¡No Más Impunidad!

Coautora de una iniciativa que agravaría la violencia por ataques con ácido.

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Redacción

Erandi León Tierranueva

SemMéxico, Cd. de México, 21 marzo 2019.- “Mi nombre es María del Carmen Sánchez, tengo 35 años y soy sobreviviente a un ataque con ácido por parte del padre de mi hija”.

Hace cinco años, su ahora ex pareja llegó a la casa donde Carmen Sánchez se había ido a refugiar con sus padres y hermanos en Ixtapaluca, Estado de México. Tras una discusión de poco más de 20 minutos, cuando él se dirigía a la salida, “voltea, saca una botella que traía debajo de su chamarra, la abre y me la avienta”. En ese momento le quema toda la parte derecha de su cara, cuello, tórax, pecho y brazo.

Carmen Sánchez lleva puesta una sudadera deportiva de cuello largo que ayuda a no exponer las quemaduras que le han destrozado gran parte de su piel. “Una cuarta parte de mi pierna derecha me la han quitado para injertármela, lo que yo tengo en el cuello es pierna”, comenta con fuerza y ánimo, pese a las 50 cirugías a las que se ha sometido para tratar de reconstruir su cuerpo.

Recuerda que aproximadamente 15 minutos después de la agresión, sus familiares la llevaron al hospital más cercano donde se desconocía el procedimiento para manejar este tipo de quemaduras, “Llegué, me metieron a un cuarto y con agua a presión me lavaron. Posteriormente me pusieron una pomada, me vendaron y me dejaron así más de 13 horas”. El ácido seguía maltratando su piel.

No fue sino hasta que la trasladaron al hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México, donde tienen la especialidad en quemaduras, cuando le quitaron las vendas y le hicieron lavados quirúrgicos.

“Estuve en ese hospital ocho meses. Yo creo que castigada, castigada al no ver a mis hijas, a mi familia, sólo iba una de mis hermanas diariamente, yo no podía salir. Me vi muy mal, ese ataque con ácido puso en riesgo mi vida”.

Hoy, a más de cuatro años de lucha, Carmen Sánchez no ha encontrado justicia para ella y sus hijas. La impunidad con que las autoridades han manejado el caso desde que interpuso la denuncia en 2014, no ha cedido.  

“Después de que atravieso todo ese viacrucis, llegar a las autoridades fue algo muy complicado. Le dieron seguimiento como medio año al caso y después mi carpeta desaparece en el Ministerio Público de Ixtapaluca, que fue donde interpuse la denuncia”.

La carpeta de investigación estuvo “extraviada” por cuatro años, tiempo en el que las autoridades locales alegaban “que no existía un expediente con ese número, que ahí no estaba, que había desaparecido”.

Fue hasta el Día de la Mujer del año pasado (8 de marzo de 2018) cuando Carmen tuvo la oportunidad de estar en el Senado, donde conoció y abordó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, “le expliqué mi caso, le dije que necesitaba su apoyo, que necesitaba encontrar mi carpeta y saber qué había pasado con ella”.

Posterior a ese encuentro, su carpeta aparece en la Fiscalía General de Amecameca. Ahí se dieron cuenta que únicamente estaba el diagnóstico del médico legista, quien “especificaba que la víctima no necesitaba hospitalización, pues las lesiones no eran tan graves ya que no ponían en riesgo su vida”. En este entonces, el delito fue clasificado como lesiones dolosas.

El pasado 14 de marzo, la diputada Alessandra Rojo de la Vega (PVEM) presentó junto con Carmen Sánchez y Ana Helena Saldaña (víctima también de un ataque con ácido) una iniciativa para tipificar las lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, estableciendo como agravante del delito los ataques con ácido y sustancias corrosivas para el Código Penal de la Ciudad de México, pues actualmente no está tipificado como delito los ataques con ácido en ningún código, teniendo como resultado que las autoridades lo clasifiquen sólo como lesiones.

“Está iniciativa que presentamos tiene como objetivo castigar hasta con 14 años de prisión a quien lesione con sustancias corrosivas a mujeres. Por esto hago un llamado para que todas y todos los diputados federales y locales se unan y nos ayuden a empujarla”, expone Carmen Sánchez.

Cuando comenzó a buscar otros casos similares al suyo, no aparecían documentados aquí en México, pero sí había más. El problema es que como las autoridades no hacen nada, las y los agresores piensan que no serán castigados, asegura.

