SemMéxico, Cd. de México, 15 agosto 2017.- Alicia Bárcena Ibarra, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y jefes de agencias del Sistema de las Naciones Unidas reconocieron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU se hayan plasmado en la Constitución Política de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre.
Durante el seminario ‘La Constitución de la Ciudad de México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, Alicia Bárcena destacó que la Constitución de la Ciudad de México es uno de los primeros esfuerzos en el mundo que visualiza, en lo local, un nuevo estilo de desarrollo sostenible, con igualdad y con pleno respeto a los derechos humanos, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En el seminario convocado por el Sistema de las Naciones Unidas en México y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (CDMX), Bárcena Ibarra reconoció que esta última se haya dotado de una ley de avanzada para la formulación de un nuevo ciclo de políticas urbanas, económicas, sociales y ambientales.
“Uno de los grandes aciertos de este texto constitucional es a la vez uno de sus mayores retos: mantener el enfoque de derechos como horizonte sobre el enfoque de intereses que tanto ha permeado en el andamiaje institucional de nuestro hemisferio para avanzar hacia una cultura de la igualdad que desmonte la cultura del privilegio”, afirmó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas puntualizó que el nuevo marco jurídico contempla el derecho a la buena administración pública, la planeación y evaluación de políticas públicas, la creación de Alcaldías, el derecho al cuidado y a un ingreso básico universal.
Advirtió que la Constitución de la CDMX enfrenta dos grandes retos garantizar que toda la legislación secundaria se apegue al contenido de la primera y “que se creen todos los dispositivos para que la Constitución se cumpla y no haya grandes brechas de implementación entre lo acordado y lo que efectivamente se traduzca en políticas, programas y acciones públicas. Los avances legislativos deben expresarse en mejores políticas y en cierre de brechas estructurales de desigualdad”.
En la inauguración del evento, Antonio Molpeceres, coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, recordó que las distintas agencias y programas de la ONU participaron y asesoraron en la elaboración de la Constitución.
A su vez, Adolfo Ayuso Audri, director General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, dijo que México enfrenta el reto de alinear la planificación de políticas públicas a la Agenda 2030, vincular estos objetivos a un presupuesto suficiente y ejecutar las políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador General de la Unidad para la Reforma Política de la CDMX, al agradecer a la ONU su acompañamiento para garantizar que la máxima Ley de la ciudad de México estuviera en sincronía con la Agenda 2030 y con la declaración de los Derechos Humanos, afirmó que ello “la hace una Ley de avanzada, no sólo en México, sino en el mundo”.
Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Asamblea Constituyente, puntualizó que en la elaboración de la Constitución se consultó a diversos grupos y se instituyó el mecanismo de parlamento abierto en donde la ciudadanía pudo entregar sus propuestas para que fueran consideradas.
En tanto, este lunes 14 de agosto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis de las impugnaciones a la Constitución capitalina.
Así, la Corte lleva dos días con el análisis de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Nueva Alianza, procurador General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respectivamente.
Dichas impugnaciones son a decenas de artículos de la Constitución capitalina sobre cuatro temas: representación proporcional en la integración del Congreso, representación proporcional en el régimen de alcaldías, supuestos de nulidad de la elección, entre los que se encuentra la violencia política en razón de género, y la reelección consecutiva de diputaciones.
En la sesión de este martes, la SCJN validó que el Congreso de la Ciudad de México esté conformado por 66 diputaciones, de los cuales la mitad serán electos por el principio de mayoría relativa y el resto por representación proporcional.
Así, durante la sesión de este martes, las y los Ministros se pronunciaron mayoritariamente a favor del artículo 29, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se prevé la integración del Congreso local.
Además, el Pleno de la Suprema Corte determinó que el Congreso Constituyente de la Ciudad sí realizó a una consulta con las comunidades indígenas, así como con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, como parte del parlamento abierto y foros a disposición del público en general.
La discusión de las impugnaciones continuará el jueves 17 de agosto.
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