Por Sara Más
SemMéxico/SemLac. La Habana, Cuba. 07 de diciembre 2020.- A falta de una ley específica o de previsiones en las normas para enfrentar cualquier acto violento en Cuba, es posible aplicar algunas herramientas que no se aprovechan suficientemente, alertó Ivón Pérez Gutiérrez, profesora de Derecho Procesal y abogada litigante.
«Yo quisiera que hubiera una ley contra la violencia, pero no está incluida en el cronograma legislativo», señaló la jurista el pasado 30 de noviembre, durante la transmisión online de la conferencia «Herramientas en sede civil para abordar las violencias basadas en género», como parte de la Jornada contra la violencia de género y por los derechos humanos que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), del 25 de noviembre al 10 de diciembre.
La abogada instó al aprovechamiento óptimo de todas las posibilidades de las leyes actuales, incluidos principios, normas, medidas cautelares y todos los tipos de procesos, así como mecanismos eficaces de comunicación, resguardo y salvaguarda para que se cumpla lo que dicta el tribunal.
Aunque hay lagunas normativas, es posible acudir a principios como el derecho a la defensa, la independencia e imparcialidad de los tribunales, el interés superior del niño, la protección de quien presente situación de vulnerabilidad y la no revictimización, apuntó Pérez Gutiérrez.
«La revictimización es algo que, desafortunadamente, también sucede en ámbitos extrajudiciales, cuando por ejemplo se desestima la denuncia en la policía o no se logra empatía con la víctima», señaló.
Ahora con fundamento constitucional, el tribunal no puede abstenerse de conocer y tiene que actuar ante una supuesta vulneración de derecho, agregó la experta, defensora además de hacer una interpretación evolutiva o sociológica de la norma.
«Es muy importante que, en cada actuación en los tribunales, se hagan valer las posibilidades de la ley, el carácter educativo, ejemplarizante y preventivo de cada una de las actuaciones y la sentencia», indicó.
Remarcó, además, la necesidad de preparar y sensibilizar a jueces y juezas, para que dejen a un lado sus prejuicios y protejan a las víctimas.
La nueva Constitución, vigente desde 2019, es también una nueva herramienta de cara a las situaciones de violencia, a partir de considerar su aplicabilidad directa.
En ese sentido, exhortó a hacer valer principios, valores y derechos constitucionales como los de igualdad efectiva, no discriminación, disfrute de derechos, respeto a la diferencias, entre otros.
También apeló a la tutela judicial efectiva como instrumento de garantía para el acceso a los tribunales, que se observen las reglas del debido proceso, la ejecución y cumplimiento de las sentencias.
En el ámbito procesal, puede seguirse un proceso ordinario de reclamaciones que, ante un caso de violencia, podría apelarse a la violación de los derechos inherentes a la personalidad, como la intimidad o la integridad personal, acotó.
Igualmente, pueden emplearse medidas cautelares de carácter preventivo, aún de escasa aplicación, como órdenes de restricción; prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, familiares u otra personas; acudir a determinados lugares y establecimientos, entre otras.
La experta insistió, además, en el tratamiento, inter, multi y transdisciplinario, puesto que los conflictos relativos a la violencia no son estrictamente familiares, sino que irradian otros ámbitos como el laboral o el penal.
Entre los retos actuales, la profesora señaló la necesidad de contar con una ley especializada o previsiones en las leyes que incluyan postulados relativos a la violencia y ofrezcan otras herramientas para su prevención y enfrentamiento.
También, la sensibilización y capacitación en género y prevención de violencia, el trazado de una ruta crítica clara de a dónde acudir en busca de ayuda y poder considerar a la víctima como parte del proceso penal, ya que actualmente es representada por la Fiscalía, sin participación directa.
En su opinión, otros pasos necesarios son probar la violencia cuando no deja lesiones físicas y aprobar una tutela urgente que permita acortar los plazos establecidos y acelerar los procesos.
Finalmente, la jurista valoró que ante las imperfecciones legales, siempre será importante desarrollar la pericia profesional. «Ciertamente, las leyes actuales no son las mejores, pero tienen posibilidades y hay que saberlas explotar».
