* Llama diputado a eliminar la autorización del MP para ILE en caso de violación
* De lo contrario, habrá una Segunda Declaración de AVGM en Guerrero.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 19 junio 2019.- Arturo Martínez Núñez, diputado local de Morena, exhortó a sus homólogos que integran las comisiones de Justicia, Salud y para la Igualdad de Género, resolver a favor de las propuestas del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Guerrero por agravio comparado y eliminar del Código Penal vigente, la autorización del ministerio público para la interrupción del embarazo producto de una violación sexual.
Expuso que, en cumplimiento con su responsabilidad institucional, el Poder Legislativo debe generar un marco jurídico que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y acceder a una vida libre de violencia.
De acuerdo al Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Guerrero por agravio comparado, enviadoel pasado 30 de mayo a dicha soberanía, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se determinó que, en Guerrero, existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Esto se deriva, refirió, a que en la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, establece como condición necesaria para excluir de responsabilidad penal a la práctica de aborto a mujeres, niñas y adolescentes embarazadas como resultado de una violación sexual, la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica.
De ahí que una de las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, hacia el Poder Legislativo, es la eliminación de esa condicionante, a partir de la reforma del mencionado artículo 159 del Código penal, y apegarse a lo establecido en la Ley General de Víctimas, la Norma Oficial Mexicana 046, al artículo 10 de la Ley General de Salud, y garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo en caso de violación por parte de los servicios de salud pública y privada de manera segura.
“El problema en Guerrero es que las mujeres no tienen garantizado el uso de los servicios de salud pública y privada para interrumpir su embarazo cuando éste ha sido producto de una violación, de acuerdo a como está establecido actualmente, requieren la autorización del Ministerio Público una vez que éste haya comprobado la comisión del delito”, refirió el legislador de Morena, y esto agregó, contraviene distintas disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, en particular, su derecho para decidir sobre su propio cuerpo y acceder a una vida libre de violencia.
Martínez Núñez reconoció que el embarazo forzado, provoca daño psicológico, moral, familiar, se extiende más allá del ámbito privado e impacta con el ámbito público de la convivencia comunitaria, destruye el proyecto de vida de las mujeres y trasciende a su ámbito social y económico, marcándola para toda su vida; sobre todo al tratarse de niñas y adolescentes, ofrece un escenario todavía más crítico y deleznable.
De no tenderse esta recomendación, se daría lugar a una Segunda Declaración de Alerta de Violencia de Género en Guerrero, advirtió Martínez Núñez, de ahí el exhorto a las comisiones de Justicia, Salud y Para la Igualdad de Género, a fin de que acepten la recomendación, y emitan el dictamen a favor de la reforma del Código Penal.
Subrayó que la solicitud de interrupción legal del embarazo en caso de violación, debe verse en función de la protección de los Derechos Humanos de la víctima y no en función de la punibilidad de dicha acción; ni debe abordarse desde la perspectiva personal, “aquí no caben argumentos morales y religiosos que desvirtúan y confunden nuestro carácter de representantes populares”, recalcó.
Se trata, agregó el morenista, de responder al interés general de la ciudadanía y, particularmente, de la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de “no es una cuestión de número de víctimas; no es una cuestión de afinidad ideológica o de objeción de conciencia. Nosotros como diputadas y diputados y el personal médico y enfermería del Sistema Nacional de Salud, somos servidores públicos sujetos a un marco jurídico y legal que, hoy por hoy, se rige sobre el ejercicio plano de las libertades y derechos humanos de la ciudadanía”, acotó.
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