“En mi comunidad se me han acercado muchas mujeres, amigas y personas que no conozco, para decirme que sus maridos las han amenazado con aventarles ácido, y lo hacen porque saben que no los buscan ni los detienen”. Lo que provoca que no haya denuncias y por lo tanto un nulo registro de este tipo de hechos.

En México apenas están registrados tres ataques con ácido contra mujeres en los últimos años, los cuales se han presentado en Puebla, Estado de México y la capital del país. Pese a no existir cifras oficiales por parte del Sistema Nacional de Seguridad, institución que ofrece estadísticas sobre delitos, se tiene conocimiento que es un crimen en expansión, sobre todo por la facilidad con la que se consiguen este tipo de sustancias y la presencia casi nula de justicia por no estar clasificado como un delito propio.

En este contexto, María del Carmen Sánchez ya había vivido la impunidad institucional tiempo atrás, pues había denunciado a su pareja por agresiones y violencia psicológica sin ningún resultado, “Cuando yo lo conocí tenía 17 años y él 34. De inmediato nos fuimos a vivir a la (alcaldía) Gustavo A. Madero, y pese a ser un hombre muy callado, la violencia con él comenzó a ser psicológica: me amenazaba, me escondía a las niñas, entre otras agresiones.

“No fue hasta cuando me atacó con un picahielos que lo denuncié ante el Ministerio Público”. La imputación sólo quedó como una denuncia de hechos, “Con el tiempo te vas dando cuenta y dices ‘me privaron de mis derechos, de mi derecho a conocer las herramientas a mi disposición’”. 

Para comienzos de 2018, y ya con el apoyo de la CNDH, y el contacto que ella había solicitado a la fundación Natalia Ponce de León en Colombia, quienes la enlazaron con agentes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) del país sureño, y de la propia Procuraduría General de la República (PGR), la investigación avanzó, pero un mal manejo de la información y la poca disposición de las autoridades para cooperar en el arresto, frustró la oportunidad que se había buscado por cinco años.

“La PGN de Colombia tenía ya información clave, sólo necesitaban que las autoridades les compartieran la orden, porque si no, no lo podían hacer”. Sin embargo, esto nunca sucedió. Carmen asegura que se hizo un mal trabajo, un mal trabajo desde un inicio.  

Posterior a estos hechos, la carpeta fue mandada a la Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género en Amecameca, donde apenas se ha logrado una nueva clasificación de lesiones.

María del Carmen Sánchez comenta que la institución que sí la ha apoyado, desde hace un año, ha sido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), quien le ha brindado atención psicológica para ella y sus hijas, además de asesorarla legalmente.

“Gracias a ella cuento con el botón de pánico y las visitas domiciliarias de los policías municipales”, aunque aclara que hasta el momento no ha recibido ninguna visita.

“A mí me gustaría hacerle una invitación a mi presidenta municipal (Maricela Serrano Hernández), para que nos abran las puertas, que les abra las puertas a las mujeres de Ixtapaluca para acceder a la justicia. En mi caso tiene cinco años que me prometieron que lo iban a atrapar y no lo han hecho, por eso es que no me quedo callada”, asevera.

“Tengo miedo, porque él es capaz de hacer daño, no es una persona sana que pueda andar libremente”.

Recuerda que cuando estaba en el hospital, su agresor les mandaba mensajes de texto a sus hermanas para intimidarlas. Apenas, en noviembre del año pasado cuando fue a ampliar su declaración recibió una llamada de una mujer amenazándola, diciéndole que él no se olvidaba de ella.

“Esas cosas que pasan son las que a mí me llenan de miedo, pero a la vez de fortaleza para seguir con esto, para que lo detengan y se me haga justicia, porque no es posible que todo esto que me hicieron sólo haya sido clasificado como lesiones dolosas y se quede así”.

Sánchez insiste que ante la ola de impunidad que le ha tocado vivir, es importante apoyar ese tipo de iniciativas, como la presentada la semana pasada. “Tienen que saber que hay una nueva ley, que sí habrá castigo para este tipo de agresores, y no sólo hombres, también hay mujeres que hacen daño, en otros países hay hombres que han sido quemados con ácido, entonces el castigo lo tiene que tener cualquier persona”.

María del Carmen Sánchez busca justicia para las mujeres, para ella y sus hijas. “Debo devolverles la libertad a mis hijas que les quite hace cinco años. Yo he luchado mucho, no me he quedado parada, me ha costado mucho trabajo y no me da pena decirlo. No me da pena porque a mí no me quemaron por robar, por violar, por nada de eso, a mí me quemaron por ser una persona que no conocía sus derechos y vivir en un ambiente de impunidad que nos está devorando a todas”.

SEM/elt/sj

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