Afecta el Instituto Politécnico Nacional a maestras y recorta inscripción estudiantil

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  • Viene de un decreto de marzo, por órdenes de AMLO, que quitó al Instituto 3 fuentes de ingresos.
  • Cesó la construcción de aulas y quieren ahorrarse plazas: responsabilidad de la SEP.

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de septiembre del 2022.- ¿Qué hará una profesora del Instituto Politécnico Nacional a quien le quitan sus 21 horas de clase en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional? Lesiona sus derechos laborales y su empoderamiento; pidió ayuda al Instituto Nacional de las Mujeres, desde abril, junto a otras profesoras, advirtió que habría conflicto.

Ir al desempleo, ¿por razones burocráticas? Una queja de Araceli García Rico y Diana Verónica Santillán Martínez, es la punta del iceberg de una serie de acciones semejantes a cientos de maestras y maestros. Ellas desde abril, acudieron a la oficina de defensa de los derechos humanos del IPN y comentan que estas acciones dejan en claro que en esta administración las mujeres, no valen. Pero, además, las quejosas, afirman que han sufrido hostigamiento laboral y hay alumnado que ha documentado abusos sexuales.

Estas acciones, que llenan las oficinas del IPN, ya han generado conflictos en la base estudiantil y en la docente. Marchas que iniciaron la semana pasada y paros a partir del 2 de septiembre. El IPN es considerado como una de las 3 universidades más importantes de México, con 55 carreras de licenciatura e ingenierías, y más de 17 mil profesores y profesoras, 55 por ciento mujeres y 190 mil estudiantes, 40 por ciento mujeres.

Todo ello no es atribuible a cuestiones de mal manejo en la opinión pública, y afirman que se trata de asuntos político electorales. Se olvida que el primero de marzo pasado, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, se quitó a la dirección del IPN tres órganos sustantivos y por supuesto, presupuesto. Ahora el conflicto, menos plazas, cero interinatos –que crean derechos- y reducción de ingresos a estudiantes y omisiones.  O sea, una decisión que hace 5 meses estalló al comenzar las clases presenciales.

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Sostienen las quejosas que desde el primero de septiembre, entraron en paro indefinido 11 dependencias del Instituto Politécnico Nacional, desde su creación, siendo presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, es una institución de educación superior que pertenece a la Secretaría de Educación Pública y que, desde el primero de marzo, una decisión presidencial, puso en crisis.

Esta semana entraron en paro indefinido, y realizarán asambleas con pliego de peticiones, de estudiantes y docentes. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ENCB en el Casco y Zacateco; Escuela Superior de Física Matemáticas ESFM, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA en asamblea permanente.

Escuela Superior de Ingeniería Textil ESIT, espera respuesta a pliego petitorio; Escuela Superior de Medicina, ESM; Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, ambas con pliego y asamblea; Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología UPIBI, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA, UPIIG Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Guanajuato, en paro indefinido y Voca 7, paro activo.

Todas estas escuelas, con miles de estudiantes y profesorado, refieren una administración sin respuestas. A la que le quitó el gobierno de la 4T atribuciones, lesionando su Ley Orgánica. La docente que ha quedado sin sus 21 horas, no es la única. Cientos han solicitado solución desde el 22 de agosto, al cese de sus contratos, apenas unos días antes del comienzo de clases y a más de 10 días advirtieron, que un efecto dominó conflictivo sucedería, faltaran docentes y las autoridades no han respondido a escuelas que mantienen pliegos de peticiones, paros, asambleas y protestas. Estos hechos indican que ha sido el recorte presupuestal, afectado por razones ideológicas, disminuyendo la vida académica del IPN.

Situación

Al retornar a clases en el IPN, salieron a flote reclamos de las y los estudiantes por lo que afirman es “incapacidad” de las autoridades para incrementar la matrícula; la inconformidad es por la manera de “ajustar” plazas e interinatos, contratos desaparecidos.  Las demandas del alumnado tienen que ver con la generación de estos interinatos laborales para las y los profesores, como la compañera Araceli García Rico, a quien quitaron su trabajo y están con el temor de no tener clases; el profesorado que en su mayoría es contratado por horas; no se extiende la matricula por falta de espacios físicos para la asistencia a clases presenciales, así como la modernización de la red y los servicios de Internet.

