- Antes de que termine febrero deberá haber un dictamen, tienen una gran oportunidad.
- Firman petición organizaciones civiles y mujeres de México y el mundo
Libertad López
SemMéxico, Cd. de México, 21 de febrero, 2021.- La discusión de las iniciativas que el Congreso de Quintana Roo analiza para terminar con la criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo deben realizarse con estricto apego a las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibiidad y progresividad, afirma la petición que Gobernanza MX lanzó en Change.org a ese congreso, y que este domingo tiene más de mil adhesiones.
Las 26 colectivas feministas de Quintana Roo, cumplieron 2 meses desde que tomaron las instalaciones del Congreso y ofrecieron participar en las mesas de trabajo donde se discuten varias -5 al menos- iniciativas que se fueron acumulando desde 2017.
El documento que circula nacional e internacionalmente, busca poner fin a la criminalización de las mujeres destacando que además es un problema de salud pública.
Explica que diversas instituciones del Gobierno Federal concuerdan que el Estado de Quintana Roo se encuentra ante una oportunidad crucial, no sólo para llevar al centro de la discusión los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres quintanarroenses, sino para garantizarlos y hacerlos exigibles.
Para ello han enviado Opiniones Técnicas a las y los Diputados de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo en las que celebran el sentido de las iniciativas para poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo y a hacer efectivos sus derechos a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su sexualidad, reproducción y proyectos de vida.
A través de dichas opiniones solicitan se dirija y promueva el análisis de estas discusiones con estricto apego a las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibiidad y progresividad.
De acuerdo con el Art. 1° constitucional, todas las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional y, por ello, constituyen la norma suprema de la Nación. Con base en el principio pro persona, las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a interpretar los derechos humanos favoreciendo en todo momento la aplicación que brinde una protección más amplia al derecho humano en cuestión. En este sentido, la restricción del aborto y su criminalización constituyen una violación a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
El Comité CEDAW, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha pedido a los Estados, a través de su jurisprudencia, observaciones y recomendaciones generales, que revisen la legislación nacional a fin de despenalizar la interrupción del embarazo.
Sostiene la petición que el aborto es un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. En nuestro país representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. Las complicaciones y muertes por aborto se consideran evitables, según la evidencia científica, desde la cual se ha documentado que a mayor restricción legal, es mayor la cantidad de prácticas inseguras de aborto. Por ello, los servicios de aborto seguro forman parte de los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva y representan el cumplimiento del Estado Mexicano a los mandatos de nuestra Constitución y a los diversos tratados internacionales a los que se encuentra obligado.
La penalización del aborto transmite un mensaje contundente y estigmatizado, relacionado con el “castigo ejemplar” contra las mujeres y niñas por decidir sobre su sexualidad y reproducción. Además, desde un análisis interseccional, la criminalización tiene un impacto mayor en mujeres y niñas que viven violencia sexual, familiar e incluso institucional, desventajas sociales y económicas, falta de acceso a servicios de salud y/o a información sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.
Las instituciones firmantes destacan la activa participación de las organizaciones y colectivas feministas del Estado, ya que su papel ha sido clave para el avance de la agenda de derechos humanos de las niñas y las mujeres lo cual redunda en el fortalecimiento de la democracia en el Estado.
