* Inició en Chile, la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer
* Llaman a proteger a defensoras de derechos humanos, en informe alternativo
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 27 de enero 2020.- Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben firmar y ratificar todos los convenios y tratados internacionales de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y adoptar medidas urgentes para proteger y garantizar la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos, hoy perseguidas, violentadas y criminalizadas en sus países de origen.
Estas son algunas de las recomendaciones que el Informe Alternativo de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe planteó a la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inició hoy, en Santiago de Chile.
Piden eliminar toda forma de represión de los reclamos populares pacíficos que implican violaciones de Derechos Humanos y erradicar las violaciones de mujeres y niñas como formas represivas usadas por las fuerzas de seguridad.
Las organizaciones civiles, redes de mujeres y feministas de la región hicieron este informe como una aportación, y valoran de avances y retrocesos, así como deudas y desafíos relacionados a la igualdad de género y la plena garantía del ejercicio de derechos de mujeres y niñas que la Plataforma de Acción Beijing planteó hace 25 años.
3 mil 527 mujeres han sido víctimas de feminicidio en América Latina
Frente a la realidad recomiendan que se formulen compromisos específicos, asignen presupuestos suficientes y sensibles al género, y refuercen las políticas públicas de igualdad de género para erradicar las múltiples formas de violencia de género étnico/raciales, específicamente, en la prevención de la violencia sexual y los femicidios/feminicidios, facilitando el monitoreo social, la transparencia y la rendición de cuentas.
Piden que los gobiernos reconozcan al femicidio/feminicidio como delito, incluyendo los de poblaciones vulnerables e invisibilizadas, como los transfemicidios. Modifiquen los marcos normativos e implementen justicia especializada que garantice investigaciones y juicios con perspectiva de género, y erradiquen la impunidad mediante la sanción a los agresores y la protección de hijos e hijas de las mujeres asesinadas y de las personas a cargo de las cuales quedan los niños/as, asegurando sus derechos y la no convivencia con el femicida/feminicida y su familia.
Destacan que América Latina y el Caribe es la región con los mayores índices de femicidios y de inseguridad que experimentan las mujeres. Información oficial para 24 países de América Latina y el Caribe, que consideran los femicidios de manera heterogénea, muestra que al menos tres mil 527 mujeres han sido víctimas de femicidio en 2018.
La reparación judicial es escasa ya que el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes y poco accesible, en especial para las mujeres indígenas. Por ejemplo, las mujeres indígenas víctimas de violencia enfrentan limitaciones graves para el acceso a la justicia debido a barreras idiomáticas y ausencia de intérpretes, y en los casos que se produce, es tardía.
Los operadores judiciales, de las fuerzas de seguridad y sanitarios están atravesados por estereotipos y prejuicios de género que revictimizan a las mujeres y les niegan el acceso a la justicia y a la debida protección, poniendo en riesgo, muchas veces, su seguridad.
La violencia digital o ciber acoso se presenta como una extensión de la violencia estructural que viven las mujeres en el hogar y en los espacios comunitarios, donde la respuesta institucional para atender y sancionar estas formas de violencia es deficiente. En Chile, por ejemplo, afecta al 88 por ciento de las mujeres. En México, las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia son la primera barrera para desestimar amenazas cibernéticas por su carácter virtual.
Las mujeres sobrevivientes de violencia cibernética han impulsado reformas legislativas, logrando que trece estados incluyan sanciones, tipificándolo en doce como figura penal.
La paridad sigue siendo una aspiración en la toma de decisiones
Demandan que se reafirmen el estado social de derecho y la promoción de los derechos humanos y aseguren la participación paritaria y representación de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política.
Piden igualmente se incluyan la paridad vertical y horizontal y la alternancia en la participación en todos los ámbitos de la vida política, acelerando la inclusión de mujeres en posiciones de toma de decisiones, reconociendo los aportes de las defensoras de derechos humanos, incorporando en los marcos legales sanciones para el acoso político y erradicando las limitaciones para la participación política que enfrentan de manera especial mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, con discapacidad, entre otras.
