- Preocupa que solo han sido 167 personas beneficiadas a dos años de la Ley de Amnistía
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 6 de mayo 2022.- Aplicar la perspectiva de género en las solicitudes y que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la Ley es la demanda urgente que hace la organización EQUIS Justicia.
A EQUIS Justicia le preocupa que La Comisión encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad —presidida por la Secretaría de Gobernación—, ha sesionado tan sólo 6 veces, como lo dio a conocer el mismo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas, en un boletín publicado en su página a principios de este mes de abril.
La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables.
En un pronunciamiento, la organización que da seguimiento a la Ley de Amnistía desde el año 2020 y da acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que hasta ahora permanecen injustamente en prisión ve con preocupación que solo 167 personas han sido favorecidas, una cifra muy baja, ya que las cifras van en aumento de las personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
EQUIS Justicia celebra que los Lineamientos para la atención de solicitudes de amnistía hayan sido modificados en marzo de este año para favorecer un trámite más ágil y que beneficie a más personas, sin embargo, algunos aspectos que siguen son preocupantes.
Resolver una solicitud toma hasta 6 meses; no se conoce el procedimiento de trámite ante el juez federal y los plazos para que confirme o niegue la amnistía; las solicitudes por escrito solo pueden presentarse en la Ciudad de México o por correo electrónico, no se fortalece la transparencia de la Comisión de Amnistía y las personas solicitantes se les requieren pruebas y documentación adicionales a los enunciados a la Ley de Amnistía.
La Ley de Amnistía fue aprobada el 20 de abril de 2020, que contempla a las mujeres que cometieron delitos contra la salud por necesidad o amenazas. En los casos de Araceli y Domitila, dos mujeres de pueblos originarios, al igual que más de 3 mil mujeres fueron investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud y podrían ser favorecidas con esa ley.
Aunque la legislación no lo indica, la Comisión de Amnistía que estudia los casos exige presentar un acta de nacimiento o carta firmada por la autoridad para acreditar la calidad de indígena, lo que es violatorio del principio de autoadscripción y obstaculiza que personas indígenas, puedan acceder a la amnistía.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, el 68 por ciento de las mujeres que están en prisión son madres, y la mayoría de ellas vive con sus hijos menores de 12 años en los centros de reclusión.
El Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado porque en México existan alternativas de detención para las mujeres privadas de la libertad con hijos a cargo, destacó la organización feminista Equis: Justicia para las Mujeres.
Las autoridades penitenciarias deben impulsar modelos de cuidado para las mujeres que viven (o no) con sus hijos en las cárceles.
Cuando las presas no están a cargo de sus hijas e hijos, la mayoría de veces los abuelos se hacen cargo de los niños en el 55 por ciento; en segundo lugar, los padres en un 31 por ciento, y otros familiares, en 24 por ciento de los casos. En contraste cuando el padre está preso, “casi siempre las madres cuidan a los hijos” (90 por ciento de los casos).
Casi la mitad de las mujeres en prisión que viven con sus hijas e hijos 47 por ciento están insatisfechas con los servicios del centro penitenciario.
El 20 por ciento de las mujeres recluidas han dicho que al menos una vez les cobran por recibir servicios para ellas y sus hijos, por ejemplo, por pañales, artículos de higiene, medicinas y servicios de salud.
Un tercio de ellas señaló que no reciben alimentos gratuitos para sus hijas e hijos. Una proporción igual señalo también que la alimentación es causante de enfermedades.
En Equis Justicia están convencidas de que la amnistía sigue siendo una oportunidad de reparar el daño y liberar a personas que han sido históricamente criminalizadas por el derecho penal. Sin embargo, tras dos años de escuetos avances, consideran indispensable insistir en que se destrabe su implementación y hacen las siguientes recomendaciones:
- Aplicar la perspectiva de género y el análisis de contexto al revisar una solicitud y valorar las pruebas.
- Reconocer la autoadscripción para acreditar el origen étnico de las personas interesadas.
- Transitar al paradigma social para demostrar la condición de discapacidad de las personas solicitantes.
- Definir los criterios para valorar la información y documentos de prueba aportados.
- Garantizar el acceso a la información y el debido proceso para que las personas interesadas conozcan el estado de su trámite.
- Definir los plazos y el procedimiento ante la autoridad judicial, cuando una solicitud es considerada procedente.
- Impulsar proactivamente el acceso a la información pública, mejorando el registro y difusión de las estadísticas de las personas solicitantes y las beneficiarias, así como de las solicitudes de amnistía, incluidas las improcedentes. Respecto a la Comisión de Amnistía, las fechas de sesión y sus resoluciones.
- Implementar medidas para eliminar las barreras geográficas, económicas o lingüísticas que dificultan el acceso a la amnistía.
