Vulnerado, derecho a la educación y a la salud
Viven en tres albergues de damnificados y un número indeterminado de campamentos
Olga Rosario Avendaño Semméxico, Cd de México, 19 febrero 2018.- Alejandra y Anayeli son dos niñas inscritas en cuarto grado de educación primaria; después del sismo del 19 de septiembre, sus vidas cambiaron. Han pasado cinco meses de ese suceso y podrían perder el ciclo escolar porque dejaron de ir a la escuela, debido a la falta de recursos económicos de su papá y mamá, pues el empleo encareció después del desastre. A la falta de recursos económicos, hay que sumar que ellas, al igual que otros 91 niños, niñas y adolescentes, viven en un campamento ubicado en el número 18 de la calle Roma, colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc, donde tampoco tienen las condiciones mínimas para hacer sus tareas. Alejandra y Anayeli son hijas de padre y madre otomíes de la comunidad de Santiago Mextitlán, Querétaro, quienes decidieron trasladarse a esta ciudad porque en su lugar de origen carecen de lo básico para sobrevivir. Hace diez años, junto con otras familias, llegaron a un predio abandonado de la calle de Roma. Con los sismos del siete y 19 de septiembre del año pasado, el edificio donde vivían quedó en ruinas. De acuerdo con el Informe Niñas y Niños Fuera de la Escuela, elaborado en 2016 por diversas instituciones, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, existen factores sociales, económicos y de dispersión geográfica que representan un reto a los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación. En el estudio se plantean las dificultades, sobre todo para la población que sufre pobreza y marginación, pero también para quienes se hallan en situación de vulnerabilidad, como los migrantes, los indígenas, así como los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Estos grupos presentan un riesgo mayor de abandonar la escuela. El informe menciona que alrededor de 252 mil 431 niñas y niños de cinco años —edad de cursar el nivel preescolar— no asistían a la escuela, lo que representaba 11.6% respecto de ese grupo etario. En el siguiente nivel, cerca de 407 mil 458 niños y niñas entre 6 y 11 años de edad estaban en la misma situación, lo que significaba 3% de la población en edad de asistir a la educación primaria; en tanto que 538 mil 920 niños, niñas y adolescentes en edad de cursar la educación secundaria (12 a 14 años) no asistía a la escuela, lo que constituía 8.3% del grupo de edad respectivo. En el predio de la colonia Juárez viven 60 familias, integradas por 166 personas, de las cuales 91 son niñas, niños y adolescentes; es decir, más del cincuenta por ciento de los pobladores son menores de 18 años. De este grupo, varios son madres y padres adolescentes, de acuerdo con un documento del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES). Alejandra y Anayeli, al igual que el resto de niñas y niñas que se refugian en techos improvisados, viven hacinadas, pues en cada módulo hay por lo menos cinco familias. A ambas les gusta ir a la escuela porque ahí toman clases de natación, pero sus mamás que se dedican a vender dulces en la Zona Rosa o en la avenida Paseo de la Reforma no cuentan con los 30 pesos para pagar cada sesión. Durante la plática, las dos niñas están sentadas sobre un sillón que está afuera del campamento; la primera come unos chicharrones; la otra, una manzana con chamoy. A Anayeli le gusta educación física, pero insiste en que no pueden pagar la clase de natación y ese es uno de los alicientes para ir a la escuela primaria Alberto Correa. Tampoco tienen zapatos, otra razón para no ir a clases. Los estragos de lluvias y frío vulneran a la niñez Las lluvias que han caído en este nuevo año, así como las bajas temperaturas, han hecho estragos en la salud de los menores, también en las personas adultas, pero “nosotros aguantamos más”, dice Marcía Macedo Garduño, una de las líderes de este predio. Las niñas y niños se han enfermado de la garganta y gripa, y lo único que tienen a su alcance es paracetamol, fármaco que médicos y enfermeras les dejaron desde el 24 de septiembre que pasaron a revisarlos. Después de esa fecha, nadie ha ido a verlas, dice Macedo Garduño. También cuenta que en los momentos que llueve, las niñas y niños “deben ver cómo guardar sus útiles para que no se mojen”. Lorenza Anastasio Pérez es otra mujer que habita este campamento; tiene tres hijos, de tres, cuatro y 11 años de edad. Comenta que con las lluvias y fríos, los niños se enferman: “Nos va muy mal. Urge que se solucione nuestra situación. Es urgente que demuelan el edificio donde vivíamos. Es importante que se hagan ya las viviendas”, demanda. Y como este campamento, hay “incontables” en al menos diez delegaciones de la Ciudad de México, pero de los cuales no hay un censo, pues solo se habla de los albergues, dice la doctora en Antropología Olivia Domínguez Prieto – encargada del Censo alterno al de las autoridades— del colectivo Damnificados Unidos, que se conformó el 18 de noviembre y en el que hay personas damnificadas de diez delegaciones. Para este mes, oficialmente hay tres albergues. Los únicos que reconocen las autoridades de la Ciudad de México son Hogar CDMX, en la Calle Bernal Díaz del Castillo, número 34, colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc; Casa Popular, en Luis Cabrera y avenida Contreras, colonia San Jerónimo Lídice, delegación La Magdalena Contreras, y el del Deportivo Moctezuma, en Oriente número 158, esquina Norte 25, colonia Moctezuma, Segunda Sección, delegación Venustiano Carranza. Domínguez Prieto manifestó que es preocupante que a cinco meses del sismo, “la tendencia de las autoridades es que la gente pueda ser movida. Pero más allá de eso, estamos viendo que hay campamentos familiares” y que estos son inexistentes para las autoridades. Comentó