La Guardia Nacional
12 años de militarización
Elizabeth Castro
SemMéxico, 15 noviembre 2018.- De acuerdo con la investigación “Cadena de Mando” de 2006 a 2016 la guerra contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad implementada por Enrique Peña Nieto provocaron más de 150 mil muertos, 280 mil desplazados y aproximadamente 30 mil desaparecidos, de 2007 a 2014 la CNDH emitió 34 recomendaciones por ejecución extrajudicial contra el Ejército, “en 32 de ellas las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad alterando la escena del crimen o la narrativa de los hechos para responsabilizar a las víctimas de su destino.”
En medio del debate por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que fue cuestionada a nivel nacional e internacional y a la que el hoy Diputado Mario Delgado se opuso en diciembre de 2017; Andrés Manuel López Obrador ha presentado el “Plan Nacional de Seguridad 2018-2024”, construido en torno a 8 propuestas: 1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2.- Garantizar empleo, salud y bienestar; 3.- Pleno respeto y promoción de los derechos humanos, 4.- Regeneración ética de la sociedad, 5.- Reformular el combate a las drogas; 6.- Emprender la construcción de la paz, 7.- Recuperación y dignificación de cárceles; y 8.- Seguridad púbica, seguridad nacional y paz.
En el apartado número ocho del plan se contempla la creación de una “Guardia Nacional”, la cual estará integrada por unidades de policía militar, policía naval y policía federal, previendo la incorporación de miembros activos de las fuerzas armadas, y juventud en general; es decir la militarización del país no cesará, por el contrario, de acuerdo con Mario Delgado el grupo parlamentario de MORENA presentará una iniciativa que reforme la constitución a fin de dotar de un marco legal que permita regular el actuar de las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública y hacer viable la existencia de la Guardia Nacional sin que nada ni nadie pueda interponerse.
Tras doce años de militarización México no ha logrado superar los problemas de violencia e inseguridad en su territorio, por el contrario, estos se han acrecentado y el uso de la fuerza por parte del estado ha generado un incremento en las violaciones a derechos humanos, mermando la confianza de la ciudadanía en las fuerzas castrenses.
Aunque la propuesta de Andrés Manuel contempla acciones de carácter transversal que podrían contribuir a la pacificación del país, la permanencia del ejército en las calles se traduce en una continuidad de masacre y sangre como lo han sido las fallidas estrategias de seguridad de los últimos años.
El ejército no está hecho para desempeñar funciones de seguridad pública y el equipo de Obrador lo tiene claro, sin embargo apelan a que “en lo sustancial los soldados y marinos mexicanos fueron y siguen siendo pueblo uniformado” y que bastará con dotarlos de formación “académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros” para evitar que el ejercito y la próxima Guardia Nacional no vulnere los derechos humanos, no realice ejecuciones extrajudiciales, no altere las escenas del crimen, no sea corrupta y no pacte con líderes del crimen organizado.
El Plan no contempla el fortalecimiento de los cuerpos policiacos y mucho menos la puesta en marcha de la Fiscalía General; el Senado insiste en posponer la discusión sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (la cual sustituirá a la PGR) manteniendo al Estado mexicano en condiciones de excepción respecto a la procuración de justicia, debilitando el estado de derecho y promoviendo prácticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia en sí.
Sí el 15 de noviembre la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que fue impulsada por Peña Nieto en 2017, en próximos meses los aliados de López Obrador en el Congreso afianzarán la creación de la Guardia Nacional y en un descuido ni la Corte podría salvarnos de vivir bajo la vigilancia de instituciones que no han sido hechas para respetar los derechos humanos; y aunque Andrés Manuel insista en que con la debida formación la Guardia podrá transitar hacia nuevas formas de uso de la fuerza, lo cierto es que la curva de aprendizaje no tiene un tiempo definido, además, ¿qué pasará con los cuerpos policiacos?, ¿alguien ha pensado en ellos?, ¿para qué están?, ¿qué harán?, ¿qué papel desempañarán en esta nueva estrategia de seguridad?
