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Feminicidio en Casa Jalisco

La impunidad cobija a los agresores

Lupita Ramos

SemMéxico, 2 mayo 2019.- El feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa ocurrido el pasado jueves 25 de abril en las puertas de Casa Jalisco, es un acontecimiento que cimbra la conciencia social, la conciencia comunitaria y la conciencia gubernamental. El hecho de que el feminicidio toque la puerta de la casa de gobierno en el Estado, es significativo y emblemático. Vanesa sacude las conciencias de la gente, de la comunidad, pero sobre todo de quienes gobiernan y no han entendido la grave dimensión de la violencia de género en el Estado.

El asesinato de Vanesa es totalmente inadmisible y refleja a la perfección lo que ocurre en Jalisco cuando las mujeres se presentan ante las autoridades a denunciar las violencias que viven: La impunidad cobija a los agresores y ellas se encuentran en la mayor de las vulnerabilidades, su vida estará en peligro al quedar en medio de las amenazas y violencia machista de los agresores y frente a la inoperancia de las autoridades.

El Derecho a vivir una vida libre de violencia se ha vuelto una falacia en el Estado. No hay políticas públicas de prevención de las violencias y tampoco hay acceso a la justicia para las mujeres que las denuncian. El sistema de Justicia está Colapsado.

Desde el CLADEM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hemos denunciado desde hace más de 10 años esta situación. En innumerables ocasiones hemos señalado públicamente la ineficacia de las órdenes de protección y del sistema de justicia que las revictimiza y ejerce violencia institucional. La violencia feminicida que viven las mujeres en Jalisco no es por asuntos familiares o “problemas con el marido”, sino que se deben a la violencia estructural y sistémica que no ha sido combatida de raíz y que sigue permeando en el imaginario colectivo como permisiva al estar cobijada la violencia de género por la impunidad y el fracaso del sistema de justicia.

La respuesta oficial de todos los funcionarios que han declarado respecto del feminicidio de Vanesa, evidencia la ignorancia y la falta de perspectiva de género además de revictimizar a la víctima y a su familia. La autoridad tenía conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba Vanesa, por lo menos desde el pasado 30 de diciembre del 2017 en que presentó en la Fiscalía del Estado una denuncia por violencia en contra de su esposo.

Las declaraciones del fiscal y de la directora de área son inadmisibles al señalar que durante un año realizaron tres llamadas y Vanesa no les contestó. Con esta respuesta pretenden trasladar la responsabilidad de su seguridad en la víctima y evidencia que no tienen ningún protocolo de actuación para vigilar al agresor.

Las declaraciones del gobernador también revictimizan al responsabilizar a Vanesa por la relación que vivía con el agresor, evidencia un desconocimiento pleno del círculo de violencia que viven las mujeres y elude la responsabilidad del Estado al responsabilizarlas a ellas por continuar en una relación violenta, estas declaraciones ofenden no solo a la víctima y su familia sino al resto de la sociedad jalisciense. A pesar de contar con una denuncia presentada en fiscalía por violencia y de contar con orden de protección, las omisiones de las autoridades pusieron en riesgo su vida; ni siquiera el haber llegado a Casa Jalisco y estar ante policías estatales y escoltas del Fiscal General pudieron evitar que le arrebataran la vida a Vanesa.

Evidentemente hay responsables de esas omisiones que tienen que ser investigados y sancionados. El caso de Vanesa no es un caso más de feminicidio en el Estado. Tiene que existir un antes y un después de este cobarde asesinato. Tienen que reestructurar todo el sistema de justicia que atiende la violencia de género. A Vanesa no la mató solo el marido cobarde, sino todos los funcionarios ineptos que no procuraron su atención ni seguridad. El Estado le falló a Vanesa y exigimos justicia para ella y justicia para todas.

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponce

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