Diana Miloslavich
Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria y la RENAMA, hemos venido impulsando las dos iniciativas de ley sobre acoso político
SemMéxico, Lima, Perú, 12 septiembre 2017.- La XIII Conferencia Regional de la Mujer CEPAL (2016) destacó como un obstáculo para el avance de la participación política de las mujeres en América Latina, el acoso político. El mismo que se ha convertido en una nueva barrera que impide el ejercicio de nuestros derechos políticos.
En el proceso electoral 2016 se firmó un Pacto Ético Electoral para las elecciones generales promovido por el JNE y se comprometieron los partidos políticos, entre otros, a rechazar y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia una persona o grupos de personas por razón de raza, etnia, sexo, edad, procedencia, religión, entre otros, así como todo acto de acoso político que vulnere o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial el de participación política de las mujeres.
Este Pacto no constituyó un freno para los casos de acoso político hacia las principales figuras presidenciales y vicepresidenciales como Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, Mercedes Araoz, consignadas en el informe de la Misión de la OEA. Fue relevante que los partidos políticos del Frente Amplio, PPK hoy en el Gobierno, se propusieran aprobar la ley 1903 de acoso político en sus planes de gobierno.
El Estado peruano con su Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, reconoció como una nueva forma de violencia el acoso político: Modalidad de violencia que incluye cualquier acción, conducta u omisión entre otros basada en su género de forma individual o grupal que tenga por objeto y resultado menoscabar anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos; conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombre.
Con el nuevo Parlamento, se presentó una nueva iniciativa de Ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres, hoy Proyecto de Ley 673, para el debate en la Comisión de Justicia y de Constitución desde la legislatura pasada.
Igualmente ingresó un anteproyecto de Código Electoral, del JNE que reconoce la paridad, alternancia y sobre el acoso político a las mujeres propone una sanción de 20 UIT en caso una candidata reciba amenazas, agresiones o la divulgación de información que menoscabe su dignidad. La nueva iniciativa de Ley 1751 que recoge la propuesta del Grupo de Trabajo sobre Reforma Electoral presidido por la congresista Patricia Donayre recoge una propuesta Similar.
Un primer informe del 2011/Flora Tristán, Calandria, Diakonía, dió cuenta que de cada 5 autoridades mujeres elegidas 2 vivían acoso político. Se sumó la investigación del JNE/Flora Tristán que da cuenta que en el proceso electoral 2014 de cada 10 candidatas 3 vivieron acoso político. Desde la Campaña Somos la mitad queremos Paridad sin acoso político, las organizaciones Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria y la RENAMA, hemos venido impulsando las dos iniciativas de ley sobre acoso político, las dos investigaciones realizadas y seguimos dando asesoría y seguimiento a las mujeres autoridades víctimas de acoso político que requieren de un mecanismo que garantice su protección y sus derechos políticos.
Necesitamos que la Comisión de Constitución incluya en su plan de trabajo, el debate sobre el acoso político, la paridad, alternancia, la cuota transversal, financiamiento y capacitación para mujeres, entre otros, para dar señales claras que queremos mejorar nuestra democracia y nuestro sistema electoral.
