Intercambio de experiencias entre países con una tasa global de fecundidad inferior a la de reemplazo
Gloria López
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 10 julio. 19.-. La salud y los derechos sexuales y reproductivos deben ocupar un lugar importante en las agendas políticas de los Estados. Pero ¿qué estrategias se están siguiendo para que esto sea posible?, ¿qué nos indican las cifras –los nacimientos, la tasa de mortalidad materna, los datos sobre enfermedades de transmisión sexual, los porcentajes de interrupciones voluntarias del embarazo-?, ¿qué retos plantea la ralentización e incluso el retroceso que los derechos sexuales y reproductivos vienen experimentando en todo el mundo? Hoy, en Madrid, personas expertas en salud sexual y reproductiva, transición demográfica y políticas públicas de China, Puerto Rico, Uruguay, Chile y España, han compartido sus experiencias.
El intercambio se ha producido en el contexto del seminario ‘Dividendo y diversidad demográfica: Soluciones para impulsar la agenda de El Cairo y el desarrollo sostenible’, organizado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) en colaboración con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En el horizonte, encontramos algunos retos. Por un lado, Chile, Puerto Rico, Uruguay, y especialmente China y España son países cuya tasa global de fecundidad es inferior a la de reemplazo. Por otro, el Plan de Acción de El Cairo –que cumple su 25º aniversario- supuso un hito en el reconocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y ha recibido un fuerte apoyo de los gobiernos, responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, pero actualmente está siendo cuestionado como nunca antes.
“¿Por qué se ha frenado el avance?”, preguntaba Álvaro Bermejo, directos de la IPPF, y “¿por qué nos comportamos como si no se hubiera frenado?”. El experto ha defendido que las organizaciones sociales que defienden la salud y derechos sexuales y reproductivos deben replantearse sus estrategias y narrativas para adaptarse a la nueva situación, en la que los sectores antiderechos están “más organizados, más agresivos y fuertes que nunca”.
Lo cierto es que apostar por políticas públicas basadas en derechos, que incluyan la participación de las organizaciones sociales y que incorporen el enfoque de género, da sus frutos. La directora de Iniciativas Sanitarias, Ana Labandera, ha explicado cómo en Uruguay han conseguido reducir las muertes por aborto inseguro a casi cero (en 1991 era del 48 por ciento). La experta ha defendido la necesidad de promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y también ha apostado por una formación y sensibilización que permita convertir a los y las profesionales de la salud en agentes de cambio social. “Hay que empezar por los lugares donde hay menos resistencia y desde ahí seguir avanzando”.
Leyes y voluntad política
Efectivamente no solo es una cuestión de leyes, aunque estas sean fundamentales. En el Estado español existe una normativa que apuesta por la educación sexual y reproductiva como una responsabilidad pública, pero el hecho es que esta formación, cuando se imparte, se realiza fuera del horario escolar, por parte de asociaciones. Enrique del Olmo, responsable de Servicio de Salud de la Mujer y de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha atribuido esta falta de “voluntad política” a cuestiones ideológicas que determinan el seguimiento de las leyes, su implementación por parte de las comunidades autónomas y la falta de cumplimiento de las evaluaciones previstas.
En esta línea encontramos también el ejemplo chileno. Existiendo una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 50 por ciento de los obstetras de la red pública de salud del país se declara objetor de conciencia en casos de violación. “Tenemos regiones completas donde no existe ni una persona que no sea objetor de conciencia”, ha denunciado Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA. En su intervención ha señalado también un retroceso destacando la ausencia de una ley de educación integral de la sexualidad en Chile y las consecuencias de que los derechos sexuales y reproductivos no estén en las políticas públicas.
En las distintas mesas ha resultado evidente la necesidad de abordar los temas de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como el establecimiento de estrategias orientadas al fomento de la natalidad, desde un enfoque multidisciplinar que contemple distintas vertientes. Por ejemplo, Fernando Conde, sociólogo experto en dinámicas de población y demografía apostaba por la revisión de las políticas de empleo y vivienda, el incremento de medidas orientadas a facilitar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal y laboral y el aumento de recursos educativos de 0 a 3 años, para afrontar el descenso de nacimientos.
Durante el seminario se han abordado temas como la estrategia de salud sexual y reproductiva de los Estados y su papel en la diversidad demográfica. El encuentro ha servido también para intercambiar experiencias de promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos entre países y abordar las consecuencias del envejecimiento, así como para identificar medidas que permitan impulsar el Programa de Acción de El Cairo en su 25º aniversario.
