La gran presencia de los grupos conservadores durante ese día les facilitó a las y los diputados el tomar dicha decisión.
La gran presencia de los grupos conservadores durante ese día les facilitó a las y los diputados el tomar dicha decisión.
Lore Castellanos
SemMéxico. Mérida, Yucatán. 17 de abril de 2019.- A una semana de que el Congreso del Estado se negara a aprobar la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán, los colectivos que luchan por los derechos humanos se están organizando para presentar un recurso jurídico para que este derecho pueda ser una realidad en la entidad.
Se trata del recurso de controversia inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cual se a fin de que dictamine la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado.
Pero ¿por qué es tan importante lograr su aprobación? Desde el suceso ocurrido en el recinto del Poder Legislativo, el debate en torno a esta pregunta no ha cesado entre la población en general, por ello, en entrevista a SemMéxico, dos integrantes de la comunidad LGBT+, cuentan la experiencia de lo vivido en el Congreso el pasado 10 de abril.
Pablo Alemán, presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), quien se casó con su esposo el 12 de diciembre de 2014, convirtiéndose en la pareja número nueve en lograr unirse en matrimonio a través de un amparo en la entidad, expresó que fue impactante para él ver a tanta gente reunida y esperanzada porque no se aprobara la iniciativa el día de su discusión.
“Me impactó verlas hincadas rezando, como si fuéramos personas desagradables o no dignos de misericordia. Y sí duele, desde lo personal, a mí sí me removió emociones, recordar a mi madre tirándome agua bendita, porque le enterraban en el cerebro en la iglesia incluso de aborrecer a tu propio hijo”.
Ante este escenario, dijo haber sentido “mucho desánimo”, pues a pesar de que se lograra la aprobación de las dos terceras partes de las y los diputados, tenía la certeza que “el matrimonio no iba a acabar con la homofobia”, ya que, en Yucatán, las personas no heterosexuales son tratas “como de quinta” en todos los ámbitos de su vida.
En este sentido, Alemán calificó a las y los 15 legisladores que emitieron su voto en contra de incompetentes y “cobardes”, destacando que “al parecer la iglesia católica (todavía) rige acá” en Yucatán.
A pesar de que la votación fue secreta, mencionó estar casi seguro de que la fracción parlamentaria del PRI formó parte de esas votaciones negativas, motivadas por algún tipo de soborno o acuerdo realizado con la bancada panista, quienes desde el principio de la discusión se han pronunciado abiertamente en contra de la iniciativa.
De manera similar opina Alex Orué, miembro del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, quien se cuestiona ¿qué pudieron haber negociado ambos partidos para lograr la mayoría? “¿para entregarle esto al PAN?”
Orué recordó que la iniciativa fue propuesta por el exgobernador priista Rolando Zapata Bello el año pasado, pues era una de las recomendaciones que la Conavim entregó al Ejecutivo en respuesta a la Alerta de Violencia de Género (AVGM), por lo que aún no se explica por qué las y los diputados del mismo partido no hicieron nada por defenderla.
“En el Congreso ellos (el PRI) son mayoría y la administración actual del Ejecutivo es panista y uno pensaría que Felipe Cervera (coordinador de la bancada priista) hubiera tomado la postura, aunque poco genuina pero estratégica, de abanderar causas que lo puedan diferenciar del resto de las bancadas en el Congreso, entonces a mí me hace pensar que hay intereses, especialmente económicos que entregaron a cambio de que el matrimonio igualitario no pasara”, aseguró.
De acuerdo con el activista, a pesar de que el resultado ya se lo esperaban, el proceso “no dejó de ser difícil”, pues el ambiente que rodeaba al recinto era “abrumante”.
Relató que desde las 7:00 de la mañana, las personas de los grupos conservadores “llevaron gente acarreada”, para apartar lugar y presenciar la sesión que estaba programada para las 11:00 de la mañana, por lo que, tan solo unas cuantas personas LGBT+ pudieron acceder al Pleno cargando sus banderas.
“Lo abrumante es que cada vez que había un voto en contra, era celebrado como si estuvieran regalando cosas a la gente. Abrumante además de que la mayoría en el Pleno eran antiderechos, la crueldad de toda esta gente que simplemente estaban ahí, seguramente comprándose la idea de que estaban en una cruzada religiosa y que estaban defendiendo justamente a la familia”.
Indicó que, a su parecer, la gran presencia de los grupos conservadores durante ese día les facilitó a las y los diputados el tomar dicha decisión, aunado a que optaron por no responsabilizarse de sus propios votos.