que han hecho recorridos a pie y han constatado que aún hay familias durmiendo en las calles o con familiares. “Hemos hecho recorridos en Tlahuac, en la colonia del Mar; en La Planta, en Iztapalapa, donde hay casas de campaña familiares, y son incontables y esas son las que no se están viendo y esas son las que nosotros queremos reflejar”, expresa. La antropóloga explica la diferencia entre un albergue y un campamento. “El primero tiene todo bajo control, sabemos que las condiciones son realmente deplorables, sin embargo, hay una hora de comida, por ejemplo. “Mientras que en el campamento están recibiendo lo que viene de la calle directamente”, señala. Hasta el momento, se desconoce el número de campamentos que existen. “Todos los días nos damos cuenta que hay nuevos. Ubicamos los grandes, pero los chiquitos son cientos, como cientos de familias que están en la calle y otros más viviendo con sus familiares”, explica. Domínguez Prieto es una de las miles de damnificadas de esta ciudad por el sismo del pasado 19 de septiembre. Vivía en uno de los 105 departamentos que estaban en las cuatro torres de los edificios de Pestalozzi número 27, colonia Narvarte. Ahora renta un departamento; sin embargo, reconoce que no todas las personas damnificadas tienen ese privilegio. En el levantamiento del censo alterno se ha encontrado con casos como el de una vecina de 70 años, viviendo con su suegra de 90. “Hay familias donde está el papá con sus hermanos, la mamá con su mamá, la abuelita y los niños. Eso es lo más recurrente, eso es lo que mucha gente está teniendo que hacer. Otros más pagamos renta”, detalla. En el caso de algunos de sus vecinos, al principio buscaron hoteles. “Después de una semana se dieron cuenta que no podían pagar y, pues, los casos más desafortunados tienen que ir a dar a un albergue o cuidar su edificio y vivir en la calle con estos fríos”, relata. Menciona que los niños y las niñas están enfermos: “De por sí, estas fechas son de muchos virus y de infecciones respiratorias. Todo mundo está enfermo; todos estamos enfermos, las defensas las tenemos muy bajas”. Inseguridad en campamentos y en edificios desalojados Mujeres, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el campamento de la calle Roma, en la colonia Juárez se encuentran en peligro constante. De jueves a sábado por la noche, los automóviles pasan a alta velocidad, por lo que se han organizado para hacer guardias nocturnas y evitar cualquier accidente. El campamento de las personas otomíes ocupa un carril de esta calle y eso hace que el peligro sea constante, tanto para la niñez que juega en sus alrededores, como para las mujeres que acarrean el agua desde una fuente que está a dos cuadras de distancia. La inseguridad es una constante en los campamentos, dice la antropóloga Olivia Domínguez Prieto, por ejemplo, ella y sus vecinos, los primeros días después del sismo, pernoctaron afuera de sus edificios para cuidar sus pertenencias, después optaron por hacer guardias y ahora éstas son pagadas por las personas damnificadas. Actualmente pagan una cuota de mantenimiento de 500 pesos al mes que incluye los honorarios para las guardias, pero a veces deben pagar un extra para contratar a alguien que vigile en el día y otra persona en la noche, por lo tanto, a la semana gastan 200 pesos por departamento. Menciona que la inseguridad se incrementó, “muchos de los inmuebles han sido asaltados, robados, vandalizados; en todas las delegaciones, ahí sí es una cifra que es importante, también son datos que uno no denuncia porque pues estás cuidando el edificio o vas a perder ocho horas a la delegación”. Agrega “incluso en edificios colapsados entraron a robarse televisores, dinero, ha habido asaltos a mano armado. Lo mismo, roban en la Delegación Benito Juárez que en Tlahuac, toda la gente se queja de eso”. Discriminación en contra de los otomíes Alejandra y Anayeli, siguen sentadas en un sillón, disfrutando de su manzana y chicharrines, productos que también venden junto con sus mamás, quienes a cada momento son víctimas de la policía de esta ciudad, quien las amenaza diciéndoles que si no dejan de vender en la Zona Rosa y en Paseo de la Reforma les quitarán a sus hijos y se los llevarán al DIF. Por eso a Joaquina Pedro Blas le gustaría tener un lugar donde vender sus productos, para ya no enfrentarse a la policía, ha hecho diversas solicitudes para obtener un permiso, pero sin éxito. No solo se enfrentan a esas actitudes de la policía, sino también a la discriminación de las mismas autoridades, el mismo delegado Ricardo Monreal ha enviado oficios para desalojarlos y las mismas autoridades “les han llamado falsos damnificados”, dice Guadalupe Barrón Becerril, directora de programas del CIDES, organización que trabaja con población indígena en extrema pobreza y sobre todo enfocados a la niñez y adolescencia. Explica que el pasado diez de octubre Monrreal Ávila, “atendiendo una demanda de 200 vecinos de la colonia Juárez solicitó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, (que) las personas de ese campamento sean reubicados porque perjudican la circulación vehicular y los establecimientos aledaños”. Esta decisión gubernamental, se suma a la campaña de discriminación, racismo y exclusión que un grupo de vecinos han generado en las redes sociales y medios de comunicación, en contra de la comunidad otomí, residente en esta ciudad, menciona Guadalupe Becerril. Esa campaña de discriminación ha ocasionado que quienes viven en este campamento tengan tanta resistencia a hablar con la prensa, porque se han sentido vulneradas ante diversos calificativos en su contra. Por lo pronto, personal de CIDES tramita con los directivos de la escuela primaria de Alejandra y Anayeli un programa que ayude a esta población infantil a seguir estudiando y no perder el ciclo escolar. SEM/oa/gl
