CongresoTeresa Valdés Betancourt

Comparado con los recursos aprobados para el Instituto de las Mujeres de la ciudad en 2018.

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Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 4 de enero de 2019.- El presupuesto que recibió el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2018, fue de 161 millones de pesos. Ahora, el presupuesto para la Secretaría de la Mujer será de 70 millones, aunque aparecen en un cuadro que se refiere a los Programas Prioritarios con Enfoque Social 2019, por lo que el presupuesto total puede ser mayor.

Los programas prioritarios son cuatro: Programa de Coinversión para el Desarrollo Social, Red de Mujeres por la Igualdad y la Violencia, Seguro contra la Violencia Familiar y Programa Abogadas, Prevención Embarazo Adolescente y Fortalecimiento de las Lunas (antes unidades del instituto y de atención a la violencia). En el resto del presupuesto no se habla de presupuestos transversales.

El  Presupuesto de Egresos para la ciudad se aprobó este viernes 4, en lo general.

Según el análisis del ahora decreto que hizo Magdalena García Hernández, ex integrante del consejo ciudadano del que fue el Instituto de las Mujeres carece de perspectiva de género, pero alude a compromisos establecidos en la esfera internacional que sí diferencian las necesidades de hombres y mujeres. Habla de equidad y no de igualdad, por lo que García Hernández hace sugerencias de cambio de lenguaje.

Dice la exconsejera, militante feminista y reconocida economista, que, en los diagnósticos establecidos en los escenarios económicos de este presupuesto, está ausente la perspectiva de género, la cual es posible y necesario incorporar para establecer las líneas de acción para resolver las problemáticas que se presentan en este terreno y en su estructura.

Las observaciones de García Hernández se hicieron antes de la aprobación de este viernes.

Son a la letra, las siguientes:

“¿Por qué las mujeres queremos igualdad en el presupuesto? Para lograr el acceso y disfrute progresivo y universal en sus derechos humanos en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Estas breves notas se refieren a los contenidos que se presentan en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, las que destacan aspectos sustantivos.

Estoy consciente que aún falta afinar el programa para la igualdad sustantiva de las mujeres en la entidad y espero que estas notas aporten contenidos para su elaboración.

Este documento presenta un escenario económico 2018, de los contextos económicos internacional y nacional; un escenario económico 2019, la política de deuda del gobierno de la Ciudad de México en 2018-2024, la política de gasto, el modelo presupuestal con presupuesto basado en resultados y la definición de acciones del gasto.

En los diagnósticos establecidos en los escenarios económicos está ausente la perspectiva de género, la cual es posible y necesario incorporar para establecer las líneas de acción para resolver las problemáticas que se presentan en este terreno.

 Este diagnóstico es solamente económico, por lo que se sugiere que el mismo incorpore la situación de esferas sociales, ambientales y de seguridad que permitan establecer metas derivadas de la magnitud de los problemas que se enfrenten en cada ámbito.

 El Proyecto establece en su eje 9 de los 12 que decidió adoptar, el de Igualdad de derechos y equidad de género. En este caso se recomienda que se utilice Igualdad y no de equidad porque la IGUALDAD es el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en el goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. El derecho a la igualdad siempre va aparejado al derecho a la no discriminación, la igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados, la igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres. La EQUIDAD por su parte es el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato idéntico o con uno diferenciado, no hace referencia a eliminar la discriminación contra las mujeres, no es un concepto que proviene de los derechos humanos, y por lo tanto los Estados no están legalmente obligados a lograrla. Esta recomendación nos la hizo el Comité de la CEDAW desde 2012.

El Proyecto considera aspectos centrales de la Agenda global de Naciones Unidas -lo que imprime una calidad importante a la política prevista- al incorporar al documento las directrices establecidas en estas agendas, que en el caso de la Ciudad de México constituyen acuerdos vinculatorios conforme a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México.

Hace alusión a todas las agendas que constituyen los programas de acción para lograr la Agenda 2030 de los ODS, al referirse a: La Nueva Agenda Urbana en los ejes siguientes:

Desarrollo urbano, vivienda y espacio público. Movilidad segura, limpia y que disminuya tiempos de traslado.  Garantía del derecho al agua y mejora de los servicios urbanos.

Hace referencia a la Economía Social: El Acuerdo de París;  Desarrollo económico sustentable. Al Marco de Sendai.  Reconstrucción y gestión integral de riesgos.

También a la Plataforma de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo y gobierno abierto,  con cero tolerancia a la corrupción. Se sugiere hacer explicito los conceptos de presupuestos transversales y acciones afirmativas con perspectiva de género.

A la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, al referirse a este último grupo de la población en el texto.

• Establece acciones para atender las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres o promoción de escuelas de tiempo completo, en escuelas de educación básica o creación de protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de género, o mecanismos especiales de emergencia para detener los feminicidios, o platicas de orientación nutricional y derechos humanos con perspectiva de género o comunicación y difusión con perspectiva de género o gabinete con participación paritaria, y promoveremos la paridad de género en todos los demás puestos gubernamentales de alta jerarquía.

