SemMéxico/Testigo Púrpura, Veracruz, 16 marzo 2019.- En el 2018, 40 mujeres necesitaron y obtuvieron una orden de protección o hacer que su casa fuera vigilada por la policía para evitar que sus agresores se acercaran y las intimidaran.
Las órdenes de protección son parte de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, no todas las mujeres lo saben y no todas las autoridades las ayudan a obtenerlas. Así le pasó a Nayeli, a quien se le cambió el nombre por seguridad.
Su exnovio se negaba a entender que debía dejar de buscarla y aunque ella se lo decía de una y otra manera, el acoso, ingresar ilegalmente a su casa, llegar afuera de su trabajo y amenazarla para que saliera a verlo, seguirla a todas partes, se habían vuelto parte de una rutina en la que ella estaba en riesgo.
Difamaciones con su familia para que la obligaran a casarse, acusaciones falsas en su trabajo y escuela, jaloneos y persecuciones afuera de lugares público también se volvieron parte de su vida.
Una noche la sorprendió afuera de su automóvil, la jaloneó y estrelló una piedra muy pesada en el parabrisas mientras Nayeli intentaba escapar. Él la amenazó de muerte.
Como pudo Nayeli llegó con sus amigas y fue directo al Ministerio Público (ahora Fiscalía) donde solo se preocuparon porque le pagaran los daños del carro y hacer una conciliación.
Nayeli vivió todo eso hace 10 años, cuando la Ley que la protege había sido decretada unos meses atrás, en la que podía tener una orden de protección.
Ella la pidió una y otra vez al funcionario que atendió su caso, pero fue ignorada y no supo qué más podía hacer.
“Me acuerdo que el conciliador dijo ‘no podemos poner tal cual que tiene miedo de que la mate’ y yo dije por qué no si ya me queda claro que él es capaz de cualquier cosa y además él me amenazó”, contó.
“Yo pedía que quedara asentado que me dejara en paz, les dije yo ya no sé cómo decirle que ya no quiero tener una relación con él, que ya no quiero que me moleste”, añadió.
¿Qué dice la ley?
La forma en que actuaron los funcionarios que atendieron a Nayeli fue errada, pues según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se deben conciliar los casos de violencia de género.
Además, ella tenía derecho a la orden de protección que solicitaba y que podía ser de emergencia o preventiva (según los tipos de medidas que le mandaran).
“Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”, señala la citada ley.
Al haber notificado al funcionario de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), según el Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, él mismo podría haber mandado algunas medidas como apercibir a su agresor u ordenar que la policía vigilara su casa.
Ese funcionario también debió solicitar al juzgado medidas adicionales, quien tenía que analizar y notificar a Nayeli la resolución.
Como él no lo hizo, ella tenía derecho a presentar de manera directa ante el juzgado la solicitud, pero tampoco le informaron.
Según el Banco Estatal de Datos del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de las 40 órdenes de protección emitidas durante el 2018, todas fueron solicitadas por Ministerios Públicos (o Fiscalías) Especializadas o Investigadoras. Ninguna fue pedida directamente por las mujeres.
Peligran las mujeres
Al sentirse decepcionada de la forma en que fue tratada en el Ministerio Público, Nayeli buscó al DIF municipal y al área encargada de atención a las mujeres pero tampoco tuvo ninguna respuesta ni asesoría que le permitiera algún mecanismo para mantener lejos a su agresor.
Nayeli no volvió a ver a su exnovio después de la conciliación pero no por eso cesó el acoso, el hostigamiento y el temor.
A la denuncia y la falta de atención les siguieron llamadas a sus amistades, violencia psicológica, acoso en internet colocando fotografías suyas, correos a sus jefes, persecuciones y difamaciones que hicieron que Nayeli optara por irse del estado de Veracruz durante un par de años.
“Me fui como una forma de que eso parara, me fui sin decirle a muchas personas que yo me iba (…) era una desesperación muy grande porque sí de hecho yo terminé con ataques de ansiedad, terminé un día llegando a la Cruz Roja diciendo que me estaba dando un paro cardiaco porque tenía entumido el brazo (…) me dijeron que tenía ataques de ansiedad por la misma situación porque ya no sabía ni por donde me iba a llegar el golpe”, narró.
Según la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, si hubiera existido una orden de protección y no fuera respetada, él podría haber sido arrestado durante 36 horas y tenido más prohibiciones para que no la molestara ni se acercara a ella.
El Banco Estatal de Datos señala que de las 40 órdenes del año pasado, 30 están siendo cumplidas, nueve ya terminaron y de una más no tienen registro.
Sin embargo, según dicho Banco solamente fueron entregadas las órdenes a 0.79 por ciento de las cinco mil 3 mujeres que llegaron a las dependencias del estado de Veracruz por violencia de género.
La Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz señala que es necesario valorar, implementar y monitorear las órdenes de protección para garantizar su efectividad.
Aún sin el apoyo de las autoridades, Nayeli regresó a Veracruz e intentó rehacer su vida entre noticias y acoso esporádico en las redes sociales que cesó hasta años después.
Pero además buscó reponerse de la violencia de género investigando, conociendo e involucrándose en el activismo para intentar informar a otras mujeres y que no pasen lo que ella tuvo que vivir sola.
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