AmbigúCOLUMNASMartha Elba Torres Martínez

¡Al diablo las instituciones!… hasta la autonomía universitaria

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Error de dedo en la iniciativa de Amlo. Si Chucha

“Las víctimas de la Reforma Educativa”: 600 para la CNTE, mil para Moctezuma ¿De un millón 200 mil maestros?

Martha Elba Torres

SemMéxico, 13 diciembre 2018.- “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! …” fue la consigna lapidaria de Andrés Manuel López Obrador, ante un nutrido Zócalo capitalino agitado entonces por las banderas del sol azteca, en septiembre de 2006. El Tribunal Federal Electoral (Trife) estaba calificando el triunfo del panista Felipe Calderón en la elección presidencial, e instalaba su gobierno “legítimo”.

“Vamos a crear nuestro propio gobierno. Ya no aceptamos la República simulada. Vamos a establecer una República representativa y verdaderamente popular” (…) “tengo toda la autoridad moral y política para iniciar las transformaciones que requiere el país, desde la Presidencia de la República, hasta el Poder Judicial, que es una vergüenza”.

Pues no mintió. Doce años después, la consigna es la maldición. Y apenas asumió el poder y ya está dinamitando todo lo que puede representar “el viejo régimen”, en el cual él mismo se incubó. Por eso, no dará marcha atrás en todas y cada una de sus promesas. Cueste lo que cueste al país.

Le vale zorrillo la confianza internacional en sus proyectos. Que los poseedores de bonos del aeropuerto de Texcoco hagan el negocio del siglo con la cancelación; que se esperen tantito –seis meses- los inversionistas petroleros, si quieren. Y el último reducto del peñismo: la Reforma Educativa, ya prendió la mecha. Pero le quemó las manos.

Si no se ocupa el diputado federal y coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, de leer con detenimiento la iniciativa presidencial de reformas en materia educativa que llegó el miércoles 12 a la Cámara Baja, la ya célebre expresión del hoy director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, le habría tocado a otra gran institución del país: la autonomía universitaria.

Que fue un error de dedo, suprimir la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”, para supeditarla a “lograr el bienestar de la población y de conformidad a los planes y proyectos que se establezcan a escala nacional”, como tuiteó el legislador del blanquiazul.

El escándalo en redes y la protesta universitaria fue tal, que el Presidente negó que haya sido intencional. Y como siempre, le echa la culpa de todo a sus adversarios políticos. “Los que están a disgusto por la decisión de cancelar la Reforma Educativa van a querer agarrar eso de bandera.  Entonces, mejor aclararlo. Es un principio. Conozco toda la historia de la autonomía de la UNAM, es un gran movimiento. Entonces se corrige, se agrega, es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía”, dijo en conferencia mañanera de la víspera.

Seamos francas, francos y serios, ¿usted le cree? Para esta columnista no hay más que una lectura: la típica, a ver si pega.

Con el Poder Judicial, el único de los contrapesos al Ejecutivo Federal que quedaba de pie, sigue con todo.

Lo enfureció el motín de las togas que se niegan a renunciar a sus jugosos salarios. Nadie en este país puede aspirar a más de 108 mil pesos, a menos que trabaje en la iniciativa privada, se vaya a hacer carrera al extranjero, o se dedique al narco. También a ellos debería imponerles el tope salarial. Y la resolución del Tribunal Electoral a favor de Martha Erika Alonso, en Puebla, terminó sacándolo de quicio.

Por cierto, qué oportunas esas fotos con los gustos –Rolex, habanos y auto de lujo-, del magistrado del Tribunal Unitario con sede en Veracruz, Alfonso Eduardo Serrano, pero el grupo presidencial está dispuesto de echar mano de todo con tal de someter a las y los juzgadores.

Por eso también, las palabras del saliente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al rendir su cuarto y último informe de labores y en presencia del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador: “nada por la fuerza todo por la razón y el derecho… nada ni nadie, por encima de la Constitución”. Por lo menos, la que sigue vigente. Ya veremos a mediados de 2019 que promulgue la nueva carta magna.

Como sea, ante ese Presidente implacable que vemos todos los días en rueda de prensa en estas convulsas semanas de diciembre, Michoacán comenzó con el pie derecho, con todo y las bravuconadas del morenismo local, salvo el delegado político presidencial, Roberto Pantoja que ha asumido con seriedad su encomienda.

