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SCJN revisará caso de niña violentada sexualmente en San Luis Potosí porque se le negó su derecho de acceso a la justicia

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  • La Primera Sala de la SCJN fijará criterios entorno al interés superior de niñas y niños
  • La señora Marcela Alemán tuvo que amarrarse a una silla en la sede de la CNDH para hacerse escuchar

Atenea Mejía

SemMéxico, Cd. de México, 28 de noviembre, 2020 – Luego de tres años que la niña Lia, cuando tenía cuatro años, fue víctima de diversos delitos sexuales por personal del colegio en el que estudiaba en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, y que hasta el momento no ha tenido acceso a la justicia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió atraer su caso y revisarlo para fijar criterios atendiendo el interés superior de niñas y niños.

La abogada Ana Katiria Suárez Castro, dio a conocer que este fallo de la SCJN convierte el caso de Lia en emblemático porque sentará antecedente para que en futuros casos similares las víctimas y sus familias pueden ejercer su derecho a la justicia de manera pronta y expedita.

El pleno de la Primera Sala de la SCJN, en su sesión del pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, determinó atraer el caso al resolver un recurso de reclamación interpuesto por la familia, ya que en un primer momento la misma instancia judicial consideró que no tenía facultades para revisar el expediente.

Lia, cuando tenía cuatro años fue violentada sexualmente por personal del Instituto Luis Gonzaga Urbina, donde estudiaba preescolar, pero a partir de entonces tanto ella, como su familia fueron revictimizadas porque el sistema judicial de San Luis Potosí en todo momento protegió a las personas victimarias, dijo Suárez Castro.

En conferencia de prensa al lado de Marcela Alemán y Roberto Cuello, madre y padre de la víctima, la abogada, dijo que en este caso actuaron con dolo y omisión autoridades de la fiscalía y del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, porque solo procesaron a una de las personas implicadas y por un solo delito, a quien al término del juicio la absolvieron, mientras que diversas instancias del Poder Judicial de la Federación confirmaron el fallo absolutorio, con lo que se le violentó a Lia su derecho al acceso a la justicia.

Recordó que hace tres años, la familia Cuello-Alemán inició una campaña desgarradora para exigir justicia para su hija “víctima de delitos atroces, todos de carácter sexual, en contra de la dignidad, del libro desarrollo psicosocial por parte, al menos, de tres personas identificadas y en este transitar se les ha negado la justicia en el estado de San Luis Potosí, por lo que han llevado una lucha exhaustiva para hacer que la voz de su hija sea escuchada, sin embargo, no ha sido así”.

Explicó que ahora, la resolución de la Primera Sala de la SCJN, presidida por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, ordena revisar este caso “para ser analizado y fijar criterios relacionados al interés superior de la menor por los delitos de carácter sexual”.

Lo anterior significa un gran paso tanto para la familia como para la víctima, “así como para todas las niñas y niños de este país dado que la falta de interés y compromiso del servicio público para atender a la justicia en el estado de San Luis Potosí provocó la intervención de la Suprema Corte para analizar de fondo la situación que colocó en una sentencia absolutoria a la detenida, agresora de la pequeña víctima”.

Desde un principio la Fiscalía de San Luis Potosí se negó en todo momento a escuchar a la víctima “y al final concluyeron que la víctima estaba mintiendo y no solo eso, sino que era posible que la familia de la víctima y que incluso estuviera lastimándola a ella para conseguir dinero, no hay argumento más atroz, más aberrante, más doloroso que ir en contra de la vid y la dignidad de un niña”, sostuvo la abogada Suárez Castro.

Añadió que la familia Cuello-Alemán se encuentra en calidad de desplazada en la ciudad de México, derivado de dos ataques de muerte que sufrieron en su estado, como represalia por haber levantado la voz por su hija, que cualquier padre lo hubiera hecho y no se van a detener, hoy estamos pidiendo la protección federal, porque tienen miedo, porque corren peligro, porque estos hechos tan atroces sabemos que no son hechos aislados”.

Consideró que luego que todos los caminos  la justicia han estado cerrados par Lia y su familia, “esta resolución de la Suprema Corte nos coloque en una posición de esperanza para las víctimas y es muy delicado que en un principio se le haya negado a la familia la posibilidad de que su caso sea revisado y después de promover un recurso de reclamación frente a la misma Corte haya sido por el ministro González Alcántara Carrancá, quien consideró que es un asunto tan delicado y tan doloroso que se debe atender al interés superior del menor que por supuesto se van avocar al estudio, porque ella lo merece y si ella lo merece todos debemos estar comprometidos con la valentía que ha tenido la víctima, para comunicar los hechos tan atroces, repulsivos y repugnantes que fueron cometidos en su cuerpo y en su dignidad”.

Por su parte, Marcela Alemán, madre de la víctima, comentó que fue un gran recorrer en busca de justicia hasta llegar a la Ciudad de México, pasar por la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, hasta llegar a la Suprema Corte, “donde están mis esperanzas que algún día pueda tener justicia para que mi niña”.

Ha sido un camino muy difícil, con desplazamientos, amenazas “nos hicieron muchas cosas en mi estado de San Luis Potosí, donde creíamos en la justicia, pero luego vimos cómo se violentaban los derechos humanos de una niña al acudir  un juicio y que aun así no le creyeron”.

Roberto Coello, padre de la niña Lia, dijo en la conferencia de prensa que “lo único que le prometimos a mi hija es justicia, por lo que nos trasladamos a la ciudad de México para buscarla, porque en SLP nos quedamos sin nada, éramos la burla de la justicia”.

Mientras Lia y su familia tuvieron que salir de San Luis Potosí en busca de justicia y para salvar su vida, el colegio en el que fue violentada la menor de edad, sigue operando con la protección de las autoridades estatales.

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