- En un documento Amnistía Internacional pide al presidente López Obrador que cambie inmediatamente de rumbo y proteja los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de marzo del 2023.- Un grupo de 39 personas murieron en un incendio ocurrido el 28 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, mientras que 28 fueron hospitalizadas. Se ha denunciado que el personal del centro dejó encerradas a las víctimas tras iniciarse el incendio. Por lo que sugieren que instituciones y ciudadanía en general elabore una carta dirigida al Presidente de la República para que cambie inmediatamente de rumbo y proteja los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La carta deberá llevar la siguiente información, Presidente Andrés Manuel López Obrador. Palacio Nacional, edificio 10, planta baja, Colonia Centro. C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono: 5093 4900 ó 01 800 080 127. Twitter: @lopezobrador_
A continuación, se expone la carta modelo íntegra:
Estimado Señor Presidente López Obrador:
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 28 de marzo provocó la muerte de al menos 39 personas migrantes y la hospitalización de otras 28. El gobierno que usted encabeza tenía la obligación de prevenir esta tragedia y actuar con diligencia durante el incendio para evitar consecuencias fatales. Hay serias acusaciones de que se dejó encerradas a las personas migrantes después de que las llamas se expandieran en las celdas.
En lugar de analizar las causas estructurales de esta aberrante situación, que son la aplicación de políticas inhumanas hacia las personas en busca de protección internacional que transitan por su país, usted ha insistido en restar importancia a la gravedad de los hechos y ha culpado a las personas migrantes de su muerte.
Le instamos a que cambie de rumbo inmediatamente y asegure que un nuevo conjunto de políticas y prácticas garanticen plenamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México, incluyendo poner fin a la militarización de la migración y a la detención generalizada de migrantes. También le pedimos que se coordine con todas las autoridades pertinentes para asegurar que las víctimas de esta tragedia no sean estigmatizadas aún más, que haya una investigación pronta, exhaustiva y transparente de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, que se garantice el derecho a la salud de los supervivientes hospitalizados, que se les conceda la regularización migratoria si así lo desean, que se garantice una reparación integral para las víctimas y sus familias y, por último, que se identifique y asegure la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas de forma digna y sin cargo alguno.
Información complementaria
Las personas recluidas en el centro de detención de migrantes procedían de 5 países diferentes: Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la grave situación de los derechos humanos en todos estos países, que son el principal factor que impulsa a las personas a abandonar sus países en busca de protección internacional, atravesando con frecuencia rutas peligrosas y siendo objeto de abusos por parte de las autoridades de migración y de grupos delictivos.
Las muertes y lesiones que tuvieron lugar el 28 de marzo como consecuencia del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez se produjeron en un contexto en el que las personas se han visto obligadas a buscar protección internacional, al correr el riesgo de perder la vida o sufrir otras violaciones de derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino. Ante esta situación, los países de la región, liderados por Estados Unidos de América, han establecido políticas migratorias compartidas cada vez más inhumanas, que hacen casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligan a las personas a buscar rutas más peligrosas que las colocan en situaciones aún más vulnerables.
Como parte de esta estrategia para frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han encargado a la Guardia Nacional la aplicación de las leyes de inmigración y han militarizado las fronteras del país. Además, han recurrido sistemáticamente a la detención de inmigrantes. Sólo en 2022, las autoridades de inmigración detuvieron al menos a 318.660 personas en centros de detención de migrantes y expulsaron a más de 106.000, incluidos niños, niñas y adolescentes.
Estas detenciones se llevan a cabo sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares en materia de condiciones dignas de detención, incluyendo la prohibición del hacinamiento y la disponibilidad de alimentos y agua suficientes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el 15 de marzo de 2023 que las personas no deben permanecer en las estaciones migratorias más de 36 horas, tras las cuales deben ser puestas en libertad.
SEM/MG
