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Espera que el imputado, de 19 años de edad, reciba la pena máxima por este delito, que es de 50 años de prisión.

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Lorena Castellanos

SemMéxico. Mérida, Yucatán; 29 de agosto de 2018. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, declaró que espera que las autoridades otorguen la pena máxima por el feminicidio de la niña de seis años en el municipio de Tahdziú.

El pasado 21 de agosto fue encontrado el cadáver de la menor, reportada en día antes como desaparecida, en el fondo de un pozo cercano a su hogar. Según los reportes del forense, la pequeña habría sido violada y golpeada en repetidas ocasiones por su agresor, quien la asfixió hasta quitarle la vida y terminó arrojándola a un pozo.

En entrevista a reporteros de la fuente, la legisladora recordó que por ley, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe activar el protocolo de feminicidio para integrar la carpeta de investigación y presentársela al juez para que dicte sentencia.

En este sentido, detalló que espera que el imputado, de 19 años de edad, reciba la pena máxima por este delito, que es de 50 años de prisión.

“Esperemos que los jueces le den la pena máxima a esta persona que cometió un delito tan terrible como el que pasó en Tahdziú”, afirmó.

Este caso ha conmocionado a la sociedad yucateca, al grado de que los habitantes del municipio han demandado el exilio de la familia del presunto culpable, Carlos Valle Yah.

Este domingo, circuló en redes sociales un video donde el presidente municipal de Tahdizú, Pedro Yah Sabido, lee ante la ciudadanía un decreto por el cual expulsa a la familia de Valle Yah, comprometiéndose a que “ya no vuelvan a vivir nunca más a esta comunidad”.

Sobre este tema, Rivas Rodríguez detalló que no es legal que la autoridad cometa este tipo de actos, que también violan los derechos humanos de la familia. Por ende, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma.

“Entendemos la molestia de las personas, entendemos la situación que se está viviendo en Tahdziú que es terrible, entendemos esa emoción de molestia, pero la violencia no se combate con violencia”, dijo.

Respecto a este y los otros dos casos de violencia de género suscitados en la entidad durante los últimos días de agosto, la presidenta del Congreso recordó que la LXI Legislatura ha realizado reformas importantes al Código Penal para combatir este problema.

Uno de ellos, manifestó, es la adhesión de cuatro causales nuevas en el protocolo de feminicidio, con las que se logró homologar el Código Penal de Yucatán con el federal. Entre estas causales se encuentran que la persona que comete el crimen tenga una relación cercana a la víctima, y que el cuerpo de esta sea expuesto de alguna manera.

Asimismo, Celia Rivas hizo especial énfasis en que esta legislatura realizó “reformas importantes” en cuanto al abuso sexual, especialmente a niños, niñas y personas con discapacidad, el cual es considerado como delito grave y puede tener una pena máxima de hasta 15 años.

“El abuso sexual es un delito grave, porque cuando nosotros lo analizamos y lo discutimos, se equiparó en muchos casos a una violación. Por ejemplo, en caso de que sean niños o niñas se equipara a una violación, que (se considera) un delito grave”, finalizó

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