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Aprueban Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de Chiapas

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  • La elaboración del Protocolo una herramienta que permite la prevención de posibles violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres
  • Fomenta la igualdad, la no discriminación y la no violencia en el ámbito público.

Redacción

SemMéxico/Chiapas Paralelo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-4 de diciembre, 2020. En la cuarta y última sesión ordinaria de 2020 del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres (OPEPM),sus integrantes aprobaron el Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para el Estado de Chiapas, que tiene como propósito establecer las bases de actuación del Gobierno del Estado y sus dependencias, de los Ayuntamientos Municipales, de los organismos autónomos y entidades descentralizadas, para la implementación se uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como constituir una guía para las mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos político electorales.


La elaboración de este Protocolo, estuvo coordinada por la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, y contó con el apoyo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado y de demás instituciones que integran el Observatorio.


Las instituciones mencionaron que este instrumento facilitará la identificación y la documentación de la violencia política contra las mujeres en razón de género; permitirá definir mecanismos para orientar y, en su caso, brindar acompañamiento especializado a la posible víctima ante las autoridades competentes; señala las instancias que pueden conocer y, en su caso, sancionar este tipo de violencia; permitirá obtener un registro de los casos de víctimas a fin de permitir su análisis, facilitar su seguimiento, identificar patrones e implementar acciones que la inhiban y contribuyan a la erradicación de la impunidad que propicia la existencia de violencia política en razón de género en nuestra Entidad.


Anabel López Sánchez, Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social de Mujeres Indígenas del Instituto Nacional de las Mujeres, comentó acerca de la falta de participación de las mujeres indígenas en los procesos electorales y de la necesidad de diseñar lineamientos que favorezcan su inclusión en la vida política, máxime en Estados como Chiapas por el alto número de municipios indígenas con que cuenta.


Ante el inicio del proceso electoral en nuestra Entidad, se crearon tres Grupos de Trabajo: uno de ellos tendrá por objetivo dar seguimiento a las candidaturas indígenas durante el próximo proceso electoral y, en su caso, dará acompañamiento a las candidatas que lo requieran; otro grupo estará abocado a la difusión del Protocolo aprobado durante la sesión, y el tercero tendrá por objeto crear una base de datos de traductores e intérpretes de lenguas indígenaspara coadyuvar con las instituciones del Observatorio cuando así lo requieran.


Asimismo, se presentó el seguimiento a tres casos de violencia política en razón de género suscitados en el Estado, cuyas víctimas acudieron ante este Observatorio para solicitar asesoría. El primero, correspondiente a cinco diputadas que integran la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, por haber sido violentadas, en la mayoría de las veces, en redes sociales y medios de comunicación. El segundo, referente a la regidora Lucía N, del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, por no permitirle desarrollar la actividad propia de su cargo, y el último correspondió al asunto de la regidora del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Adriana N, por ser objeto de ataques que lastiman su imagen pública y la integridad de su familia.


Sin embargo, existen al menos dos casos de denuncias de violencia política de género denunciados durante este trienio. El primero hecho por Santos Hernández, exalcalde de Pantelhó, denunciado por dos mujeres por violencia política de género y abuso sexual.
El otro caso, hecha por regidoras del Ayuntamiento de Chalchihuitán, quien manifestaron que bajo engaños les fue obligado hacer su renuncia para disolver el ayuntamiento y colocar un Consejo Municipal.


Estuvieron presentes las y el Integrantes Permanentes, Celia Sofía Ruíz Olvera, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien preside el Observatorio; Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que tiene a su cargo la Secretaría Técnica, y María Mandiola Totoricaguena, Secretaria de Igualdad de Género del Gobierno del Estado, en su calidad de Vocal Ejecutiva.


A esta sesión asistieron Adín Antonio de León Gálvez, Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Arturo de León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral; Anabel López Sánchez, Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social de Mujeres Indígenas del Instituto Nacional de las Mujeres; Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Sofía Martínez de Castro, consejeras electorales que preside e integra la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; Hugo Gómez Estrada, Fiscal de Delitos Electorales; María Teresa Olvera Caballero, representante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva; Kyra Nuñez de León, Consejera Consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres; Patricia Díaz López, representante de la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas; Sofía Becerra Ruiz, Directora de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional Chiapas, y Marina Isabel Argueta Gómez, en representación de la Mtra. Sonia Catalina Álvarez, representante del Partido del Trabajo.

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