Consideran que la paridad sigue siendo una aspiración, ya que las mujeres siguen siendo una minoría en los lugares de toma de decisiones, aun cuando la participación de las mujeres en la política y el acceso a cargos públicos registra aumentos desde hace dos décadas.
En los poderes legislativos, los avances se han producido alentados por medidas como la ley de cuotas. Sólo 10 países de la Región han sancionado normas paritarias, con distintos alcances respecto de los cargos y niveles de gobierno involucrados. Entre ellos México.
En la arena mundial, la Región presenta los valores más altos, con un promedio en 2018 de 29,8 por ciento de participación femenina en cámaras únicas o bajas; aun cuando el Caribe sólo tiene un 19.5 por ciento. A nivel regional, el promedio de mujeres en legislativos locales es del 29.6 por ciento.
El promedio de participación femenina en los máximos tribunales de justicia en la Región es de 32,1 por ciento en 2018, aunque en varios países no hay. Esto también se observa en sindicatos, empresas privadas y medio de comunicación.
En las instituciones de micro finanzas en la Región, las mujeres representan el 53 por ciento de las empleadas; sin embargo, en promedio solo ocupan el 31 por ciento de los puestos de influencia en las juntas directivas y apenas un 18 por ciento de las presidencias de estos directorios.
Para estados que aún no los hacen, exigen que se ratifiquen el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adopten, en diálogo intercultural, las medidas necesarias para la implementación de la consulta previa, garantizando la participación libre e informada de las mujeres en las políticas y programas públicos que las afecten; e implementen la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las recomendaciones
Recomiendan que se afirmen la laicidad del Estado para fortalecer la democracia y el desarrollo ecológico y sostenible.
Que ya firmen y ratifiquen todos los tratados que consagren los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas del sistema universal y regional como la CEDAW y su Protocolo Facultativo y la Convención de Belém do Pará, y cumplan con los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Plataforma de Acción de Beijing y otros, adecuando su legislación
Garanticen entornos seguros para las mujeres y niñas/os que viven en contextos de conflictos políticos; y acaben la exposición de ellas y sus hijas/os a la violencia estatal, de grupos armados y de las redes de trata, salvaguardando su integridad y sus vidas.
Eliminen la desigualdad estructural del mercado laboral, promoviendo la plena inclusión de la diversidad de mujeres, a través de políticas de acción afirmativa para reducir la segmentación laboral (vertical y horizontal), y erradicar el impacto diferencial de la subocupación horaria, el desempleo y la precariedad en laboral.
Eliminen la brecha salarial y laboral de las mujeres, garantizando el acceso al trabajo decente en áreas de mayor producción, mejorando el acceso a formación y desarrollando sistemas integrales y universales de cuidado y promoviendo la corresponsabilidad del cuidado, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y otras medidas concretas.
Ratifiquen el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos y la recomendación 201 para equiparar sus derechos y asegurarles el goce de todos los beneficios de la protección social. Así también adecúen su legislación interna y adopten políticas para el cumplimiento de estas.
De igual forma que ratifiquen el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y la Recomendación 206 para garantizar el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
Promuevan plataformas y redes tecnológicas de fácil acceso a las personas en situación de pobreza, para propiciar competencias y capacidades que les permitan avanzar en la superación de las brechas de marginalidad y pobreza, especialmente a las mujeres, niñas y jóvenes afrodescendientes, indígenas y con discapacidad, entre otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Eliminen las barreras legales y socioculturales para garantizar a las trabajadoras informales y por cuenta propia el acceso a la Protección Social Universal, incluyendo a las mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, indígenas, afrodescendientes, mujeres que viven con VIH, con discapacidad, entre otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En materia de conservación, protección y rehabilitación ambiental demandanse ratifiquen y cumplan el Acuerdo de París de Cambio Climático; y aprueben normas internas y políticas con perspectiva de derechos humanos y género para la atención del impacto del cambio climático.
Legislen y penalicen a quienes no cumplan con la protección de los bosques y promuevan la tala indiscriminada o ilegal para la explotación agrícola/ganadera/minera u otra, con el consiguiente desalojo forzado de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales de sus territorios
SEM/em/sj
