Sara Lovera
SemMéxico. Cd. De México. 26 de febrero de 2019.- Todas las instituciones responsables de impartir justicia, no lo hicieron; tampoco se oyó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Estado Mexicano está en falta, debe reponer investigación, identificar y sancionar a quienes resulten responsables, “por ello vamos a ir a ver, si con el cambio de administración, se da respuesta y se cumple”. Piden audiencia al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
Era la voz de María Adriana Fuentes Manzo, abogada del grupo Equifonía, en esa mesa del Foro Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad en el piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. El caso: feminicidio sin justicia, desde 2012, hace 7 años, de la joven de 20 años, Pilar Argüello Trujillo, una veracruzana entre decenas asesinadas en el Estado de Veracruz. El probable responsable está libre por la acción de un juez.
Su voz, firme, representa las voces y las angustias de los padres de la joven de Coscomatepec, uno de los 133 municipios de aquella entidad. Donde la ley, “está torcida”, como dijo una de las participantes en el Foro. Ahora es tiempo de cumplir, una reiteración, que obliga a tomar las recomendaciones, de este caso, para otros similares. Eso debe considerar el canciller.
El Comité de la CEDAW urgió al Estado Mexicano, desde el 21 de julio de 2017, 5 años después del feminicidio, que reanudara la investigación, en un plazo razonable, para identificar y eliminar los obstáculos de jure o de facto que lo hayan impedido, aclarar las circunstancias del delito e identificar a los criminales. También se hizo una recomendación al IX informe de México ante la CEDAW, apenas el año pasado.
Se agrega, a la de 2017, que se acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, para alentar la resolución de otros casos similares en el futuro.
Se busca el acceso a la justicia a que está obligado el Estado mexicano y por tanto la nueva administración, e incluye: hacer funcionar los procedimientos de cada investigación de feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los criminales; trabajar un cambio estructural en el sistema de justicia por homicidios en razón de género, capacitar a policías, ministerios públicos, fiscales y jueces; eliminar las deficiencias del sistema y acabar con la impunidad.
Nada, relata la abogada que representa a Reyna Trujillo Reyes y a Pedro Argüello Morales, madre y padre de la víctima, víctimas ellos. El acuerdo del comité de la CEDAW con el número 75/214, deberá revisarse, hacer las gestiones necesarias y garantizar la reposición de la investigación abandonada.
La abogada, Coordinadora del Área Jurídica de Equifonía, Colectivo para la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C., explicó que esa recomendación era para cumplirse en 6 meses, y que se reconociera la gravedad de la violencia que se vive en Veracruz, dijo, en la que por cierto siguen ocurriendo, sin parar, feminicidios e impunidad.
Había esperado casi 4 horas para plantear el asunto, puesto que ahí estaban esas mujeres, madres, hermanas, hijas de las mujeres asesinadas en todo el país. Escuchado, que cómo este feminicidio, viven burocracia e impunidad, donde las autoridades ni ven ni oyen.
Hoy es el momento, dijo, para dos cosas, para que el caso sea retomado, se le dé celeridad y se reponga toda la investigación. El momento, en la nueva administración, para mostrar su voluntad política y también para que se sepa que las tremendas omisiones, o actos de indiferencia o corruptelas, pueden ser llevadas a la justicia internacional. Que se enteren esas mujeres presentes en el Foro.
6 Recomendaciones para este caso, pero son nacionales
1. Reanudar la investigación del asesinato de Pilar Argüello Trujillo, quitar obstáculos e identificar a los autores del feminicidio.
2. Cumplir con el artículo 8 del Protocolo Facultativo firmado por México.
3. Garantizar el funcionamiento de procedimientos adecuados (eficientes, imparciales e independientes) para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra las mujeres, especialmente en el caso de feminicidio.
4. Detectar y eliminar trabas estructurales que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de los homicidios de mujeres en razón de género. Investigaciones penales con seguimiento judicial, constante, sin escatimar esfuerzos para lograr el castigo a los autores.
