Impunidad/Violenciaviolencia

El gobierno de México sostiene la versión del pasado: Ernestina Ascencio Rosario no fue ultrajada por militares

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  • Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin informe de México
  • Asisten un representante menor de la SRE y el actual fiscal veracruzano en el gobierno de Morena

Ana Alicia Osorio González       

SemMéxico, Veracruz, Ver, 4 de diciembre 2020.- México no entregó el informe solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la audiencia celebrada este medio día. Y mantuvo la postura del sexenio pasado: “El estado considera que no se cometieron violaciones derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, señaló Hernán Cortés, fiscal veracruzano y representante del gobierno mexicano.  La comisión amplió el plazo del informe al 3 de enero próximo.

Ahí las organizaciones peticionarias pidieron al gobierno actual, que ninguna comunidad indígena sea ocupada por cuerpos militares y lamentaron la ausencia de información, la ratificación de la “verdad” histórica del gobierno veracruzano, que en 2007 encabezaba Fidel Herrera Beltrán.

De este modo el crimen contra Ernestina Ascencio Rosario, una indígena  agredida sexualmente hasta la muerte por  un piquete de soldados el 25 de febrero de 2007, sigue esperando justicia mientras que el gobierno de México se aferra que no hubo violaciones de derechos humanos y que todo se ha hecho bien. El caso fue hace 13 años en la sierra de Zongolica (Tetlazinga en Soledad de Atzompa). Ella aún agonizante logró decir quiénes eran sus agresores, pero tras su muerte todas las pruebas fueron desechadas y la versión oficial fue que murió por una gastritis (tal como declaró en su momento el expresidente Felipe Calderón Hinojosa).

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde este viernes se llevó a cabo una audiencia pública en la que organizaciones que piden justicia y el gobierno dieron sus argumentos. La audiencia fue transmitida también en náhuatl, el idioma que hablaba Ernestina Ascencio Rosario  y su comunidad.

El gobierno de México no entregó el informe solicitado y esperado sobre la situación del caso, por lo que solamente se presentó en la audiencia, el funcionario veracruzano, en representación del Estado Mexicano  para dar su versión de los hechos y argumentar que no se violaron derechos humanos.

Hernán Cortés, fiscal de Veracruz, donde gobierna Morena, dijo que el personal de peritos fue capacitado, que existían intérpretes en lenguas indígenas suficientes (aunque las organizaciones han denunciado varias veces que  no es así) y que se sancionaron personas que cometieron irregularidades en el cas, como fue perder las pruebas.

“Vamos a enviar toda la información necesaria para que tengan los elementos suficientes para poder pronunciar sobre este caso”, sentenció Cristopher Ballinas Valdés representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quien la solapa de su traje estaba adornada con un moño naranja, ese que simboliza el combate a la violencia contra las mujeres y que el funcionariado usa cual uniforme los días 25 de cada mes.

Por su parte Daniel Adalberto Pereyra Sánchez del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información justificó  el hecho de que no se entregaron los expedientes completos a quienes lo solicitan vía transparencia, e insistió que así lo marcan las leyes de Veracruz.

El Estado y las peticionarias tienen hasta el 3 de enero cuando deberán entregar toda la información faltante de las preguntas que hicieran las comisionadas y el relator sobre el caso.

Las comisionadas y el relator que estuvieron a cargo de la audiencia del caso presentaron sus dudas sobre el mismo, entre las que se incluye la razón por la cual el presidente de México se pronunció públicamente para dar una razón de la muerte de Ernestina y qué tan común es que eso suceda.

Antonia Urrejola fue la comisionada que presidió la audiencia y quien también señaló la necesidad de que el Gobierno de México aporte elementos sobre el trabajo que se realizó en el caso.

