Mujeres Migrantes

La amenaza del feminicidio, una razón para huir del país de origen

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Las posibilidades de decidir entre denunciar, buscar ayuda, mudarse dentro de un territorio que se compararía al tamaño del estado mexicano de Hidalgo, se reducen a prácticamente a una: huir del país.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 25 de junio de 2019.- Debemos despojar la percepción de que la migración es un crimen y establecer que todas las personas en el mundo merecen un espacio físico, cultural, y político para florecer y vivir libremente señala Ana Puente Flores, tras advertir que hemos normalizado el encarcelamiento de personas inocentes.

En el contexto del encarcelamiento de la madre migrante, tanto en la frontera en México como en Estados Unidos, significa castigar a familias que huyen de contextos y estados feminicidas.

Precisó, que cuando la amenaza del feminicidio está siempre presente se convierte en una razón para huir del país de origen, y precisa que las múltiples formas de violencia en los estados feminicidas son públicas (violencia institucional y violencia contra las mujeres en la calle), privadas (en el hogar o en la comunidad) y permitidas por el Estado (política, militarización, despojo de tierras.

La especialista en política en violencia sexual del City College of New York, en su participación en el suplemento TODAS, del Instituto Nacional de las Mujeres, en la edición de junio, señaló que las fronteras hay que verlas como líneas imaginarias para entender a quien se está desplazando forzosamente y no como líneas que nos dividen por nacionalidad para poder ser críticos de la violencia que ejercen los Estados-nación.  

Puente Flores tuvo la oportunidad de incorporarse a una organización de auxilio legal a familias encarceladas durante la crisis de la separación de familias migrantes en el verano de 2018 en Estados Unidos.

Evidenció que la separación de las familias y en las llamadas perreras y hieleras, fue extremadamente traumática. Varias de las madres reportaron que al presentarse

con los oficiales de migración de EU les dijeron que no podían pedir asilo, que se fueran y que, si no se iban llamarían a la migra mexicana, que tiene peor fama que la estadounidense de dar trato inhumano a los migrantes.

Las madres migrantes y sus hijos fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos más fundamentales, como los son el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, y el derecho a pedir asilo, si estos no se cumplen. La gran mayoría sufrió violencia de pandillas y de género en sus países natales.

En México, sufrió extorsión en manos de grupos del crimen organizado, elementos de la policía y agentes de migración mexicana, para después llegar a Estados Unidos a ser encarcelados por el sistema de detención masiva de migrantes.

Si queremos apoyar el trayecto y la llegada segura de las familias, podemos establecer mecanismos de acompañamiento durante sus procesos, tanto en su camino como en las cárceles de migración, consideró.

Las mujeres, sus cuerpos un territorio más por el que las pandillas se disputan

A raíz de los recientes éxodos de personas centroamericanas a México, la información sobre la situación en Honduras, El Salvador y Guatemala ha fluido y se ha centralizado en la violencia causada por las pandillas.

Las mujeres, sus cuerpos, se vuelven un territorio más por el que las pandillas se disputan, lo que ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los datos registran que en 2018 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 7,112 solicitudes de asilo por parte de mujeres, destaca María José Juárez Becerra de la Casa del Migrante en Tijuana.

Mientras que Andrés Ramírez Silva de la COMAR, destaca cómo ha crecido el número de mujeres en búsqueda de protección internacional en nuestro país, huyendo de los horrores experimentados en sus países, y que en este contexto la mayor carga de las familias la han asumido las mujeres.

Que no es más que el patrón tradicional de sus países de origen, que se reproduce, acaso de manera más acentuada durante el trayecto de la huida; la llegada a México; las dificultades de acceso al procedimiento de la condición de refugiado y por avanzar en el proceso de integración en el país.

También los niñas, niños y adolescentes han aumentado en términos absolutos año con año y, aunque con un par de altibajos, también han ido incrementando su peso proporcional dentro del total de la población que solicita la condición de refugiado.

Ante este panorama destacó que los esfuerzos por facilitar el acceso al procedimiento de las mujeres embarazadas, cabezas de familia, no deben escatimarse, y garantizar su acceso a los servicios públicos incluida el área de salud sexual y reproductiva conforma un asunto de primordial importantes.

Es indispensable que la COMAR y otras instituciones relacionadas con la atención a las mujeres refugiadas desarrollen una perspectiva de género para garantizar la protección de las mujeres en condiciones de igualdad.

En lo que coincidió con María José Juárez de la Casa del Migrante en Tijuana que señala que la COMAR debe estar fortalecida para dar una protección internacional pertinente a las niñas y mujeres víctimas de violencia de género.

Resaltó los datos de la violencia contra las mujeres en Centroamérica; en Honduras se registró durante 2015, que más de 92% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 10 a 19 años.

En El Salvador, solo 3 de cada 10 víctimas denuncian a sus victimarios, y en las denuncias de violaciones a menores de 15 años, las resoluciones de los jueces absuelven a los acusados mediante justificaciones en defensa del amor, de las costumbres de la sociedad o del anhelo de que víctima y victimario formen un hogar. Solo 1 de cada10 casos denunciados termina en condena.

Hay que considerar que, si una mujer queda embarazada tras la violación, en Honduras y El Salvador el aborto es penalizado en todas las circunstancias, mientras que en Guatemala el único tipo de aborto no penalizado es el que tiene el fin de evitar un peligro para la vida de la madre.

Las posibilidades de decidir entre denunciar, buscar ayuda, mudarse dentro de un territorio que se compararía al tamaño del estado mexicano de Hidalgo, se reducen a prácticamente a una: huir del país.

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