Y la razón es simple. Con todo el soporte técnico jurídico y las cuentas claras, el gobernador Silvano Aureoles demostró el gran quebranto que dejó a las finanzas de Michoacán, la descentralización educativa y de salud, que aun cuando la situación es similar en otras entidades, el michoacano ha sido el único mandatario con el valor de defender los intereses de su estado.

Hay que verlo así: 50 por ciento que el Gobierno Federal le diga que no y 50 por ciento que sí, a la federalización de la nómina magisterial. Hay que ser positivos y las señales son claras. Ya bajan los recursos extraordinarios para pagar las quincenas y aguinaldos a maestros y universitarios.

La próxima semana se instala la mesa, entre autoridades federales, estatales y sindicatos –hay varios: la CNTE, el SNTE y los elbistas- para revisar el tema, ya sea la atracción del servicio, que sería lo ideal si el Presidente va decir qué se hace y cómo se hace con la educación, o un nuevo convenio por lo menos más justo y equitativo.

De lo anunciado anteayer por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, en torno a la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), rescato la vaguedad en la cifra que dio, sobre los docentes que supuestamente fueron despedidos por no someterse a exámenes de conocimientos y competencias: un millar, ¿de un millón 200 mil? ¿en dos años?

Quién sabe de dónde sacó esa cifra Moctezuma, porque la CNTE a nivel nacional, en febrero de este año, reconocía apenas 600, de acuerdo a Víctor Manuel Zavala, dirigente de la Sección 18 de Michoacán. (Recuperado en: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc37738)

En Querétaro 127, en Morelos 18 y acaba de reportar El Universal, 53 en Sonora; en Michoacán nadie puede decirse víctima de la Reforma Educativa. Porque en la gran parte del país, nunca se aplicó la norma ni se hicieron los apercibimientos legales para ese fin.

Pero López Obrador ya le cumplió a su clientela electoral, la CNTE, con el decreto de abrogación. ¿Qué vendrá? Ahí está lo interesante.

Se mantiene la evaluación y capacitación, pero, sobre todo –y es lo que no esperaban los abroguistas- se endurecerán las medidas contra el ausentismo y los paros, según la nueva normatividad. Porque no hay peor daño que se le puede hacer a los estudiantes, que dejarlos sin clases.

El Presidente de México quiere una educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles educativos. Definitivamente de acuerdo. Pero finalmente conocerá el verdadero rostro de los sindicatos cuando sientan nuevamente trastocados sus cotos de poder, como en Michoacán.

El caso que esta telenovela del servicio educativo, esta mejor que la más excelsa historia de Corín Tellado. Por cierto, habrá sido por su novela “rosa” que nunca se le acreditó como la gran escritora que fue.

Pero en lo que estoy. Ponerse al frente de la causa de los estados, ha revalorado el desempeño de Aureoles.

Lo vimos en la rueda de prensa con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tras la reunión con la Conago.

Habló en su calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia y por ser también el aventado frente al nuevo gobierno, en este tema.

El caso que ya se pusieron de acuerdo: sigue la coordinación entre niveles de gobierno y mantienen estados y municipios la responsabilidad en materia de seguridad, por lo que en este aspecto, no se toca el 115 Constitucional.

En proceso de formación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participarán en los estados, pero solamente de respaldo en tareas de seguridad, y estarán subordinados a lo que indique el mando estatal, dejó en claro Durazo. Lo que no dijo es que las fuerzas armadas del país tienen prohibido defenderse de ataques de civiles. Así sean criminales o tapaderas.

Nada menos ayer, el periodista investigativo Humberto Padget compartió ayer un video con Ciro Gómez en Tele Fórmula, tomado la tarde anterior en una zona de la comunidad poblana de San José Carpinteros. Se precia cómo un convoy de reconocimiento del Ejército es agredido  por un grupo de hombres, entre ellos un niño, con palos y piedras.

Los militares acudían al lugar para a atender un reporte de reducción de presión en un ducto de gas LP. Al llegar al punto, encontraron un camión cisterna con capacidad de 5 mil 500 litros, que contenía combustible robado.

Mientras el personal artillado se disponía a asegurar el vehículo, apareció de repente un grupo de personas que comenzó a atacarlos con palos y tubos a las unidades.

Lo más deprimente, es que ahora seguirán militares y marinos en las calles, ya nada más para que los agredan o maten. Porque el Presidente del país “cuida al pueblo…”.

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