Justicia Digna

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Mirada Violeta

Lupita Ramos Ponce

SemMéxico, 28 de abril, 2021.- Digna Ochoa fue una abogada y defensora de derechos humanos que acompañó y representó a personas indígenas, campesinas y defensoras del territorio y el ambiente. Defendió el derecho a defender los derechos humanos y acompañó en su lucha a otros activistas sociales.

Digna denunció las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas y por otras autoridades del Estado mexicano en casos que recibieron mucha visibilidad en su momento y por lo mismo, recibió amenazas y agresiones desde 1995 a causa de su labor de defensa y sin que ninguno de estos hechos fuera adecuadamente investigado por el Estado, incluso fue secuestrada en dos ocasiones. Estos riesgos se incrementaron en 1999 cuando asumió la representación de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a Digna para que recibiera medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1999 la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales a su favor. Medidas que fueron levantadas tan sólo un par de meses antes de su asesinato ocurrido el 19 de octubre de 2001.

Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en las oficinas de la organización “Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos A.C.”, donde había empezado a trabajar unos meses antes. La investigación desarrollada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sobre su asesinato estuvo plagada de irregularidades procesales, de estereotipos de género, de prejuicios y de una clara estigmatización sobre la labor que Digna desempeñaba como defensora de los derechos humanos.

La Procuraduría determinó que la muerte había ocurrido como consecuencia de un suicidio y omitió considerar las líneas de trabajo y casos que Digna atendía como abogada, su labor como defensora de los derechos humanos y los intereses a los que se enfrentaba por su labor de defensora.

Las organizaciones representantes de la familia de Digna, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alegaron ante la CIDH que precisamente la investigación no consideró el papel de Digna como defensora, las amenazas y agresiones que había recibido, ni las pruebas aportadas por su familia y que se había construido una narrativa sobre el caso en los medios de comunicación que revictimizaba a Digna, cuestionando su vida privada, su vida familiar e incluso su vida sexual.  

En 2019 la CIDH declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones de derechos humanos en prejuicio de los familiares de Digna Ochoa y ordenó al Estado reabrir la investigación y adoptar una serie de medidas para reparar el daño causado y garantizar la no repetición de los hechos. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas medidas, se remitió el caso a la Corte IDH, donde las víctimas son representadas por CEJIL y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Acción DH). A veinte años del asesinato de Digna, el máximo tribunal interamericano celebra las audiencias del caso este 26 y 27 de abril de 2021.

El caso representa una oportunidad para que se ordene al Estado mexicano investigar la muerte de Digna Ochoa, de forma independiente, imparcial y libre de estereotipos de género, con miras a revindicar su imagen, trabajo y memoria.

La resolución que emita la Corte Interamericana será una oportunidad para que México fortalezca la institucionalidad para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la creación de instancias y protocolos especializados para la investigación de delitos contra personas defensoras.

Como bien lo señala CEJIL, este caso sentará un importante precedente en el establecimiento de estándares internacionales en lo relacionado a la estigmatización de género en los procesos de investigación en casos de mujeres defensoras de derechos humanos y las repercusiones que estos tienen en el acceso a la verdad y a la justicia. Ahora lo que resta es que Digna y su familia reciban una Justicia Digna.

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