SemMéxico. Cd. de México. 1 de febrero de 2019.- Entre los pendientes que México tiene con los derechos humanos de las mujeres está la violencia política por razones de género, ya que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no prevé las violencias contra los derechos reproductivos, obstétrica, mediática o publicitaria, política, simbólica y cibernética, así como tampoco se refiere de manera explícita a los derechos de las mujeres a no padecer tortura y contraer matrimonio de manera libre e informada.
Señaló el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez al participar en la inauguración y desarrollo de las Audiencias Públicas para Integrar la Agenda Legislativa de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres, que se llevó a cabo en el Senado de la Republica.
En el patio Xicoténcatl del Senado, donde se llevaron a cabo las audiencias promovidas por la Comisión de Género encabezada por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, González Pérez insistió en que hacer frente a la violencia de género y feminicidios demanda una atención inmediata y coordinada de las instituciones del Estado, así como un reconocimiento del feminicidio y la impunidad en que ocurre como un problema de derechos humanos en el país.
En materia de prisión preventiva oficiosa, González Pérez recalcó que el problema es que en cerca de 10 años no se capacitó ni profesionalizó a los operadores del sistema de justicia. Por ello, culpables podrían quedar en libertad. Falta que lo avanzado en el terreno legislativo se concrete en la implementación de políticas públicas eficaces.
Coincidió en que se debe lograr el Código Penal Único para abonar a una mejor legislación.
7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.
“En nuestro país el año anterior fueron asesinadas, en promedio, nueve mujeres cada día y al día de hoy hay 18 declaratorias de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres. Los delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación contra ellas se acumulan y los esfuerzos desplegados hasta la fecha para acabar con la impunidad y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes”.
Señalo que de los de los 46.5 millones de mujeres de 15 años o más residentes en el país, 30.7 millones, el 66.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida: es decir casi 7 de 10 mujeres han recibido violencia.
Aunque el delito de feminicidio ya se reconoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoció que hay que introducir modificaciones legales en el sentido de contar con plazos y seguimiento a la alerta de Género, ya que después de la declaración nadie sabe que pasó. Establecer en la ley la participación de las autoridades municipales para asegurar el cumplimiento de las acciones de la AVG.
En materia de salud se encuentra como ámbitos de oportunidad legislar en torno a los derechos sexuales y reproductivos.
Refirió que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tampoco cuenta con un Reglamento; la definición de discriminación prevista en ella no incluye como causas de la misma la identidad de género, expresión del rol del género y orientación sexual, mientras que en el Código Civil Federal persisten
Finalmente, puso en relieve que está pendiente de ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que debe ser tarea prioritaria de la Comisión de igualdad en el Senado, así como avanzar en garantizar los derechos laborales y erradicar la brecha salarial que aún existe entre hombres y mujeres.
Prisión preventiva y reformas al reglamento sobre las AVG
Tanto el Senador Miguel Ángel Mancera, como la Senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, hicieron eco de la intervención del Presidente de la CNDH para retomar las discusiones pendientes en materia de prisión preventiva y las reformas al reglamento que marca los plazos y criterios de trabajo para las alertas de violencia de género contra las mujeres.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Martha Lucía Mícher Camarena, aseguró que es necesario impulsar una agenda legislativa que armonice los lineamientos que dicta ONU Mujeres en materia de autonomía física, económica y toma de decisiones, con la igualdad legal, sustantiva y de resultados.
Dijo que es necesario armonizar las tres igualdades con las tres autonomías para tener un resultado significativo, que es el propósito de las Audiencias Públicas que nos enseñen, nos muestren sus inquietudes y nos digan hacia dónde tenemos que enfocar nuestras acciones.
Queremos la igualdad en las oportunidades, en el trato y, el derecho a no ser discriminadas. Es lo que nos mueve todo el tiempo, concluyó.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa manifestó que el feminicidio también debe ser considerado delito grave, con prisión preventiva oficiosa, ya que se está hablando de una muerte violenta por razones de género.
Recordó que en este debate hay varios procuradores que argumentan que es “ocioso” tipificar así este delito, porque dicen que ya existe el homicidio, y por lo tanto, no hay razón de ser del feminicidio. “El PRD será inflexible en este punto, porque no encuentro la razón para que dijéramos que se comete un exceso”, concluyó.
Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México, resaltó que es la primera Legislatura en paridad de género. “Esperamos que sea un periodo en el cual se acelere aún más la revisión de normas discriminatorias y avanzar en normas que permitan tener resultados concretos”. Reconoció, además, los avances en la legislación federal para proteger y garantizar el goce y derechos de las mujeres y niñas mexicanas.
Recordó el compromiso de México con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en la que una de las metas más importantes es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y la no discriminación de ningún tipo. México, agregó, es un aliado de Naciones Unidas para garantizar que se avanza en las normas internacionales para la igualdad de género.
Sanz Luque manifestó su disposición a colaborar en una agenda legislativa que garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de las mujeres y niñas mexicanas. Respaldó la recomendación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para reformar el artículo 73 constitucional para que el Congrego apruebe un código penal nacional, que regule los asuntos penales con inclusión de todos los delitos y sanciones, o se establezca una ley penal general que garantice los derechos de las mujeres.
El secretario ejecutivo del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Antonio Bucio Mújica, reconoció que se necesitan mecanismos legales y no solo políticos, o de carácter interinstitucional para regular las acciones conjuntas que realizan las instituciones públicas.
Para ello, propuso establecer conjunto con la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, una agenda de acciones para reforzar y mejorar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en México.
Por su parte Katy Salinas Pérez del Instituto de Coahuila de las Mujeres se pronunció por una orden de protección inmediata para las mujeres, y que se nombre quien va a supervisar dicha protección.
Araceli Osorio mama de la víctima Lesvy Berlín Rivera Osorio que fue asesinada por su novio quien quiso aparentar un suicidio, considero que si es necesario legislar respecto a todas las irregularidades que se vive en un proceso de feminicidio se tome en cuenta a los familiares. Que en su caso están pendientes tres disculpas públicas que no aceptaron de la Administración pasada.
La participación del abogado Carlos Humberto Olvera González del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio fue demandar que el feminicidio se tome como un delito grave y que merece prisión desde el procedimiento.
Las audiencias públicas continuarán el 5 y 7 de febrero y la Agenda parlamentaria que se construirá, estará lista a finales de febrero, anunció la Senadora Malú Mícher.
