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Refugiadas: las mujeres que huyen de Latinoamérica

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Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución.

Redacción

SemMéxico/Asociación de Mujeres de Guatemala. Guatemala. 25 de junio de 2019.- Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los 70,8 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, más del 70% son mujeres, niñas y niños.

Además de las violencias generalizadas, las mujeres y las niñas son víctimas de violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Entre estas: violencia sexual, en los ámbitos público y privado, así como en el marco de las distintas modalidades de conflicto —esclavitud sexual, esterilización forzada y embarazo forzado—, mutilación genital femenina, crímenes en nombre del honor, matrimonio forzado o precoz, planificación familiar forzada y trata con fines de explotación, entre otras.

Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución con las que se reprimen sus acciones destinadas a transformar y eliminar prácticas, costumbres y normas sociales y jurídicas discriminatorias.

Las mujeres que huyen de Latinoamérica:

Latinoamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Y de las más letales para nacer y ser mujer. En 2017, fueron asesinadas 2.795 mujeres en la región, de las cuales 1.012 lo fueron por su pareja o expareja. Según la Cepal, 14 de los países con mayor número de feminicidios en el mundo, son latinoamericanos. Los países con las más altas tasas de feminicidios fueron los que componen el militarmente llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica: El Salvador, 10.2 por 100.000 habitantes; Honduras, 5.8 y Guatemala, 2.55.

Las violencias física, sexual, laboral, psicológica, económica e institucional se exacerban contra la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas, en aquellos países donde actúan diferentes grupos armados como el crimen organizado, las maras y pandillas, el narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares, las redes de trata y tráfico de personas, con la connivencia de agentes estatales. O donde el aparato del Estado es el instrumento directo de represión política, comunitaria y social, como es el caso de Nicaragua, Venezuela y más recientemente de Honduras.

Especial atención merecen las mujeres que huyen para poner a salvo a sus hijas e hijos menores. Las y los niños, especialmente quienes proceden de Centroamérica, huyen de agentes perseguidores que pueden ser, el padre u otro miembro de la familia, reclutadores de maras o pandillas, crimen organizado en colusión con agentes estatales, entre otros.

Los contextos de violencia e impunidad generalizadas, en países con conflictos de altos niveles de intensidad, donde la imposibilidad de acceso a la justicia y de obtener una protección eficaz son la norma para las mujeres y menores, las expulsan, las obligan a huir si quieren sobrevivir o intentar alcanzar una vida digna. En 2018, las personas solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela fueron las más numerosas en todo el mundo: 341.800 peticiones. Las procedentes de El Salvador se ubicaron en el puesto 6 (46.800) y las de Honduras en el puesto 8 (41.500).

(Des)protección internacional en el Estado español:

El número de solicitudes de protección internacional en el Estado español ha aumentado en proporción geométrica en los últimos años. En 2018 fueron 55.668 las personas que solicitaron asilo: el 43 % fueron mujeres y niñas.

El sistema de protección internacional se muestra ineficaz para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas que consiguen llegar a España: los casos no se estudian de la manera diferenciada que legalmente se requiere, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De manera más específica:

Desde 2014 sólo se han concedido 154 estatutos de asilo a personas procedentes de Latinoamérica: Colombia, 79; Venezuela, 49; Honduras, 23; Nicaragua, 5; y El Salvador, 3. Y únicamente 3 de protección subsidiaria a personas procedentes de Guatemala.

El porcentaje de denegaciones para las solicitantes de asilo procedentes de Latinoamérica es superior al 95 %.

Esta práctica restrictiva se reitera en la instrucción de las solicitudes de protección internacional realizadas en puesto fronterizo, en particular con las peticiones de personas procedentes de Colombia y Centroamérica.

En general, el Ministerio del Interior deniega de manera casi automática las solicitudes de protección internacional derivadas de la violencia de las maras o pandillas, de grupos del crimen organizado, de grupos paramilitares o guerrilleros, cuando las víctimas no tienen un determinado perfil político. Lo hace bajo la asunción de que sus Estados de origen pueden ofrecerles protección eficaz. Y lo hace contraviniendo resoluciones de la propia Audiencia Nacional de España, que en el caso de Honduras y El Salvador, ha calificado la situación de estos países como de “conflicto interno”.

No existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de España que reconozca que las víctimas de la persecución perpetrada por maras son susceptibles de protección internacional: por el contrario, este le da el tratamiento de “delincuencia común”.

Además de los altos porcentajes de denegación, el procedimiento de protección internacional se convierte en un instrumento revictimizante:

1. Se obstaculiza/impide el acceso al procedimiento mediante prácticas administrativas restrictivas como el retraso de meses en poder realizar la solicitud de protección internacional y la incoación de expedientes de expulsión de las solicitantes.

2. La instrucción de los expedientes se lleva a cabo de manera restrictiva: las entrevistas iniciales no suelen cumplir con los requerimientos mínimos y suelen ser realizadas por personal no suficientemente cualificado, con manifiesto desconocimiento de los contextos de violencia que afectan a los países latinoamericanos; hecho constatable ante la escasa y no pertinente utilización de información del país de origen en los fundamentos de las decisiones. En general, no se realiza una segunda entrevista de instrucción en la casi totalidad de las solicitudes y, en el caso de las mujeres y niñas, no se aplica con pertinencia el enfoque de género exigido, entre otras medidas, por el artículo 46 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

3. La falta de previsión de la Administración ha generado que, a 31 de diciembre de 2018, 78.810 expedientes de protección internacional estuviesen sin resolver: tales procedimientos administrativos duran actualmente, por lo general, más de tres años.

4. Los recortes de derechos económicos y sociales para las personas solicitantes de protección internacional se han traducido en obstáculos e impedimentos para acceder al sistema de acogida y de ayudas, lo que ha generado que muchas de las personas solicitantes, a pesar de tener legalmente reconocidos estos derechos no hayan podido ejercerlos.

5. La Administración está incumpliendo con su obligación de documentar en fecha a las personas solicitantes, lo que ha supuesto que muchas de estas hayan tenido su documentación caducada o se haya demorado meses la posibilidad de tener un documento en el que se recoja la autorización de trabajo.

Estos incumplimientos por parte de la Administración han supuesto desde pérdidas de empleo y dificultades a la hora de acceder al sistema de atención sanitaria, hasta el cierre de cuentas en entidades bancarias por tener la documentación caducada, entre otros daños que impiden el ejercicio pleno de los derechos más elementales.

Vídeo protagonizado y realizado por mujeres migrantes y refugiadas.

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