SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 11 octubre 2018.- El Congreso del Estado, exhorta al fiscal general del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que los ministerios públicos actúen bajo los protocolos y ordenamientos legales, garanticen la aplicación de la ley en caso de denuncias de violencia intrafamiliar, que pudieran derivar en feminicidios, debiendo informar de las acciones que realice para dar cumplimiento dicho mandato.
La propuesta fue presentada en sesión del pleno, por la diputada local de Morena, Nilsan Hilario Mendoza, quien refirió que en lo que va del año, en esta entidad han ocurrido 117 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 18 están considerados como feminicidios, delitos que han tenido su inicio en la violencia intrafamiliar o familiar.
Esto, a pesar del Programa de Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) en ocho municipios, creado por el gobierno del Estado para atender la Alerta emitida por la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Esta realidad contraviene, dijo, las declaraciones hechas por el ex fiscal Javier Olea Peláez, que buscó justificar estos crímenes, acusar, no investigar como feminicidios; revictimizar, hablar sin considerar a las víctimas, a las víctimas secundarias, y así evadir ser acusado de desacato a convenios y declaraciones internacionales que han buscado blindar a las mujeres de cualquier tipo de violencia.
También señaló la violencia institucional ejercida por las autoridades, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE) por falta de protocolos adecuados de atención, falta de perspectiva de género de los servidores públicos, de materiales, de personal, de vehículos y omisiones por conveniencia. Situación enfrentada por algunas mujeres supervivientes de violencia familiar.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, en Guerrero ocurrieron 591 asesinatos de mujeres, en 47 -8 por ciento-, iniciaron una investigación como feminicidio; al resto las relacionaron con el crimen organizado para justificar sus muertes; en 61 casos, las mujeres fueron brutalmente asesinadas por estrangulamiento, envenenadas, decapitadas, por asfixia, a golpes, quemadas y arma blanca, sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública.
Las cifras de Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), de los 117 asesinatos de mujeres registrados en Guerrero entre enero y julio de 2018, solo 18 han sido catalogados como feminicidios y 89 de homicidios dolosos, de estos, cuatro ocurrieron en Acapulco, cuatro en Chilpancingo, dos en Taxco de Alarcón y uno en Apoyeca, Ayutla de los Libres, Chilapa, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Tlalchapa.
Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, pero es el Estado que menos acredita el delito, a pesar de que ONU Mujeres lo ubicó en el segundo lugar de más asesinatos de mujeres en el 2016, “de nada sirvió ser pionero en este rubro”, lamentó Hilario Mendoza.
La legisladora urgió la necesidad de prevenir la violencia contra las mujeres, por las instancias competentes del gobierno del Estado, no sólo anunciando acciones en los medios de comunicación invisibles en las comunidades, o ejecutando actos sólo como fachada para justificar uso de recursos, o vociferar que cumple con las medidas necesarias “necesitamos acciones que dejen un precedente y sanciones ejemplares y fuertes de manera que inhiban las acciones lesivas en contra de las mujeres”, sostuvo.
La propuesta fue aprobada por mayoría calificada, la diputada Teófila Platero, también de Morena, fue la única en votar en contra.
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