Basilia Castañeda Maciel
26 de marzo de 2021
A todos los medios de comunicación y personas que han dado seguimiento a mi exigencia de justicia y defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito político, en primer lugar, les agradezco el respeto a mi solicitud de no brindar entrevistas y permitir que, en estos días que son cruciales para garantizar mi protección desde el ámbito jurídico, las abogadas que me representan en esta nueva denuncia Andrea Medina Rosas y Fátima López Iturríos, no brinden entrevistas. En segundo lugar, les comunico lo siguiente:
El día de hoy, 26 de marzo de 2021, presenté ante el INE una denuncia por hechos de violencia política en razón de género, que se han cometido en mi contra por parte de:
1. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y fundador de MORENA; y
2. Ricardo Monreal Ávila, Senador y Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,
3. Mario Delgado Carrillo, Diputado Federal con licencia y Presidente del Comité Ejecutivo de MORENA;
4. Urbano Barrera, periodista de Ovaciones;
5. Persona directiva o representante legal de la Central Informativa de Guerrero;
6. Miguel Ángel Ontiveros o quien resulte propietario de su cuenta de perfil de Facebook;
7. Comité Ejecutivo de MORENA o persona directiva de Regeneración mx.
Estas personas y medios de comunicación me han obstaculizado el acceso a la justicia para proteger mi derecho político de exigir que se investigue y garantice el perfil de representantes que hemos definido como el mínimo adecuado en el partido político en el que milito, MORENA, al ejercer actos de violencia simbólica y psicológica en mi contra, al difamar calumniar, injuriar y realizar expresiones que me denigran y descalifican, pero también a todas las mujeres que ejercemos funciones políticas dentro de nuestro partido político, con base en estereotipos de género. Las acciones que ellos han realizado tienen como resultado menoscabar mi imagen pública, así como limitar y anular mis derechos.
La campaña pública que han emprendido y realizado, desacreditando mi denuncia, sin ni siquiera escucharme personalmente, la han ampliado a dos de las hijas de mi esposo Reynaldo Soria Juárez, a quien también han calumniado y criminalizado gravemente. Han utilizado las imágenes de Nachelli Soria Morales para afirmar, falsamente, que soy yo, y al denigrarme a mi, han extendido las calumnias y difamación a las otras personas que integran mi familia y que están también en el ejercicio de sus derechos políticos, como es con Coyolxauhqui Soria Morales quien, como diputada federal suplente, tomó posesión del cargo en este mes ante la licencia de su propietaria.
Además de la violación directa a mi derecho de presunción de buena fe, como parte de los obstáculos para acceder a la justicia para proteger mi derecho político de exigir que se investigue y garantice el perfil de representantes que hemos definido como el mínimo adecuado en el partido político en el que milito, MORENA, también estas personas y medios de comunicación han desacreditado, difamado y calumniado a varias de las abogadas que se nombraron como mis representantes en el proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ).
Las afirmaciones en sus ruedas de prensa, en sus comunicaciones oficiales desde los cargos de partido y públicos que ostentan, así como las notas de prensa falsas y calumniosas que han sido reproducidas por más medios de comunicación, influencers de Youtube y en diversas redes sociales, principalmente Facebook, constituyen violencia simbólica y psicológica. La violencia simbólica son actos u omisiones que tienen como objeto o resultado disciplinar a otros y confirmar el lugar en la jerarquía social de un individuo o grupo social, consolidada a través de la construcción y reproducción de estereotipos y prejuicios, tanto discriminatorios para unas personas, como de privilegios para otras. Por lo tanto, la violencia simbólica puede ser mucho más poderosa que la violencia física puesto que está inmersa en la cultura y al confirmar prejuicios y estereotipos comunes, no sólo muchas personas no la identifican, sino que además para otras personas parecerá lo correcto. El resultado que tiene no sólo es directo en mi contra como persona en lo individual, abarca también a mi familia, a las abogadas que me representan y a todas aquellas mujeres que ejercemos nuestros derechos políticos y que denunciamos el incumplimiento de la ley al interior de nuestros partidos.
También el día de hoy, 26 de marzo de 2021, a las 9:30 horas, Félix Salgado Macedonio convocó a un acto de campaña como candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero en el municipio en el que yo habito. Este acto de provocación es parte de la violencia política en razón de género que he sufrido de manera continua. Si bien el acuerdo emitido el día de ayer por el INE por el que se cancelan de diversas candidaturas, incluidas la de él, impide la realización de actos de campaña el día de hoy, es importante señalar que entre las medidas de protección he solicitado que se impida a Félix Salgado Macedonio acercarse al municipio en el que yo habito.
He solicitado medidas cautelares y de protección para que se rectifique públicamente todos los datos falsos y calumnias que se han generado en mi contra y que se han extendido a varias personas de mi familia, incluido mi esposo y sus hijas, y en contra de las abogadas que me representan. Esta rectificación solicito que se realice desde cada una de las personas y medios de comunicación que las han realizado y solicito que desde dichos lugares se realicen acciones afirmativas y contundentes para socializar el respeto y garantía de la presunción de buena fe de las víctimas, la debida diligencia para el acceso a la justicia y las acciones necesarias para vindicar la dignidad y los derechos de las mujeres en el ámbito político.
El INE tiene un plazo de 48 horas para señalar si acepta y emite las medidas cautelares solicitadas.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 20 Bis.-La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
ARTÍCULO 20 Ter.-La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:
“IX. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos.”
“XVI. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.”
“XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.”
