El movimiento de policías, y el secretario de Gobierno, ¿se enteró?
Cuenta Pública 2017 rompe mala racha de reprobación
SemMéxico. 02 de mayo 2019.- El ex procurador de Justicia de Michoacán, desde tiempos del virrey Alfredo Castillo, y hoy secretario de Seguridad Pública estatal, José Martín Godoy Castro, aunque muchos no lo acepten, da resultados y eso es lo importante. Pero jamás se podrá borrar el estigma de haber llegado desde 2014, con tan siniestro personaje.
Y es que si algo tenemos que reprochar desde aquí, a Enrique Peña, es que nos haya mandado a esta lacra. Que por cierto, sigue viniendo a Morelia a saludar a sus viejos amigos. No sé si entre ellos siga estando Godoy Castro. No lo sé y tampoco importa.
Durante ese año, Castillo Cervantes, con toda la plenipotencialidad que le dio un decreto presidencial, hizo lo que quiso con el dinero del estado y nunca rindió cuentas. Eso sí, en la máxima tribuna del país en San Lázaro, acusó a las y los michoacanos de conflictivos por naturaleza. Pero al final, se retiró cobijado por el manto de impunidad con que siempre protegió Peña a sus grandes amigos.
En 2016, al frente de la Conade, Castillo le hizo pasar a México la peor de las vergüenzas en unos Juegos Olímpicos, por el mal desempeño de las y los atletas que hasta tuvieron que pedir fiado para estar en Brasil. El cuadro, lo vino a completar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que le encontró faltantes por cerca de 760 millones de pesos. Y Peña Nieto, feliz como una lombriz.
Pero estoy con Godoy Castro. Es la corrupción y la impunidad –que en eso sí coincido plenamente con López Obrador- marcó al peñismo y lamentablemente, el ex procurador y titular de la SSP no se la puede sacudir. (No es albur).
Desde el pasado fin de semana, comenzó a gestarse, primero en redes, un movimiento totalmente atípico, que escaló a niveles inesperados: policías estatales llamaban a protestar y marchar contra la designación de Godoy Castro al frente de la SSP, cargo que asumió el pasado 1 de abril, por el despido masivo de elementos y las malas condiciones en que los tienen laborando.
Aquí lo más interesante: el sábado 27 y domingo 28, comuneros de la Meseta, al mero estilo narcolino, bloquearon carreteras y comenzaron a incendiar vehículos. Uno por día. Y con la amenaza de que harían lo mismo cada 24 horas, hasta la salida de Godoy Castro.
Ante la crisis, gobierno del estado implementó la estrategia de contención mediática y operativa. A través de un despacho de prensa, se dio a conocer de la reunión del secretario con los comandantes regionales para analizar lo referente a las condiciones laborales y del proceso de certificación policial que a chaleco tienen que cumplir los elementos si quieren continuar en la corporación.
La respuesta, la vimos el lunes 29, con movilizaciones de los uniformados en Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Gabriel Zamora, entre otras cabeceras, hasta escalar prácticamente a nivel estatal.
En Pátzcuaro, contra Godoy Castro, no nada más marcharon policías, sino también transportistas, comerciantes e integrantes de la Organización de Colonias y Calles Unidas; en la ardiente región de Apatzingán sucedió lo mismo. Pobre. Nadie lo quiere.
El martes 30, se difundió una nueva reunión con los comandantes regionales, del secretario y por primera vez aparece a cuadro, el subsecretario Carlos Gómez Arrieta, el eterno aspirante a la titularidad de la SSP y quien siempre está al frente de los operativos de seguridad en todo el estado y por tanto, es el que más cercanía tiene con la tropa.
Las movilizaciones obreras y sociales del 1 de mayo, pusieron a prueba su vocación de servicio y todas y todos a trabajar. La parada se reportó sin incidentes.
Pero a quien también puso a prueba esta crisis con la Policía Michoacán, fue al nuevo secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien nunca apareció en escena. Y fue tan notorio, porque esto nunca habría pasado con sus antecesores. Adrián López, hoy fiscal General, y Pascual Sigala, atendiendo su salud, invariablemente salían al frente de las crisis, operando abajo y dando la cara a los medios.
Ayer, la contingencia ya estaba controlada.
Un comunicado de la SSPE dio cuenta de los acuerdos con el personal operativo y resolver cada una de las necesidades expuestas por los mandos regionales:
-Todos a certificación, previa capacitación directa en los propios lugares de asignación y no tengan que perder tiempo y dinero en su desplazamiento a la capital.
-Como son humanos y también se enferman o lesionan, contará cada cuartel regional con personal médico y de enfermería para atención especializada y oportuna.
