SemMéxico. Nueva York. 19 de marzo de 2018.- Luego de enumerar que, durante estos casi tres años, la Comisión de Igualdad de la LXIII Legislatura federal realizó 230 cambios legislativos a favor de los derechos humanos de las mujeres, Laura Plascencia Pacheco sostuvo que lamentablemente la ley no resuelve todo, aunque favorece el andamiaje y permite avanzar.
Entrevistada por SemMéxico durante su estancia en esta ciudad con motivo de la 62 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la diputada federal dijo que hay sectores de gobierno que no están haciendo su trabajo, funcionarios públicos que no están cumpliendo y se refirió al caso concreto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 12 entidades del país, sin que a la fecha ningún gobernador emita un informe sobre sus niveles de cumplimiento o no, como tampoco lo ha hecho la Secretaría de Gobernación.
Destacó que también es necesario fortalecer a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a los institutos de las mujeres, convertidos muchos de ellos en oficinas de desarrollo humano o jefaturas dentro de los DIF municipales o estatales, así como el perfil de las titulares, cuyo trabajo muchas veces no ayuda en nada para avanzar, “dan cursos de pintura, cocina o bordado”.
Los institutos están para transversalizar las acciones de los gobiernos locales desde una perspectiva de género e indicadores de género y garantizar que los presupuestos públicos tengan esa perspectiva. Las mujeres no requerimos protección sino el ejercicio de nuestros derechos.
Plascencia Pacheco reconoció que lamentablemente el sistema de justicia es burocrático, inaccesible, incomprensible y tan lento que la mayoría de los casos quedan en el abandono por las propias víctimas.
Coincide, con la especialista Patricia Olamendi en la necesidad de establecer juzgados especializados en violencia, para evitar la revictimización de las mujeres que tienen que acudir a tribunales diferentes, el civil para divorcio y pensión alimenticia; y un juzgado penal para los casos de violencia contra ellas, incluyendo la tentativa de feminicidio.
La diputada federal por el estado de Jalisco y quien esta semana podría anunciar un cambio en su vida política, destacó que existe falta de compromiso por parte de los gobiernos y advirtió que seguramente en el próximo proceso electoral veremos a aspirantes a concejalías, diputaciones, a gobernadores de los estados y a la presidencia “llenándose la boca diciendo que serán los candidatos de las mujeres”, aunque después de les olvide.
Para alcanzar la igualdad y garantizar los derechos de las mujeres es necesario un cumplimiento real, no a medias en materia de justicia y en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, pero hemos visto casos terribles de impunidad como el que los violentadores son protegidos por las mismas autoridades, como ha sucedido en varios casos de funcionarios, dijo sin especificar alguno.
Por otra parte, dijo que el otro gran problema es la falta de presupuesto. De nada sirve que el gobierno federal tenga indique en su ley que la planeación debe ser con perspectiva de género, y que en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, se establezca la obligación de un anexo transversal o anexo 13, donde el gobierno federal destina casi 10 mil millones de pesos para atender la violencia, lo que los gobiernos estatales y municipales no hacen, ni siquiera en aquellas entidades o municipios donde se ha declarado a AGVM
Por eso yo entiendo que se diga que es simulación, porque política pública sin recursos es simulación, es una utopía, recalca la legisladora.
Las leyes reformadas
Laura Plascencia Pacheco indicó que las 230 modificaciones legislativas, entre leyes promulgadas, artículos reformados o adicionados y otros ordenamientos, 90 responden de manera directa a recomendaciones hechas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESEVI) no sólo durante este trienio sino desde años anteriores.
Como las órdenes de protección, cuya temporalidad era de 72 horas, hoy su vigencia es en tanto la víctima deje de estar en riesgo, la evaluación del riesgo es personalizada, además de facultar a ministerios públicos o a las autoridades locales, como las o los síndicos, a emitir estas órdenes de protección. La reforma al Código Federal de Procedimientos Penales se encuentra en el Senado en forma de minuta en espera de ser aprobada.
Se eliminaron del Código Civil Federal una serie de medidas discriminatorias para las mujeres como el hecho de que debía esperar 300 días para contraer nuevas nupcias.
Por otra parte, se estableció la pérdida de patria potestad para padres feminicidas de manera correlacionada, es decir, en cuanto el agresor tenga una sentencia emitida por el juez, pierde la patria potestad en automático, sin ningún juicio de por medida.
De igual forma se estableció la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales a implementar políticas públicas para garantizar el apoyo económico a los dependientes, huérfanos y huérfanos por el delito de feminicidio, cuyo cuidado recae en la familia de la víctima por lo general.
También se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para obligar a los Estados a implementar políticas pública para el transporte seguro de las mujeres, no solo deben garantizar que esté regulado el transporte público sino deben garantizar que sea seguro para las mujeres.
Se estableció la conceptualización de violencia simbólica y en materia de violencia laboral, se aprobaron tres dictámenes, dos de ellos se van a publicar pronto por el Ejecutivo, para que exista igualdad laboral para mujeres y hombres en el deporte. La CONADE está obligada a realizar convenios de colaboración para que las instancias deportistas generen mecanismos para acelerar la igualdad no solamente en oportunidades de participación, de seguridad, sino también de crecimiento de la profesión de deportistas. Así la CONADE está obligada a vigilar el establecimiento de mecanismos para la igualdad.
Dijo que otra reforma importante fue el establecimiento de sanciones importantes a quienes exijan comprobantes de no gravidez, ya que dijo el año pasado al menos un 20 por ciento de mujeres fueron exigidas de contar con este requerimiento por parte de sus empleadores.
Se hizo otra reforma para que las jefas de familia no paguen el Impuesto Sobre la Renta, ya está aprobado y se espera que el Senado apruebe la minuta.
Además, consideró como un gran logro el que se haya aprobado un presupuesto de 47 millones de pesos para el desarrollo de políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres.
Se aprobó una reforma integral para los refugios, que los y las niñas que se encuentran dentro puedan seguir su educación básica y se estableció la obligación para que los Estados y municipios para que los financien
Se dio certeza jurídica a los Centros de Justicia para las Mujeres dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Además de establecer la obligación de los municipios para conformar los sistemas municipales de prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres.
Así como obligar a los estados a generar políticas públicas con sanciones para el acoso callejero. Este tipo de violencia, dijo debe ser regulado por las autoridades municipales.
Los grandes pendientes
Dijo que aún está pendiente de aprobarse la iniciativa que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años de edad, mismo que está sin pasar por reticencias de la bancada de Acción Nacional, que en la Comisión de Justicia está presidida por Hernán Cortés.
Otro gran pendiente será perfeccionar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres, con el establecimiento de tiempos definidos sobre la emisión de las alertas, generar la obligación para que los Estados y municipios generen información semestral y en aquellos casos en que no cumplan se establezcan sanciones, la cual se puede establecer desde la SEGOB.
Plascencia Pacheco dijo que están esperando que los estados homologuen la tipificación del delito de feminicidio.
Y finalmente dijo, quedará pendiente la violencia política, cuya minuta está en el senado, luego de las diferencias entre diputadas y senadora sobre la violencia política, que no es electoral.
La minuta que nos llegó del Senado establecía como agravante del delito electoral la violencia política, las víctimas tenían primero que presentar la denuncia por delito electoral y después incorporar el agravante por violencia política, pero habría que comprobar primero el delito electoral. Sin embargo, son delitos distintos. Y hay casos de violencia política que no se dan dentro de procesos electorales como sucedió con la alcaldesa de Chiapas, Rosa Pérez.
SEM/sj/gr
