Olimpia Flores Ortiz
Parece que pasar de la prohibición a la regulación, en los términos en los que aprobó el Senado este 19 de noviembre el dictamen de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis –que aún va a la Cámara de Diputados-, tiene sus asegunes.
¿Hay que celebrar el acontecimiento desde el voluntarismo de una perspectiva gradualista? O antes hay que preguntarse cuál es la ruta que se privilegió y a dónde nos lleva.
Simbólicamente no es poca cosa este tránsito que se instaura después de cien años de prohibicionismo, sin embargo, la lectura del dictamen no me produce tranquilidad ni satisfacción, prevalecieron los criterios productivistas tras de la moral y el maternalismo del Estado en este caso tras de un pretendido “enfoque de salud pública” por encima de las libertades, los derechos y la inclusión productiva. La valoración a un año que se propone en los artículos transitorios, sobre la base de indicadores que medirán el más o el menos del proyecto en sus términos, no permitirá una corrección de rumbo.
La regulación para el pacheco o la pacheca común consiste en meter al gran ojo del Estado en la relación que sostiene con la planta que hasta ahora era íntima. Y privilegia a la producción en cadena productiva y al consumo burgués.
Vivir es morir; todo lo que es regalar al cuerpo, ya sea que comamos, bebamos, cojamos, festejemos, nos intoxiquemos a voluntad y hoy día incluso salgamos a la calle, nos mina, nos corroe la vida. y nos mantiene en un estado permanente de inminencia impredecible. ¡Qué angustia! En esa paradoja habita el ser humano cuya diferencia con el resto de las especies animales es la conciencia sobre la muerte, que nos desata el deseo de vivir con el que nos autodestruimos.
Cada quien lidia con su ansiedad como mejor puede con las dosis que necesite. O se regala el estado de ánimo a placer. Eso es libertad. No así el dictamen en el que no se desplazó a la persecución y al castigo.
Nos ha costado un siglo de sangre entender que la prohibición no debió ser el camino que nos trajo hasta el estadio presente de violencia generalizada. Pero no ha sido ningún interés superior el que ha prevalecido en el dictamen, sino el lucrativo, escondido detrás del “enfoque de salud” con el que se tutela a las usuarias y usuarios. En el caso de la marihuana, que no tiene dosis letal, ¿a qué se le viene llamando consumo problemático?
¿Qué decanta esta Ley, a qué intereses o propósitos se pretende que sirva? ¿Qué concepción del Estado, visón de país y entendimiento de lo humano subyacen en ella? Toda vez que no se despenalizan plenamente ni la producción ni el consumo que siguen siendo sujetos. de sanciones penales
Resulta que prevalece el delito de posesión simple y el tetrahidrocannabinol, (THC) componente psicoactivo del cannabis sigue estando en la tabla de consumo de sustancias ilícitas. Veamos:
En una nota técnica elaborada por el abogado Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas del CIDE, sobre el dictamen de la Ley, se pregunta “¿qué explica que la prohibición incondicionada se suprima de la regulación administrativa (artículo 237 de la Ley General de Salud) pero se incorpore a la regulación penal (nuevo párrafo tercero del Código Penal Federal)? Tras mucha reflexión, la única razón que encuentro que explica satisfactoriamente esta insistencia, es que se está buscando dejar sin efectos el fallo de la Suprema Corte en el Caso SMART. Se trata de un subterfugio para evadir el control de constitucionalidad de las leyes ejercido por nuestro máximo tribunal. El principal pronunciamiento de la Corte en el caso SMART, fue precisamente la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta (sin condiciones ni calificativos) del cannabis contenida en el artículo 237 de la Ley General de Salud. Al trasladar dicha prohibición sin calificativos del artículo 237 de la LGS al 193 del CPF, se está manteniendo la prohibición absoluta de la planta -que la Suprema Corte ya determinó es inconstitucional- pero formalmente se está eliminando el texto legislativo declarado inconstitucional. Esto es, se está conservando substancialmente la norma declarada inconstitucional, modificando formalmente su ubicación.”
Se ha cometido un fraude, no es otra la palabra para denominar esta trampa legislativa al fallo de la Suprema Corte de Justicia. Quedó peor que antes, porque no es lo mismo un artículo de la Ley General de Salud, a uno en el Código Penal Federal. El promovente de este frankenstein es el senador por Morena Julio Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia.
Y otras absurdas limitaciones: ¿Por qué en mi casa sólo puedo cultivar hasta 4 plantas? ¿Por qué para juntarme con otros a fumar debo formar una asociació0n además no mayor a 20 personas, es decir inventariarnos como adictos en los registros del Estado? ¿Por qué no puedo trasladarla de mi casa a casa del alguien más a quien se la llevo de cortesía? ¿Cómo que el Ministerio Público puede entrar a mi casa a verificar si cumplo las normas y sólo tengo el número de plantas permitido?
Siendo hasta hoy un productor rural clandestino, ¿cómo voy a registrar mi semilla que sólo puede ser de origen legal, es decir que la tengo que comprar a transnacionales a precios inalcanzables? ¿Por qué con la Ley mi semilla automáticamente no se legaliza? ¿Cuál será mi capacidad competitiva? ¿Por qué las licencias son excluyentes y no puedo producir, procesar, transformar y distribuir hasta el consumo final, ¿cuál es el caso de fragmentar la cadena? O de plano se trata de cederle el lugar a la inversión extranjera, ni siquiera se favorece el crecimiento de la posible industria mexicana. ¿Se pretende producir con fines de exportación?
La iniciativa en los hechos no tiene manera de ser incluyente, sino que desplazará a la producción autóctona y encarecerá el consumo al menudeo. Nada que celebrar.
Los poderes que se le confieren a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, son de un régimen de terror.
Twitter @euphrasina
(gusto por la elocuencia)