@lyzpc
Fb.elizabethcastrooax
12 años de militarizaciónLA OPINIÓN
Elizabeth Castro
SemMéxico, 15 noviembre 2018.- De acuerdo con la investigación “Cadena de Mando” de 2006 a 2016 la guerra contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad implementada por Enrique Peña Nieto provocaron más de 150 mil muertos, 280 mil desplazados y aproximadamente 30 mil desaparecidos, de 2007 a 2014 la CNDH emitió 34 recomendaciones por ejecución extrajudicial contra el Ejército, “en 32 de ellas las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad alterando la escena del crimen o la narrativa de los hechos para responsabilizar a las víctimas de su destino.”
En medio del debate por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que fue cuestionada a nivel nacional e internacional y a la que el hoy Diputado Mario Delgado se opuso en diciembre de 2017; Andrés Manuel López Obrador ha presentado el “Plan Nacional de Seguridad 2018-2024”, construido en torno a 8 propuestas: 1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2.- Garantizar empleo, salud y bienestar; 3.- Pleno respeto y promoción de los derechos humanos, 4.- Regeneración ética de la sociedad, 5.- Reformular el combate a las drogas; 6.- Emprender la construcción de la paz, 7.- Recuperación y dignificación de cárceles; y 8.- Seguridad púbica, seguridad nacional y paz.
En el apartado número ocho del plan se contempla la creación de una “Guardia Nacional”, la cual estará integrada por unidades de policía militar, policía naval y policía federal, previendo la incorporación de miembros activos de las fuerzas armadas, y juventud en general; es decir la militarización del país no cesará, por el contrario, de acuerdo con Mario Delgado el grupo parlamentario de MORENA presentará una iniciativa que reforme la constitución a fin de dotar de un marco legal que permita regular el actuar de las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública y hacer viable la existencia de la Guardia Nacional sin que nada ni nadie pueda interponerse.
Tras doce años de militarización México no ha logrado superar los problemas de violencia e inseguridad en su territorio, por el contrario, estos se han acrecentado y el uso de la fuerza por parte del estado ha generado un incremento en las violaciones a derechos humanos, mermando la confianza de la ciudadanía en las fuerzas castrenses.
Aunque la propuesta de Andrés Manuel contempla acciones de carácter transversal que podrían contribuir a la pacificación del país, la permanencia del ejército en las calles se traduce en una continuidad de masacre y sangre como lo han sido las fallidas estrategias de seguridad de los últimos años.
El ejército no está hecho para desempeñar funciones de seguridad pública y el equipo de Obrador lo tiene claro, sin embargo apelan a que “en lo sustancial los soldados y marinos mexicanos fueron y siguen siendo pueblo uniformado” y que bastará con dotarlos de formación “académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros” para evitar que el ejercito y la próxima Guardia Nacional no vulnere los derechos humanos, no realice ejecuciones extrajudiciales, no altere las escenas del crimen, no sea corrupta y no pacte con líderes del crimen organizado.
El Plan no contempla el fortalecimiento de los cuerpos policiacos y mucho menos la puesta en marcha de la Fiscalía General; el Senado insiste en posponer la discusión sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (la cual sustituirá a la PGR) manteniendo al Estado mexicano en condiciones de excepción respecto a la procuración de justicia, debilitando el estado de derecho y promoviendo prácticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia en sí.
Sí el 15 de noviembre la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que fue impulsada por Peña Nieto en 2017, en próximos meses los aliados de López Obrador en el Congreso afianzarán la creación de la Guardia Nacional y en un descuido ni la Corte podría salvarnos de vivir bajo la vigilancia de instituciones que no han sido hechas para respetar los derechos humanos; y aunque Andrés Manuel insista en que con la debida formación la Guardia podrá transitar hacia nuevas formas de uso de la fuerza, lo cierto es que la curva de aprendizaje no tiene un tiempo definido, además, ¿qué pasará con los cuerpos policiacos?, ¿alguien ha pensado en ellos?, ¿para qué están?, ¿qué harán?, ¿qué papel desempañarán en esta nueva estrategia de seguridad?
@lyzpc
Fb.elizabethcastrooax