-Se nombrarán enlaces administrativos que agilicen el abastó de alimentos y servicios en los cuarteles.
-Ya no tendrán que sacar de su bolsa para el combustible, pues las unidades serán surtidas directamente en las instalaciones policiales y además les pondrán llantas nuevas porque a medio operativo, por viejas, ya se ponchaban.
-Queda en análisis la propuesta de entregar uniformes con determinada periodicidad a los agentes, así como la adquisición de vehículos y armamento.
Con toda franqueza, nada más de ver los acuerdos alcanzados, da una idea de las condiciones tan deprimentes en que traían trabajando a los policías. Son hombres y mujeres que están al frente de los chingadazos y quiere el secretario que traigan sus uniformes impecables y que en las brechas y caminos escabrosos cuiden las llantas y no gasten tanta gasolina en patrullajes y operativos. Bueno, tan elemental que no puedan recibir alimentos decentes, sino porquerías y cuando hay. Y si les da corredilla, pues un pecto bismol y ya.
Entonces, ¿era Godoy Castro el problema, las condiciones laborales, la certificación? Los comuneros de la Meseta, ¿qué? ¿para dónde? Atípico, sin duda…
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Fue la Cuenta Pública 2017, la que vino a romper la mala racha de reprobaciones desde la última, de Leonel Godoy correspondiente a 2011 y que no pasó en 2014. Desde entonces, las Legislaturas 71, 72, 73 y 74 –contando la primera de Silvano Aureoles, de 2016.
Cierto que de las revisiones fiscales, ha resultado menos de una decena de servidores públicos con procedimientos y consignados penalmente por peculado. Pero para entonces no era delito grave y mediante fianzas llevan todavía sus procesos en libertad.
Fueron los tesoreros los que respondieron. Humberto Suárez y Mireya Guzmán de Leonel Godoy, así como el de Obras Públicas, Desiderio Camacho, quien hoy milita en Morena; Luis Miranda, de Fausto Vallejo, tuvo que depositar una fianza de 50 millones de pesos.
Miguel López Miranda, tesorero de Salvador Jara, impugnó ante la justicia federal el procedimiento de la Contraloría, pero se le confirmó la sanción: ocho años de inhabilitación para ejercer servicio público y una sanción económica por más de 572 millones de pesos.
Pero esta semana, por fin pasa una Cuenta Pública y en honor a la verdad, tiene que ver con el administrador, Carlos Maldonado, que por algo es el más odiado: por responsable y mano dura. Cumplir con la entrega de la documentación requerida en 94.31 por ciento, dice mucho. Ni los propios diputados que apenas llegan a 31.7% de la información contable y el Poder Judicial, con 53.66%.
Y conste que estos datos los proporcionó la propia coordinadora de la fracción perredista, Araceli Saucedo. Y por algo también se aprobó por unanimidad. Tiene toda la razón al exhortar a la Cámara a ser ejemplo de cumplimiento en rendición de cuentas y de leyes contables. ¿Con qué cara pueden exigir al Ejecutivo y alcaldes si el Congreso no cumple?
El caso más grave expuesto por incumplimiento de las leyes en el manejo de los recursos públicos, vuelve a ser la Universidad Michoacana. Sencillamente al rector Medardo Serna le valió madre y no presentó la documentación. Ya veremos cómo viene en la Cuenta Pública 2018. Merece cárcel. Y el Instituto Electoral de Michoacán con sólo un 39.02%. Para fincar responsabilidades a todas y todos los consejeros.
Claro que no hay Cuentas impolutas y diáfanas. Por eso en comisiones, Morena y PT trabajaron un dictamen de minoría en el que establecieron inconsistencias y deficiencias que tendrán que ser subsanadas, pero sería bueno que la petista Brenda Fraga, también le eche ojo a lo que hace el propio Poder en el que trabaja, porque en cuanto a claridad en las cuentas, no dan una.
Como sea, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) deberá dar seguimiento en tiempo y forma legal, a los pliegos de observaciones, a los procedimientos para la investigación y substanciación de las posibles faltas administrativas y al cumplimiento de las recomendaciones que en cada caso se hayan hecho a las entidades fiscalizadas…
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LA COMIDILLA
Lo que quiso decir el alcalde morenista, Raúl Morón, a propósito de los cuatro cuerpos desmembrados con mensajes en cartulinas, que han aparecido en los últimos días en Morelia: a menos de que sea un Jack “descuartizador” que agarra a sus víctimas –hombres- al azar, hay un patrón de los homicidios relacionados con el crimen organizado, por lo que no debe cundir el pánico. Quien no está metido en cosas malas, no enfrenta mayores riesgos. (a)