Algunas otras de las dudas fueron presentadas por la Comisionada Julissa Mantilla preguntando sobre cuáles son  si  las capacitaciones que se brindan a las fuerzas armadas y cómo se consulta a las comunidades indígenas para establecerse en las zonas; cuáles las  capacitaciones a peritos,  donde están las estadísticas de violencia sexual de parte de las fuerzas armadas y sus sanciones, recomendaciones  sobre los  derechos humanos  y de cuántos de intérpretes a lenguas indígenas habla el gobierno.

Además, señalaron que es necesario que el gobierno de México aclare la razón por la cual no existe una versión oficial que explique las heridas con objetos punzo cortantes que tenía Ernestina Ascencio Rosario.

La Comisionada Margaret May Macaday indicó que es necesario que se entreguen pruebas de la razón por la cual se hizo un segundo peritaje tan distinto al inicial y porqué se desecharon aquellas que apuntaban a una violación sexual.

Esmeralda Arosamena, comisionada de la CIDH, señaló que se requiere que se proporcione la información sobre las denuncias y sanciones que se hicieron a los peritos que inicialmente dijeron que había una violación sexual y los resultados de la misma.

El relator por la libertad de expresión Pedro Vaca cuestionó las leyes que evitan que se brinde información de los expedientes y la razón  por la cual el Estado argumenta que con ello se protege a la familia.

Carmen Herrera, representante de una de las organizaciones solicitantes, criticó la versión del Gobierno de México y dijo que esperaban que finalmente se  decidan a  impartir justicia.

“Lamentamos seriamente la posición que el Estado y lo que  ha traído a la audiencia. Teníamos expectativas,  de que no hubieran respondido el informe de fondo, no se hubieran posicionado sobre el fondo para mí iba esta tener otra posición a esta audiencia (…) Solamente se reafirma y se confirma la verdad histórica como se acostumbra en México, así se construye la  impunidad”, dijo.

“Un feminicidio por acción y omisión con las dimensiones de un crimen de Estado, perpetrado para no investigar a agentes militares cuya conducta estaba en cuestión, todo el poder de las instituciones y altas autoridades se articuló para ocultar los hechos y producir impunidad”, aseveró la también integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.

¿Qué piden las organizaciones?

Entre las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil en el caso de Ernestina Ascencio Rosario  se encuentran que se cree una comisión independiente que pueda esclarecer lo que sucedió.

Fabiola del Jurado, integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, señaló que esa comisión debería ser pagada por el gobierno de México e integrada por personas expertas.

Además, solicitó que existan sanciones a las personas responsables y una reparación del daño para la familia y la comunidad.

Añadió que se requiere de medidas para evitar que las mujeres indígenas sigan viviendo violencia por lo que el gobierno debe implementar medidas para ello.

Lizzeth Hernández Cruz, integrante del Kalli Luz Marina y una de las peticionarias, señaló que el territorio donde fue violentada Ernestina es una de las zona con mayor rezago social del país por lo que es necesario que se tomen en cuenta esas condiciones en cuestiones como la falta de acceso a servicios de salud ya que señaló que el primer hospital donde pidieron apoyo de emergencia se encontraba cerrado.

Además, Jurado se pronunció sobre la necesidad de que los pueblos indígenas no sean ocupados por militares. “Que ningún territorio indígena sea ocupado por militares a menos que las propias comunidades soliciten su presencia”, afirmó.

Marylin Ramón Medellín, integrante de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensas del Territorio de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y también peticionaria, aseguró que en múltiples ocasiones se establecen los batallones en espacios indígenas sin ningún consenso con los pueblos.

“Las políticas de militarización en los pueblos indígenas son violatorias a la libre determinación (…) ha tenido consecuencias perjudiciales para los pueblos indígenas”, indicó.

Alejandra Arlet García López, otra de las peticionarias, señaló que otro de los problemas ha sido que intentaron pedir el expediente completo del caso de Ernestina Ascencio y aunque han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, brindan información pero quitan las cuestiones básicas como los resultados de las periciales médicas, lo que implica que no puedan acceder a la verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá recibir las pruebas que presenten ambas partes y pronunciarse al respecto en breve sobre  este caso.

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