La justificación de las autoridades centrales, presidencia de la República,  es que el funcionariado del IPN tienen más atención en cuestiones políticas y partidistas, y por tanto desatienden los reclamos expresados en los pliegos petitorios, – con paros ahora esperando respuestas o con asambleas activas, en contra de una matrícula, que genera tres tipos de alumnado, los de “primera”, aquellos que asisten a clases presenciales; los de “segunda”, que las toman de forma híbrida (de forma presencial y remota), y los de “tercera”, que han sido rechazados porque no tuvieron a su disposición los instrumentos para aplicar sus exámenes.

Antecedentes de la crisis un decreto de AMLO

El pasado primero de marzo la secretaria de Educación Pública expidió, en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo según el cual “las entidades paraestatales coordinadas por la SEP se agrupan en subsectores y se designa a los suplentes para presidir sus órganos de gobierno o equivalentes”. Según lo ahí dispuesto, se faculta al presidente de la República para dicho agrupamiento “cuando así convenga para facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades”.

Resultado de ello, 15 entidades paraestatales de la SEP (descentralizadas, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos) se agrupan en dos subsectores, educación y deporte, correspondiendo a la Subsecretaría de Educación Superior la coordinación de tres dependencias: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFFAA), Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI).

El primero, como se consigna en el nombre oficial, tiene o debe guardar una relación estrecha con el IPN. Además, a este último se debe la creación y pertenencia de la COFAA y del POI.

El Acuerdo suscitó de inmediato una reacción en las dos instituciones, principalmente en varios grupos de académicos del IPN y, en menor medida, en el Cinvestav. 

Su molestia y crítica, lo atribuyen principalmente a un propósito avieso: forma parte de los intentos del gobierno de la Cuarta Transformación por avasallar instituciones públicas de educación superior.

A una semana del acontecimiento sorprende que las entidades involucradas, desde la Presidencia de la República, pasando por la SEP y las dos instituciones de educación superior e investigación, no hayan expresado una posición oficial a ese respecto. Había cierre de actividades. Por eso la molestia renació al iniciar las clases presenciales.

  • Hay que señalar que en 1982, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica del IPN, actualmente vigente; allí se atribuye la titularidad del órgano de gobierno de las tres entidades, al director general del Instituto.
  • El Acuerdo de este 2022 ratifica lo ya resuelto en 2018: la Subsecretaría de Educación Superior como titular de su órgano de gobierno. Una pregunta salta de inmediato: ¿era necesario repetir lo de tres años atrás y con ello actualizar el peligro relativo a que, tomado como móvil, se avive un avispero político, como parece estar sucediendo?
  • Lo relativo al “avispero” ya está circulando en redes, principalmente, y en algunos medios. Algunos ejemplos: a) para el Ejecutivo Federal y la SEP, “el IPN no existe y no es importante”; b) los tres organismos “pasaron a depender directamente de la SEP”; c) el trato que se le da al Cinvestav es el de “una oficina burocrática”; d) se proponen foros de discusión y asambleas en el IPN, “hay que actuar . . . movilicémonos”; e) “se pretende una separación total entre IPN y Cinvestav”; f) “recobremos para el Instituto sus órganos auxiliares”.

Ese decreto de marzo y la cuestión de fondo se da en otro terreno: el político. El referente a quienes consideran un agravio al IPN quitarle la titularidad de los órganos de gobierno de los tres organismos. Si pasó inadvertido en 2018 ahora ya no lo es más.

De acuerdo con ello, el principal fundamento para modificar la tradición de más de medio siglo se localizó en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Art. 8, referente a la facultad de “establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector”.

Todo se justificó por “corrupción” no demostrada hasta ahora y si con barruntos conflictivos, que quieren explicaciones sencillas, de una crisis generada desde la presidencia de la República, y que saltaron al comenzar las clases presenciales.

Los opinadores políticos, afirman, “una mano” está generando conflictos en el IPN, o sea, no es consecuencia de medidas administrativas que han lesionado derechos, fácil. Tema de la Secretaría de Educación Pública.

SEM/MG

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