- Presentan organizaciones diagnóstico en la Costa Grande
- Existen sistemas municipales para atender la violencia pero no sesionan
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 de octubre, 2020.- La apatía de presidentes municipales de la región de Costa Grande para atender la violencia de género contra las mujeres al no destinar recursos, ni hacer operables sus sistemas de Igualdad y de Violencia, expusieron activistas durante el conversatorio regional por una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas, correspondiente a esta zona del Estado de Guerrero.
En el sexto conversatorio regional de la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia correspondiente a esa región, presentaron un diagnóstico sobre la situación que guardan los municipios de esta zona de a entidad respecto a la violencia de género y su atención por parte de las autoridades municipales.
Sobre la violencia feminicida, en esa región conformada por siete municipios, se dio a conocer que solo uno, Caohuayutla de José María de Izazaga, está libre de muertes dolosas de mujeres.
En el resto de los municipios se reportan asesinatos violentos de mujeres: Atoyac registra nueve casos entre 2017 a 2019, –tres cada año-; Benito Juárez (San Jerónimo), uno en 2020; Coyuca de Benítez, 11, cinco en 2017 y dos en cada uno de los años subsecuentes; Petatlán siete, tres en 2018 y 2019 y uno más este año; Tecpan cinco, 4 en 2017 y uno en 2018; La Unión, cuatro, dos en 2017 y dos en lo que va del año, y Zihuatanejo, municipio con alerta de violencia de género contra las mujeres registra el mayor número de feminicidios de la región, con 27 en total; uno en 2017, 10 en 2018, nueve en 2019 y siete en el presente año.
En este mismo diagnóstico encontró que en Atoyac fue instalado el sistema en el que participan distintas organizaciones de la sociedad civil, la Dirección de la Mujer, cuenta con estadísticas internas de casos atendidos y los tipos de violencia, además de un programa municipal para atender la violencia de género.
Tecpan no cuenta con un diagnóstico situacional actualizado, excepto en 2011, donde señala que cuenta con un programa municipal para entender la violencia contra las mujeres, su sistema municipal –de violencia- instalado en febrero de 2019, ha sesionado desde entonces en cuatro ocasiones. El sistema de Igualdad, ha tenido cinco sesiones.
En Coahuayutla sus sistemas de violencia e igualdad han sesionado solo en dos ocasiones, el 25 de agosto de este año en que fueron reinstalados y la segunda el 25 de septiembre.
En la Unión, el diagnóstico revela que persiste la misma situación. Se reinstalaron sus sistemas el 26 de febrero de 2019, y se han realizado dos sesiones, la de instalación y una segunda el 30 de septiembre pasado.
En Petatlán sus sistemas fueron reinstalados el 18 de febrero de 2019, desde entonces han sesionado en una ocasión, el 21 de febrero de ese mismo año. En San Jerónimo el sistema se reinstaló el 25 de febrero de 2019 y han sesionado solo una vez, el 21 de febrero de este año. En Coyuca de Benítez, lo hicieron el 26 de febrero y a la fecha no han sesionado.
Zihuatanejo, único municipio alertado en la Costa Grande, reinstaló sus sistemas municipales el 12 de febrero de 2019, desde entonces sesionaron el 17 de febrero y 17 de junio de este año.
En lo que se refiere a la asignación de recursos de parte de los ayuntamientos para la atención de la violencia de género, encontraron que en lo general los gobiernos municipales no están etiquetando recursos financieros para acciones en materia de prevención, atención y erradicación de violencia contra las mujeres.
A pesar de contar con fuentes de financiamiento alternas, como el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad para municipios y demarcaciones territoriales de México, y en las entidades federales (Fortaseg), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que destinó para Zihuatanejo –municipio con alerta de violencia de género) 16 millones cinco mil 477 pesos.
Destacaron que Fortaseg contempla programas como el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana, para la atención de la prevención de la violencia familiar y de género y prevención de la violencia escolar, con acciones coordinadas con las instancias de la mujer de los municipios para coadyuvar en el cumplimiento del programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso de las mujeres, niñas a una vida libre de violencia.
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