendencia de las brechas salariales en el sector público en los años recientes? 

En cuanto al Índice de discriminación salarial, que mide las diferencias de salarios por hora trabajada para la población ocupada considerando el nivel educativo, el sector “actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales” por lo general presenta uno de los valores más bajos en comparación con otros sectores en el periodo 2010-2019. Sin embargo, hay una alta variación en el indicador de este sector que va desde valores positivos 3.9% en 2016 hasta -5.9 en 2018. Esta volatilidad, que se explica por un gran número de factores económicos, políticos y administrativos es una razón más para establecer una estructura de salarios más ordenada y estable en el sector público de acuerdo al principio de igualdad. 

Sólo como una de las consideraciones que animaron la reforma, estudiada en el Senado, durante casi dos años, los recursos económicos que aportan las mujeres a sus hogares es del 30 por ciento. Y la disparidad en remuneraciones por el mismo trabajo, ha colocado a México como un país con prácticas discriminatorias contra la mujer, particularmente en lo relacionado con el ámbito laboral, en donde no sólo existe una persistencia en términos de violencia verbal, física y psicológica, sino que persiste una práctica generalizada tendiente a privilegiar los salarios masculinos por encima de los femeninos.

Hoy, de acuerdo a Sonia M. Frías, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Casi tres millones de mujeres (23% de las empleadas por cuenta ajena) les han pagado menos que a un hombre que realiza las mismas actividades en el trabajo, además da menos oportunidades de ser ascendidas, y/o recibido menos prestaciones. Esta es una penalización salarial contra las mujeres por ser madres.

La adición o modificación a esas 14 leyes, entre otras cosas, ajusta acciones que prácticas salariales y normas del trabajo que permita identificar patrones de discriminación para sancionarlos.

Establece una herramienta efectiva para que las mujeres puedan denunciar directamente y sin intermediarios los actos de discriminación salarial en el trabajo y obtener una reparación del daño, con una disposición legal que posteriormente no pueda ser evadido.

Establece la obligación de los Inspectores del Trabajo de monitorear permanentemente las prácticas salariales, para identificar actos de discriminación contra las mujeres. Crea el Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo, con informes detallados sobre prácticas discriminatorias y otras violaciones a las condiciones del trabajo contra las mujeres. Este Sistema público, permitirá identificar a los empleadores que cometen actos discriminatorios, servirá para darle un seguimiento puntual a los casos y denuncias, de modo que no queden en la impunidad, y se sancionen y corrijan estas prácticas. 

Establece tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, que los sueldos deberán fijarse con base en criterios objetivos.

Comment here

Accesibilidad