- Pide a las autoridades a no estigmatizar y criminalizar las manifestaciones
- Recomienda liberar el presupuesto aprobado del 2019 al Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre las mujeres y hombres”.
- Conmina a los o las responsables para crear Centros de Justicia para las Mujeres en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 02 diciembre 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la Recomendación General 43/2020 para el Estado Mexicano llama a cumplir con sus obligaciones en el acceso a la justicia a las víctimas directas e indirectas del feminicidio y otras violencias ejercidas contra ellas, y fortalecer las políticas públicas contra el feminicidio.
En primer lugar, le piden al Ejecutivo y gobernadores un pronunciamiento público y en conjunto, donde reconozcan la grave situación de violencia que viven las mujeres en el país y se comprometan, en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar todas aquellas acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra de las mujeres.
En un pronunciamiento público difundan a través de los diversos medios de comunicaciones oficiales y públicos, así como en las diversas redes sociales, esos compromisos.
El organismo destaca que para la recomendación contó con la colaboración de familiares de víctimas y colectivas de mujeres, incluidas las que ocuparon en su momento las oficinas de la calle de República de Cuba 60, tal como se había comprometido la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Recomienda a las autoridades del Estado se abstengan de estigmatizar y criminalizar a las y los ciudadanos que lleven a cabo manifestaciones, creando los protocolos de actuación aplicables en reuniones y manifestaciones sociales pacíficas, y que deberán estar armonizado con la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.
En la recomendación enfatiza que “nunca más las mujeres deberán ser silenciadas en sus demandas de derechos”.
Llama a privilegiar y fortalecer la participación de organizaciones de mujeres y las acciones que realizan para prevenir y atender el feminicidio, y todas las formas de violencia contra las mujeres.
La CNDH considera urgente frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas contra las mujeres que es el feminicidio, que en los primeros siete meses de este año se cometieron 549 feminicidios, de los 180 mil 646 casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual registrados en el territorio nacional.
El organismo ubica las raíces de la violencia en contra de las mujeres en las conductas “reiteradas y normalizadas a través del tiempo” como el machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas, que no han sido atendidos y corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano, y que configuran un atentado en contra de la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres.
Recomienda liberar presupuesto del 2019 al Anexo 13 y crear Centros de Justicia para las Mujeres
En el comunicado se especifica que es imperioso diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a una política pública integral y de carácter nacional, con enfoque de derechos humanos y de género para prevenir, atender y sancionar el feminicidio.
A la Secretaría de Gobernación – secretaría de la que depende el INMUJERES- demanda que se implementen las acciones para liberar todo el presupuesto asignado en 2019 en el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre las mujeres y hombres”.
Respecto a las Casas de la Mujer Indígena, recomienda se le otorgue el presupuesto asignado en el 2020 y que se asegure que en años subsecuentes se siga asignando dicho presupuesto.
Llama a crear Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades donde no existen, como en Baja California, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
También recomienda crear, adecuar o acondicionar Casas de Refugio en todos los estados de la República, a favor de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos y/o para aquellas mujeres que pertenezcan a colectivas o sean defensoras de derechos humanos o activistas.
En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES y sus homólogas en los estados, es necesario diseñar e implementar un Mecanismo Nacional de Protección Feminista Especializado para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Activistas, Representantes de Colectivas. Ellas brindan acompañamiento, protección o contención.
Entre otras recomendaciones, destaca realizar un diagnóstico operativo, así como de recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de la prevención, atención e investigación del feminicidio, para mejorarlos.
Propone un programa de capacitación y profesionalización permanente en materia de prevención, atención e investigación de violencia contra las mujeres en razón de género, que permita la asignación de recursos económicos a las dependencias locales encargadas de la prevención, atención e investigación de los delitos contra las mujeres. Así como generar una línea telefónica distinta al 911 para atender las emergencias de las mujeres.
Sensibilizar sobre las causas del feminicidio a las instituciones responsables de brindar atención inmediata a través de un programa de difusión y de carácter urgente, dar los apoyos correspondientes a las personas que hayan sido afectadas por esos delitos. Estas asistencias –becas, apoyos educativos, servicios médicos y psicológicos de emergencia— son medidas económicas y de desarrollo que deberán incluir educación, salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un ambiente sano y de seguridad social.
Para dar puntual seguimiento a la Recomendación, informa que se creará un mecanismo especial en conjunto con una institución académica y una organización de la sociedad civil.
La CNDH sostiene que espera que, a la brevedad, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, reconozcan la gravedad de las denuncias que presentan las mujeres y se ocupen de brindar soluciones, y no dilaciones, a todas las violencias generadas en su contra.
La recomendación fue dirigida y notificada al Gobierno de México y a los Poderes Legislativo y Judicial.
A la Fiscalía General de la República y Fiscalías Generales de las entidades federativas; a los Congresos locales; a las y los Organismos Protectores de derechos humanos de las entidades federativas; a la Universidad Nacional Autónoma de México y las Universidades Autónomas de los estados, al Instituto Politécnico Nacional; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas en los estados; también, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de protección a niños, jóvenes y adolescentes en todo el país.
