Congreso

Amparo por falta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que no aprueba el Senado

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Corre riesgo no atender, por ejemplo, los matrimonios igualitarios y conflictos de hogares que crecieron durante la pandemia

Piden tipificar la tentativa de feminicidio, como medida preventiva, con 40 años de cárcel

Libertad López.

SemMéxico, Cd. de México, 2 de abril, 2022.-El Senado de la República debe resolver dos asuntos urgentes, uno sobre legislar sobre la tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal, en tanto que sería una medida de prevención y segundo antes del 30 de abril expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está pendiente desde 2021 y tiene que ver con la problemática surgida durante la pandemia en los hogares.

Para el tema de la tentativa de feminicidio se propone sancionar con una pena de cárcel de 40 años y   una sanción económica de 200 a 400 días de multa, incluso, se plantea que la pena podrá aumentar hasta en dos terceras partes, si la víctima presenta secuelas permanentes.

Paralelamente la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, exhortó a las comisiones responsables a que dictaminen la iniciativa que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Está sin resolverse desde 2017 y urge porque el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia procesal, civil y familiar, y esta omisión legislativa ha puesto a las entidades federativas en un “entuerto judicial”, porque los y las senadoras no han legislado al respecto.  

Tentativa de Feminicidio

La senadora campechana Rocío Abreu Artiñano propone reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, para que en los casos de tentativa de feminicidio se imponga una condena de 20 a 40 años de prisión a los agresores.


La legisladora de Morena explicó que el Código Penal Federal tipifica el feminicidio consumado, más no en grado de tentativa, lo que provoca que los agresores no sean debidamente juzgados, puesto que sus condenas son menores y que, en algunos otros casos, provoca que puedan salir de prisión y ataquen a la víctima nuevamente.

Abreu Artiñano refirió que las sobrevivientes de feminicidio, como en el caso de los atentados con ácido, o tras la liberación de un agresor, se han quejado que vivieron o amenazas y agresiones previas por parte de los victimarios. Además, comentaron que al denunciar los hechos no fueron atendidas por las autoridades o, en su caso, se les dio una orden de protección, la cual no garantizaba su seguridad.  

Por ello, consideró que este tipo de agresiones se deben tipificar, ya que, si bien se pone en peligro la vida, la integridad física y mental, así como la libertad sexual e inviolabilidad de los cuerpos de las mujeres, la base de estos ataques está en la discriminación y subordinación hacia las mujeres.

En la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, detalló que tan sólo siete entidades federativas tipifican o mencionan la tentativa de feminicidio en sus códigos penales. 
Pero en otros casos, dijo, las fiscalías estatales parecen no contar con la capacidad para identificar las circunstancias que, de acuerdo con el Código Penal Federal, constituyen un feminicidio o un conjunto de agresiones que van encaminadas a la comisión de este delito.

Justificación

Comentó que, de acuerdo con el INEGI, los feminicidios se incrementan cada año de forma significativa y alarmante, ya que en 2020 se registraron mil 471 casos.  Además, de 2012 a la fecha, se han abierto cerca de 600 carpetas de investigación diarias por violencia y agresiones en contra de las mujeres, mismas que van desde golpes, quemaduras o estrangulamientos, hasta lesiones con armas blancas o de fuego. 

“Debemos reforzar nuestro marco jurídico para castigar de forma ejemplar a todos los que intenten cometer alguna conducta de este tipo, a fin de evitar que se presente nuevamente o que, más adelante, se concrete el delito de feminicidio”, concluyó.  

Urge dictaminar iniciativa que expide Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 

Asistida de los fundamentos de la Ley Orgánica del Congreso General, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, hizo una excitativa a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para que, a la brevedad, dictaminen la iniciativa que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

La propuesta que hizo el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, destaca la importancia de que se desahogue este asunto, dado que, desde septiembre del 2017, el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia procesal, civil y familiar, y esta omisión legislativa ha puesto a las entidades federativas en un “entuerto judicial”, porque los y las senadoras no han legislado al respecto.  

Germán Martínez informó a la asamblea que la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados han promovido el amparo indirecto 265/2020, para que los y las legisladoras emitan la regulación adjetiva respectiva que tiene como fecha límite, por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de abril de 2022.  

Además, reprochó que las comisiones dictaminadoras no hayan resuelto sobre la iniciativa que presentaron los senadores Ricardo Monreal Ávila y Julio Menchaca Salazar, de Morena, desde noviembre de 2021, para expedir el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares.  

Con dicho ordenamiento, agregó, se pretende establecer procedimientos homologados, con criterios uniformes en todo el país, para resolver los conflictos más frecuentes de las y los ciudadanos de manera sencilla, pronta y expedita. 

“Con independencia de las posiciones sustantivas, quiero decir que hay graves violaciones a la libertad de las personas con discapacidad; que el mecanismo de declaración de ausencia es abigarrado; que es francamente tímido y conservador y poco garantista el reconocimiento a los matrimonios igualitarios.  

Además, no se prevén con claridad las acciones colectivas y prevalece un conflicto y la no mediación en los casos de concursos civiles”, afirmó.  

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