Es en este sentido que Alex Orué enfatizó en el hecho de que la discusión no es entre la comunidad LGBT y el catolicismo, sino entre personas que defienden los derechos humanos y los grupos antiderechos.
Yucatán no es incluyente
Pablo Alemán, que además de ser casado es padre de familia, detalló que actualmente en la entidad existen alrededor de 300 parejas LGBT+ casadas, de las cuales tan solo 98 lo han hecho mediante un amparo, el resto ha tenido que viajar a otros estados en donde el matrimonio igualitario es legal.
En este sentido, indicó que la resolución de las y los diputados es discriminatoria, ya que un amparo puede costar entre nueve mil a 24 mil pesos y tardar 90 días en llegar a una solución, monto por el que no tienen que pagar las parejas heterosexuales.
Asimismo, señaló que, el trato que las parejas LGBT+ reciben al momento de acudir al Registro Civil es “de quinta”, “maligno” y “odioso”, porque no solo no les permiten casarse en las oficinas de su elección, sino que su acta de matrimonio no puede ser obtenida más que en lugar donde se casaron.
“Ellos te están dando este matrimonio, pero como se los quitaste, necesitan darte ese castigo por salirte por la tuya. No es suficiente haber recibido bullying en la escuela, rechazo en tus familiares, sino también te lo tienen que recordar en tu boda”, afirmó.
Por su parte, Orué destacó que tanto las y los legisladores, como los grupos antiderechos no están impidiendo que las personas no heterosexuales se casen, sino que están dificultando el poder hacerlo, haciendo del tema algo “discriminatorio” y “humillante”.
Asimismo, recalcó que el fallo en contra del matrimonio igualitario envía un mensaje a la sociedad en general de que a los gobernantes yucatecos “no les interesa dar una imagen de inclusión y de diversidad”, lo cual es contradictorio con todos los tratados y convenios que México ha firmado en favor de los derechos humanos y de la inclusión.
Ejemplificó el caso del convenio realizado para impulsar el turismo de la comunidad LGBT+, en el cual Yucatán está muy interesado en atraer ese sector a Chichén Itzá, pero a las mismas personas no heterosexuales que habitan en sus tierras, les niega derechos y las violentan por sus diferencias.
“Nos vamos a encargar que si quieren aprovechar esas políticas públicas de inclusión, que primero vengan las garantías de los derechos humanos, no puede ser al revés, porque no pueden ser tan hipócritas de que en Yucatán nunca pasa nada, cuando sabemos de todos los casos de discriminación y crímenes de odio que son alimentados por discursos de estos líderes de bancada”, expresó.
La lucha continúa
A pesar de que el pasado miércoles no se ganó la batalla, tanto Orué como Alemán hicieron hincapié en que el matrimonio igualitario en Yucatán “va a pasar” y se va a convertir en una realidad de una manera u otra, pues además de los recursos legales que aún les queda a las personas de la diversidad sexual, cuentan con el apoyo de familiares y amigos, que no precisamente tienen que ser LGBT+ para apoyar la causa.
“Cuando lo del miércoles pasó, hubo toda una indignación porque como hemos ganado aceptación y hemos salido del clóset, somos más visibles, es más seguro que la mayoría de la gente del estado conozca a alguien LGBT y que esa persona sea cercana, entonces lo del miércoles causó muchísima indignación y dentro de todo yo me quedo con eso, que ahora esos aliados de clóset ya también salieron del clóset”, dijo.
En este sentido, Alemán también destacó que el conjunto de todas estas personas que solicitaban la modificación a la ley yucateca, conforma un alto porcentaje de la población, pese a lo que diputadas como Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN, quisieran hacer ver con declaraciones como que el 99 por ciento de sus conocidos no están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Realmente la población no heterosexual no es el uno por ciento, somos del 11 al 16 por ciento, las visibles somos el 10 por ciento. Es una población que somos arropados por las personas que nos quieren, que nos aman, seres queridos de nuestro entorno, de nuestras familias, y de nuestros heteroaliados”, externó.
Por último, Orué retomó que, además del recurso jurídico al que van a recurrir para aprobar la iniciativa, el siguiente paso de los colectivos es reorganizarse, reagruparse y “hacer comunidad”, a fin de fortalecer esta misma.
Posteriormente, detalló, se harán cargo de que las y los diputados de esta legislatura sean marcados por su decisión dentro del ambiente mediático y que sean recordados como la “legislatura antiderechos”, cuyos principales protagonistas fueron los diputados Rosa Adriana Díaz y Felipe Cervera, ambos coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI, respectivamente.
