Feminicidios y la ausencia al derecho de seguridad personal.
Ante la presunta falta de denuncias por el delito de feminicidio les resulta más fácil maquillar las cifras.
SemMéxico. Cd. de México. 10 de abril de 2019.- Cada día que pasa, en México es más evidente la violencia extrema que se ejecuta en contra de las mujeres y la cual proviene de hombres a los cuales les parece poco la vida de estas, pero aún resulta más violenta e indignante la forma en la que el Estado aun muertas las humilla y las ignora.
La respuesta gubernamental que hacen las entidades federativas es preocupante, primero porque a través de las instituciones encargadas de impartir justicia se les obstaculiza a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia, quizá por su falta de capacitación en temas de perspectiva de género o tal vez por instrucción de los titulares de gobierno.
Y segundo, porque ante la presunta falta de denuncias por el delito de feminicidio les resulta más fácil maquillar las cifras y pronunciar discursos en los que aseguran que sus ciudades son seguras y apacibles, invisibilizando y dejando como siempre impune la violencia perpetuada contra las mujeres.
Mis palabras pudieran resultar incomodas para algunos y a lo mejor ser calificadas como tendenciosas, sin embargo a mi favor puedo decir que a lo largo del país me he encontrado con un sin número de familias que buscan justicia para sus hijas, hermanas y esposas muertas; familias a las cuales les han puesto barreras desde las fiscalías negándoles la calificación del delito de feminicidio, lo que conlleva a que no se investigue su muerte debidamente, entorpeciendo además el proceso cuando se llega a juicio, en donde, si bien los jueces tienen la facultad de recalificar el delito se niegan a hacerlo, ya sea por desconocimiento o por conservar las estadísticas intactas, provocando no solo dilación en el proceso sino una indebida o nula impartición de justicia.
Basta recordar el caso de Mariana Lima Buendía en el cual su madre tuvo que luchar contra el sistema judicial por cinco años para poder obtener justicia, debido a que desde la fiscalía alteraron las pruebas calificando la muerte de su hija como suicidio en donde incluso los jueces fueron omisos, de tal forma que debido a su persistencia logró llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde por primera vez se pronunciaron respecto de los feminicidios.
Casos como el anterior existen en todas las entidades federativas, sin embargo existen algunas en donde se niegan a reconocer los feminicidios por creer que pueden impactar de forma política en la percepción que la ciudadanía tiene de sus gobernantes, un ejemplo es Querétaro -en donde supuestamente no pasa nada por ser uno de los estados más seguros del país, pero tiene uno de los índices más elevados en violencia-, entidad en la cual se niegan a reconocer los delitos de feminicidio calificándolos como homicidios, cuya finalidad es conservar una estadística en la cual se perciba una entidad segura y pacífica, como prueba de lo anterior se encuentra el caso de Laura Morales Naranjo, quien en un balneario fuera asesina de forma violenta por su pareja y aun cuando reunía las características de feminicidio y ya exista el criterio derivado del caso Mariana Lima Buendía, fue investigado y seguido como homicidio calificado, no siendo el único caso ya que de los feminicidios reportados en la entidad siguen el mismo rumbo, motivo por el cual no se tienen registrados feminicidios; pero si se encuentra registrado un alto nivel de homicidios en contra de mujeres.
Lo anterior demuestra que no contamos con un gobierno -como administrador del Estado- activo o intervencionista que cumplan con su obligación jurídica de eliminar todas las formas de discriminación y violencia que les permita a las mujeres acceder a la justicia y a una vida libre de violencia, ya que no están haciendo todo lo posible para asegurar que las mujeres puedan gozar de sus derechos.
Toda vez que, con sus acciones y omisiones se sigue infravalorando a la mujer, enviando el mensaje de que la violencia contra ellas es tolerada, aceptando como normal un fenómeno que atenta contra su derecho humano a la dignidad y a la seguridad personal.
De seguir ignorando el sufrimiento de las mujeres y colocando por encima de los derechos de estas sus intereses particulares que les brinden reconocimiento político, solo provocaran que los esfuerzos para nivelar las condiciones en las que se encuentran las mujeres se vean disminuidos.
En definitiva, es necesario que en todas las entidades por medio de sus gobiernos adopten políticas preventivas y represivas realmente idóneas; mejorar las condiciones de las mujeres no es una misión imposible mientras exista la voluntad y la decisión política de cumplir con el objetivo, lo que significa buscar y hallar una respuesta jurídica en términos de bien común.
