Desde la mano izquierda
Claudia Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí, 26 de abril, 2021.- La semana pasada se produjo en San Luis Potosí la vacunación contra el Covid-19 para personas mayores de 60 años, un primer paso en el acceso a la salud como un derecho y por lo pronto un alivio colectivo para quienes nos hacemos cargo de un adulto mayor, porque innegable es el peso que tuvo la distancia en miles de familias durante todo el malhadado 2020.
De tal modo quienes llevaron a sus familiares a vacunar, principalmente a los más vulnerables, son ejemplo no sólo de gratitud o buen corazón, sino del cumplimiento cabal de sus obligaciones.
Desafortunadamente esta no fue la realidad de todos, hay otros casos donde el abandono, la soledad y la violencia son el cotidiano, una situación también agravada por la pandemia.
Hablábamos de esto en octubre pasado a propósito de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, en el llamado de atención de la Organización de las Naciones Unidas en la respuesta al coronavirus se reconoció no solamente la peligrosidad del virus en ese rango etario sino también la posibilidad de agudización de otros problemas como la negligencia y el abuso, el aumento de la pobreza y el desempleo además del impacto a la salud física y mental.
En esta dimensión la Organización Mundial de la Salud reportó el año pasado que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 padecieron algún tipo de abuso producido tanto en instituciones como al interior de las familias, estamos ante formas de maltrato muy particular, caracterizados por comportamientos omisos, pero no menos virulentos.
Entre los factores de riesgo destacan la mala salud de la víctima además del sexo, las mujeres mayores debido a los estereotipos de género, son menos valoradas dentro de sus familias y tienen más riesgo de padecer negligencia, golpes y abuso económico como el apoderamiento de sus propiedades. Además, aquí las consecuencias están íntimamente ligadas a la prolongación de las prácticas de agresión, dice la OMS:
“Estos malos tratos conducen a lesiones físicas –desde rasguños y moretones menores a fracturas óseas y lesiones craneales que pueden provocar discapacidades– y secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad. Un estudio de seguimiento durante 13 años reveló que los ancianos víctimas de maltrato tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato.”
Al respecto la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de México reconoce la violencia sexual, económica, patrimonial, física y psicológica, estas pueden consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
En este tema la intervención de las familias se compone de una obligación y una prohibición: Tienen la obligación de otorgar alimentos (vestido, habitación, atención médica, rehabilitación, atención geronto – geriátrica etc.) y tienen prohibido cometer actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento y violencia.
Y es que similar al maltrato infantil la edad juega en contra para el acceso del adulto mayor a la justicia porque en muchos de los casos al ser sus cuidadores los verdugos, la situación de violencia puede permanecer en silencio durante años y pasar desapercibida para las autoridades, precisamente por eso esta legislación indica que cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia contra las personas adultas mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes.
Finalmente, como debe ser, está la norma penal que en gran parte de la república sanciona más severamente los delitos contra este grupo de la población, así por ejemplo el Código Penal de San Luis da una pena mayor a varios delitos cuando sean en agravio de personas mayores de 60 años y persigue de oficio otros como la violencia familiar.
Por consiguiente, no vamos escasos de herramientas jurídicas para proteger a las personas y la cultura de la denuncia es esencial para alcanzar el ideal jurídico y vivir como dice la ley: en entornos seguros dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades y en donde ejerzan libremente sus derechos. A más ver.
@Almagzur
