Chilpancingo, Guerrero, 23 de agosto de 2017.- Diputados Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron por separado propuestas de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero, para armonizarlo con la ley federal, respecto a la norma 046, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo, a fin de eliminar la autorización del agente del Ministerio Público para la realización de un aborto cuando el embarazo producto de una violación.
Durante la sesión permanente del Congreso Local, los diputados Sebastián de la Rosa Peláez y Yuridia Melchor Sánchez –presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género-, al no formar parte de este órgano, enviaron por separado sus respectivas propuestas.
La Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, en materia de violación como causa excluyente de responsabilidad penal por el delito de aborto, del diputado Sebastián de la Rosa Peláez, fue leída por el legislador Jesús Martínez.
En tanto, la de la diputada Yuridia Melchor Sánchez para reformar la fracción I, del artículo 159 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, fue expuesta por el parlamentario Jonathan Ensaldo Muñoz.
En su propuesta, De la Rosa Peláez expone que la misma tiene por objeto contribuir a generar un marco jurídico y normativo que permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en Guerrero, a efecto de que puedan acceder sin restricciones a los servicios públicos de salud para la interrupción legal del embarazo.
Esto, luego de los argumentos esgrimidos por el Secretario de Salud, Carlos de La Peña Pintos, quien afirma que no es posible aplicar en el Estado de Guerrero las normas federales para la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, al aducir una supuesta contradicción entre las disposiciones locales en esta materia con las disposiciones federales, restringiéndose con ello el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos constitucionalmente establecidos.
Actualmente el Código Penal del Estado de Guerrero, señala “Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”.
La diputada Yuridia Melchor argumenta que obligar a la mujer a interponer denuncia para poder obtener la autorización del Ministerio Público para la práctica del aborto, no es otra cosa que revictimizarla después de haber sufrido una conducta delictiva y, además, quedar embarazada.
Ambas propuestas que proponen eliminar la autorización del agente del ministerio público en los casos que se solicite una interrupción del embarazo por razones de agresión sexual, fueron remitidas a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
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