Pensar que se suma un octavo mes sin que tenga justicia ahonda la tristeza.

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Nadia Altamirano

SemMéxico. Oaxaca. 2 de febrero de 2019.- Impunidad, burocracia y desatención oficial es lo que se ha acumulado en torno a la muerte violenta de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, la ex regidora Pamela Terán y su chófer Adelfo Guerra, ocurridas el pasado 2 de junio en Juchitán de Zaragoza.

La periodista Soledad Jarquín Edgar reprochó que a ocho meses del triple asesinato no haya un sólo responsable detenido y que el crimen no fuera atraído por la entonces Procuraduría General de la República. 

Su aseveración la funda en la sospecha de la participación del crimen organizado en el asesinato y el tipo de armas de grueso calibre que se utilizaron.

Larga espera

Desde que asesinaron a su hija María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza, la periodista Soledad Jarquín Edgar denunció el desvió de recursos que se gestó desde la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), donde el ex titular Francisco Montero López la comisionó de manera ilegal a cubrir la campaña política de su hermano Hageo Montero a la presidencia de Juchitlán.

Si en su calidad de jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural María del Sol no hubiera aceptado ir sin viáticos ni hoja de comisión, perdía el trabajo.

Ese delito electoral ya fue reconocido por los tribunales Estatal Electoral de Oaxaca y el Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero en Oaxaca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales no ha judicializado la carpeta de investigación. Un mes atrás Soledad Jarquín exigió la destitución de su titular, Araceli López Pinelo López, pero “mis peticiones se las lleva el viento”.

Aún así, con el cinismo institucional al que se ha enfrentado en estos ocho meses no se quiso quedar sin expresar su desacuerdo con Rubén Vasconcelos Méndez en la Fiscalía General del Estado, quien “no puede seguir prometiendo lo que no puede cumplir”. 

Sin culpables

El trabajo de investigación de esa Fiscalía permitió que en septiembre pasado Jehú G. L. fuera liberado por falta de pruebas.

Desde esa detención no ha existido un detenido más porque “las autoridades no han hecho su trabajo, sigo esperando resultados, no hay  indicios de quienes cometieron ese triple asesinato”, recrimina Jarquín Edgar, acorazada de mucha paciencia y desesperación.

La inacción oficial ya no le sorprende: “No me extraña que no pase nada porque yo le he escrito tres cartas al gobernador Alejandro Murat, pero no le interesa lo que la gente le demanda, si tuviera interés hubiera cumplido con su ofrecimiento de dar justicia pronta y expedita”.

Recordó que en marzo de 2017 el gobernador se reunió con un grupo de madres a quienes les asesinaron sus hijas. A ellas les dijo “que se iban a reunir cada 30 días” y no volvió a recibirlas. “Si el gobernador actúa así, lo mismo hacen sus funcionarios”.

Pensar que se suma un octavo mes sin que tenga justicia ahonda la tristeza “y el enorme vacío” que para su familia y ella provocó la muerte de una de sus tres hijas, pero con quien más compartió proyectos profesionales al tenerla como compañera.

“Quisiera que las autoridades me callaran la boca, pero ni como personas ni funcionarios tienen alguna disposición en que en este triple asesinato llegue la justicia”, lamentó Soledad Jarquín.

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