Sobre protección social en el terreno de la mujer incluye promover un sistema de cuidados que alimente, a partir del fortalecimiento de políticas públicas, su autonomía económica, física y política. Implican erradicar el acoso y la violencia de género.

Alude a programas transversales y específicos para grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, personas LGBTTTI y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Habla de la  Red de mujeres por la igualdad y la violencia, o Seguro contra la violencia familiar. Promover la autonomía económica de las personas, en particular de las mujeres.

Apoyar la implementación de observatorios e instancias de gobierno por la igualdad, no discriminación y acceso a la justicia de la comunidad LGBTTTI, o etc.”

Sugerencias

La especialista sugiere profundizar en la perspectiva de género en los siguientes ámbitos:

“Lenguaje incluyente, en el Proyecto se decidió referirse a las personas para evitar el uso de un lenguaje discriminatorio, pero ello no solo invisibiliza a las mujeres, sino que encubre las condiciones y posiciones diferenciadas entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos. Recordemos que lo que no está escrito en la norma, como es el decreto de presupuesto en este caso, no existe.

No refiere la problemática diferenciada de mujeres y hombres en ámbitos múltiples: el acceso al agua, la vivienda, el transporte, la movilidad, las remuneraciones, entre otros.

Respecto a la participación ciudadana se sugiere desarrollar mecanismos con procedimientos participativos que potencien la relación gobierno sociedad. Lo que dará lugar a sinergias que beneficien los resultados de la política pública.

Se señala que se destinará un 3% del presupuesto de las Alcaldías para presupuestos participativos, se sugiere la utilización de procesos participativos y deliberativos con acciones afirmativas que beneficien a las mujeres que presentan los mayores rezagos en el 3 acceso y disfrute a sus derechos humanos y discriminaciones. Las mejores prácticas internacionales en la materia abundan.

El presupuesto que se prevé para la Secretaría de las Mujeres, de 70 millones de pesos, es inferior al que recibió el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2018 que fue de 161 millones de pesos. No obstante, esos 70 millones están en un cuadro que se refiere a los Programas Prioritarios con Enfoque Social 2019 por lo que el presupuesto total puede ser mayor. Tales programas son los siguientes: 1) Programa de Coinversión para el Desarrollo Social, 2) Red de Mujeres por la Igualdad y la Violencia, 3) Seguro contra la Violencia Familiar, 4) Programa Abogadas, Prevención Embarazo Adolescente y Fortalecimiento de las Lunas.

Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se sugiere que se agreguen las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en las funciones prioritarias que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019.

 En el ámbito del presupuesto basado en resultados se sugiere:

Que cada ente público determine el o los derechos humanos que protege en cada uno de sus programas y mida la magnitud de la población atendida y potencial en cada caso.

Que para 2019 cada programa presupuestal destine recursos semilla para: 1) elaborar, mejorar y sistematizar los diagnósticos de las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres con perspectiva de género para su mejora continua; 2) realizar ejercicios de evaluación a través de procesos participativos con las poblaciones –mujeres y hombres- sujetos de derecho, usuarias de los programas; 3) construir sistemas homologados de registros administrativos con metodologías proporcionadas por el INEGI, 4) crear micrositios en todos los entes públicos con los registros administrativos construidos con información suficiente y sistemática.

Solicitar al INEGI su apoyo para elaborar formatos homologados para disponer de registros administrativos y sistemas de información desagregados por sexo de las y los usuarios de cada programa.

Construir los indicadores de impacto con Indicadores de Progreso (mandatados por el Comité de Evaluación de la Convención Belem do Para), que de forma también participativa, se incorporen en las Matrices de Indicadores de Resultados de todos los programas en el Sistema Estatal y de las Alcaldías de avaluación del desempeño.

Que todos los entes públicos revisen y redistribuyan el gasto para acatar las directrices establecidas por las Agendas de Naciones Unidas firmadas por México: Marco de Sendai sobre reducción de riesgos de desastres, Acuerdo de París sobre cambio climático,

Agenda Addis Abeba sobre financiación del desarrollo y la Nueva Agenda Urbana. Única forma de cumplir con la Agenda 2030 y con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Que todos los programas elaboren sus fichas de monitoreo como las elaboradas por CONEVAL, para el seguimiento de sus programas.

Que se atienda la recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el que propone agregar a la Clasificación Funcional del Gasto un cuarto dígito de una subfunción de género (o de otros temas transversales).

Que se destinen recursos para la creación y operación de Observatorios Ciudadanos de seguimiento de la política pública para su mejora continua del quehacer gubernamental y el fortalecimiento de la gobernanza.

Los RESULTADOS de la Gestión por Resultados debe ser el avance en el acceso y disfrute de los derechos humanos de las mujeres y los hombres de todas las edades en condiciones de igualdad.”

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