COLUMNASDulce María Sauri Riancho

El veneno de las prórrogas| Violar la Constitución

290 Vistas

Dulce María Sauri Riancho (*)

SemMéxico. Cd. de México. 21 de abril 2021.- No hay explicación que valga. Una decisión del Senado de la República, adoptada con el voto de la mayoría de sus integrantes, abrió la puerta para prolongar el mandato de los miembros del Consejo de la Judicatura federal (CJF).

Este cuerpo colegiado que es el Consejo, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano responsable de la administración del poder Judicial federal en su conjunto.

Nombramientos, promociones, traslados, presupuesto y recursos son atribución del CJF.

Por la puerta trasera de un transitorio, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece que todos los integrantes del CJF prolongarán su mandato hasta coincidir con el final del gobierno del presidente López Obrador en 2024.

El pretexto esgrimido por el senador proponente —del Partido Verde y aceptado por la mayoría— fue la instrumentación del nuevo marco legislativo para el poder Judicial federal, cuya reforma constitucional fue recientemente aprobada.

Como la Suprema Corte de Justicia no tiene la atribución de iniciar leyes que correspondan a su vida interna —que, por cierto, sí tiene el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, entre otros estados— tuvo que sujetar su propuesta al Ejecutivo federal.

Con oportunidad, el presidente López Obrador la hizo suya y envió las iniciativas para materializar la reforma constitucional recién aprobada. En ninguna parte de las iniciativas se mencionó la posibilidad de prórroga de mandatos, sobre todo considerando que el poder Judicial posee cuadros altamente capacitados que, en los momentos de relevo marcados por la Constitución, permite sustituir a quienes han cumplido el plazo para el cual fueron designados.

El presidente de la SCJN concluye su función el 1º de enero de 2023, veintiún meses antes que el presidente López Obrador. Habrá nueva o nuevo presidente, y la vida del poder Judicial federal continuará. Y el ministro Arturo Zaldívar quedará como integrante del Pleno hasta el 1º de diciembre de 2024, cuando concluya el periodo para el cual fue electo quince años antes.

Si ya de por sí era inaceptable la posibilidad de que consejeros de la Judicatura Federal prolongaran su mandato, el mero enunciado de la prórroga en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia —y a la vez en la presidencia del CJF— del ministro Zaldívar ha causado una gran zozobra.

Es claro y directo el párrafo del artículo 97 constitucional: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Entonces, ¿cómo pudo un senador proponer y el pleno del Senado votar mayoritariamente a favor de violar flagrantemente la Constitución? Ante la aberración de la propuesta, me es difícil imaginar que el presidente de la SCJN haya estado enterado de esta sucia maniobra legislativa. Bajo su presidencia, la SCJN ha demostrado prudencia, algunas veces excesiva, en su trato con el ejecutivo federal. Y mucho respeto en su relación con la Cámara de Diputados.

Los intentos de prórroga de un mandato son conocidos en Yucatán. Hace casi 100 años, en los turbulentos meses que siguieron a la ejecución del gobernador Felipe Carrillo Puerto el 3 de enero de 1924, se intentó prolongar la duración de la legislatura que había concluido sus funciones el 31 de diciembre del año anterior, con el argumento de que el “golpe” propinado al gobierno constitucional había impedido la instalación de la nueva legislatura.

En medio del conflicto al interior del Partido Socialista del Sureste, la intervención de la SCJN dejó establecido en forma indubitable que al concluir el periodo para el cual había sido electa la legislatura, ésta cesaba en sus funciones. El fallo, inapelable, propició la llegada de José María Iturralde como gobernador interino.

El respeto al mandato constitucional se dio en un país y un gobierno que sorteaba las secuelas de una revolución violenta.

Años después, en 1986, el Congreso de Yucatán recibió una iniciativa firmada por un grupo de diputados para que el gobernador interino, Víctor Cervera Pacheco, prolongara su mandato por 18 meses más. En esos tiempos, los males políticos se atribuían a un “desfase” de calendario electoral, pues la decisión sobre la candidatura al gobierno de Yucatán era prácticamente la última que tomaba el PRI antes de la postulación del candidato presidencial.

En consecuencia, se decía que el gobernador no tenía el beneplácito del presidente de la república entrante. Había consenso social en que la permanencia de Cervera fuera por 6 años, no sólo por los 4 que le correspondían por su calidad de interino. La iniciativa de la prórroga yucateca tuvo una pronta respuesta de los responsables políticos nacionales.

El presidente del PRI, Jorge de la Vega, se apersonó de inmediato para señalar que una propuesta de esa naturaleza era impensable en un régimen democrático en el que los periodos se iniciaban y concluían en los tiempos constitucionales. Y el “manotazo” más severo provino del secretario de

Gobernación, que se dirigió al Congreso yucateco para alertar sobre las serias repercusiones que podrían generarse si continuaba con su intención de dictaminar y aprobar la iniciativa de la prórroga.

Huelga decir que los proponentes de la propuesta la retiraron y se dio continuidad al proceso para elegir al gobernador de Yucatán 1988-1994.

Por si quedara alguna duda sobre el celo institucional en defensa de la Constitución, hace muy poco la SCJN declaró inconstitucional la pretensión del gobernador de Baja California por prolongar su mandato tres años más de los que había sido electo en 2019.

Le han llamado “regalo envenenado” a la posibilidad de prorrogar el mandato del presidente de la SCJN por dos años adicionales. Yo lo dejaría en veneno puro, no sólo para el ministro Arturo Zaldívar, sino también para el poder Legislativo e incluso para el presidente de la república y su desmedido afán de pasar a la historia.

Más aún: veneno para la democracia y ponzoña para la sociedad. Espero que la serenidad y la cordura imperen en la revisión que hará la Cámara de Diputados de esta minuta para eliminar de tajo los intentos reeleccionistas que hace 110 años dieron origen a una revolución.

dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Comment here

Accesibilidad