SemMéxico, Cd. de México, 27 julio 2017. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó ayer varias medidas; en primer lugar, pidió al gobierno de la Ciudad de México fortalecer la seguridad para las mujeres en las instalaciones del Metro; solicitó al INMUJERES reforzar las campañas contra la violencia familiar. También pidió a instancias del Gobierno Federal trabajar para la ratificación del Convenio 156 de la OIT.
El primer exhorto se dirigió al Gobierno de la Ciudad de México para que en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo, (STC) implementen una estrategia integral para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en las instalaciones del Metro.
De acuerdo con ONU Mujeres, 9 de cada 10 que utilizan cualquiera de las 12 líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de violencia, según se destaca en el dictamen elaborado por la Primera Comisión y que fue aprobado en la sesión de este miércoles.
Aunque las y los legisladores reconocen que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del STC han implementado mecanismos para garantizar que el transporte público sea un espacio sin violencia contra las mujeres, advierten que aún quedan pendientes en la materia, por lo que exhortan a las autoridades a redoblar las acciones de seguridad.
El texto señala que el Sistema de Transporte Colectivo ha identificado 14 puntos con más incidentes de violencia sexual contra las mujeres, estos son: Balderas, Hidalgo, Pino Suárez, Indios Verdes, Tacubaya, Mixcoac, Taxqueña y los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Huipulco-Estadio Azteca, Indios Verdes, Mixcoac, Pantitlán, Tacubaya y Taxqueña, según datos del programa Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
Afirman que resulta preocupante que 6 de cada 10 de las agresiones sexuales se presentan principalmente en el interior de los vagones y durante los trayectos del viaje.
En el año 2008, el Gobierno capitalino implementó el Programa Viajemos Seguras, el cual presta servicios en módulos de atención para denunciar casos de abuso sexual en el STC; servicios de autobuses exclusivos para mujeres (Atenea); separación de hombres y mujeres en el Metro, Metrobús y Tren Ligero.
Sin embargo, sostienen que estas acciones no han sido suficientes para lograr que el transporte público sea un espacio seguro.
La comisión dictaminadora resalta que el transporte de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial, según una encuesta en 14 capitales del mundo, incluida Nueva York, realizada por Thomson Reuters Foundation en 2014.
Con el dictamen aprobado también se avaló solicitar al STC para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se refuercen las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.
Lo anterior porque en los últimos años la incidencia delictiva en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo ha venido en aumento. Mientras en el año 2013 se presentaron 376 averiguaciones por robos, en 2014 fueron 401; en 2015, 469; en 2016, 738; y en los primeros cinco meses de 2017 se han presentado 599 denuncias, subraya la Primera Comisión.
El dictamen sumó dos iniciativas, una del grupo parlamentario del PRI en el Senado y otra de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.
Por otra parte, el pleno también aprobó un dictamen de la Segunda Comisión el cual exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que, de manera coordinada, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar.
Las y los integrantes de esta comisión recuerdan que desde 2007 este tipo de violencia está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advierten que el delito de violencia familiar no se encuentra tipificado de manera uniforme en todos y cada una de las disposiciones legales que se aplican en cada entidad federativa.
En 2006, el Fondo de las Naciones unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes en América Latina son objeto de agresiones, de los cuales aproximadamente 80 mil mueren a causa de la violencia familiar.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada u obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de violencia psicológica a lo largo de su vida y que por lo general el agresor es un miembro de su propia familia, se destaca en el dictamen.
Por último, la Comisión Permanente aprobó otro dictamen de la Segunda Comisión para exhortar a “las dependencias competentes del Gobierno Federal para que analicen la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares”.
En el dictamen se destaca que las mujeres en edad de trabajar con hijas e hijos siguen sufriendo discriminación, pues les cierran las puertas por el hecho de ser madres y no encuentran posibilidades para conjuntar su vida laboral con la familiar.
SEM/am/lr