5. Hacer programas que garanticen efectivamente formación y capacitación a todos los agentes estatales que participan en las investigaciones, dirigidos a policía, fiscales y jueces. Identificar ineficacias y deficiencias en la investigación, para evitar la impunidad. Profundizar causas y consecuencias de las formas de violencia feminicida.
6. Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y todas las garantías legales de protección a familiares.
El Estado Mexicano debe dar respuesta, informar sobre medidas adoptadas en los próximos 6 meses. Eso fue el 21 de julio de 2017, hace un año y 7 meses.
Antecedentes y hechos
Pilar tenía 20 años, vivía con su familia, en Coscomatepec, una pequeña ciudad ubicada en la región de las altas montañas del estado de Veracruz. Su familia la recuerda como una joven alegre, trabajadora, que era muy cercana al más pequeño de sus hermanos. Su papá, don Pedro Argüello, recuerda la tarde de aquel domingo 2 de septiembre de 2012, cuando antes de salir de su casa se despidió de él. Fue la última vez que la vio con vida. Algunas de sus amistades refieren que había iniciado una relación de noviazgo con quien es señalado como el posible agresor.
Ese 2 de septiembre, Pilar salió caminando hacia el centro de la ciudad, sus papás esperaban que regresara por la noche; como no tuvieron noticias de ella creyeron que “se había ido” con su novio. El martes por la mañana, cuando su papá iba en la calle, escuchó a un vendedor ambulante que vendía el periódico de la región, donde anunciaba la noticia de la aparición del cuerpo de una joven asesinada, inmediatamente sintió miedo por su hija y pidió prestado el periódico, donde constató que la joven de las fotografías que iban en la nota era Pilar. Ese mismo día la madre de Pilar, doña Reyna Trujillo, reconoce el cuerpo sin vida de su hija.
Para ese entonces la investigación ministerial ya había iniciado, sus padres se enteraron que el mismo 4 de septiembre de 2012 había sido detenido el probable agresor.
El probable agresor, fue entrevistado y durante la madrugada del 5 de septiembre confesó su delito, para horas más tarde participar en una reconstrucción de los hechos relatados por él en su confesión.
Debido a que aún era menor de edad, se le impuso la medida cautelar de detención provisional en el Centro de Internamiento Especializado para adolescentes.
La familia de Pilar estuvo al tanto del proceso, incluso personal de la Fiscalía adscrita al Juzgado de responsabilidad juvenil del estado de Veracruz les aseguraba que era un caso resuelto y que no era necesario que los asistiera un abogado porque sus representantes eran ellos. Aun así, Guadalupe, una de las hermanas de Pilar, llamaba constantemente al mencionado Juzgado, para mantener al tanto a su familia.
Sin embargo, aproximadamente a los dos meses de la detención del probable agresor, en una de las llamadas que hicieron, se enteraron que el probable responsable sería liberado. El fiscal adscrito apela esa decisión y se turna a la sala, que firma el fallo de la no responsabilidad y el presunto agresor es liberado.
Durante este proceso, Equifonía dio el acompañamiento a la familia y fue hasta la liberación del presunto responsable, fue que les solicitaron intervención jurídica para la exigencia de justicia.
Una vez agotadas las instancias locales, y debido a la inactividad de las instituciones responsables del esclarecimiento del feminicidio de Pilar, junto con la familia acordaron presentar un procedimiento especial ante el Comité de la CEDAW, bajo su protocolo facultativo. Sabían que sería un largo camino para la exigencia.
Este proceso inició en el mes de agosto del año 2014 y fue admitido por el Comité en julio de 2017, emitiendo 6 recomendaciones al Estado mexicano. La primera de ellas implica la reapertura de la investigación para garantizar verdad y justicia para Pilar y sus familiares; las siguientes 5 se relacionan con la urgencia de mejorar el sistema de impartición de justicia en Veracruz y en todo el país.
Hoy es claro que esas recomendaciones nunca se cumplieron. La del IX informe tampoco, dice la abogada, y remata: ahora veremos.
